A regañadientes, el equipo político y de seguridad del presidente electo López Obrador ha comenzado a entender la lógica de la inseguridad: la seguridad publica se alió a grupos de poder y se convirtió en seguridad interior y esta ha sido sometida a presiones de Estados Unidos y los cárteles sudamericanos para configurar el marco de referencia de seguridad nacional.
El proyecto de la Suprema Corte de respuesta a exigencias sociales sobre la promulgada-congelada Ley de Seguridad Interior, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebollo, parte de la definición de la constitucionalidad del eje central del problema de la inseguridad en México: la seguridad interior.
No podría ser de otra manera. Las constituciones de Cádiz, de 1824, de 1857 y de 1917 le otorgan al presidente de la república —el rey en la primera— el uso de fuerza militar para “la seguridad interior”. Calderón y Peña Nieto sacaron y mantuvieron a los militares combatiendo cárteles porque estos no eran bandas delictivas sino organizaciones criminales que le disputaban dominio y soberanía al Estado nacional.
El dictamen de la Corte, que se debatirá antes de la toma de posesión, será el marco de referencia del programa de seguridad pública-interior-nacional del gobierno de López Obrador. Las decisiones de Estados Unidos de combatir en su país y en México a los cárteles criminales es una prueba más de que la seguridad es escudo de soberanía porque las invasiones ya no son como antes —de conquista—, sino de seguridad nacional.
Estados Unidos quiere operar la estrategia de seguridad dentro de México, lo cual convierte a las fuerzas armadas —Defensa, Marina y Fuerza Aérea— en el dique de contención a las presiones estadunidenses. Los tuits del presidente Trump quejándose de que “los militares” no pueden contener migrantes han sido un aviso de la militarización de la estrategia de seguridad de Washington con México.
El problema existente en la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la lucha contra la inseguridad no radica en los derechos humanos, sino en que el fracaso de los organismos policiacos quiere ser aprovechado por la Casa Blanca para enviar tropas militares a México.
Por tanto, la seguridad interior va a ser la clave de la estabilidad, soberanía y gobernabilidad de México y por eso urge el marco jurídico para fortalecer las fuerzas armadas.
Barandilla
—El principal problema de la próxima jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será la seguridad: los gobiernos perredistas 1997-2028 dejaron una ciudad bajo dominio criminal.
—El actual secretario capitalino de Seguridad Publica, Raymundo Collins, llegó demasiado tarde, pero en pocas semanas ha abierto la cloaca de la inseguridad y ha comenzado a poner orden.
Director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad
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