Sin la reforma al artículo 102 de la Constitución Política no habrá una Fiscalía General de la República (FGR) realmente autónoma e independiente del poder político, del poder militar y de cualquier otro poder fáctico, como la sociedad civil le exige al Poder Legislativo desde distintas trincheras. No habrá una “fiscalía que sirva” totalmente para reducir la impunidad y hacer efectiva la justicia.

La iniciativa que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, aprobada, el 15 de noviembre, por el Pleno del Senado de la República con 70 votos a favor, 47 en contra, y cero abstenciones, y que en estos momentos se encuentra en la Cámara de Diputados para su revisión, discusión y dictaminación, es el resultado de 15 mesas de trabajo que sostuvo el gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador y el colectivo #FiscalíaQueSirva.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señala que es una iniciativa con claroscuros, porque, por un lado, coinciden con la postura de la oposición, que es la misma que el colectivo sostiene desde hace tiempo en el sentido de que se requiere una reforma constitucional para tener una real autonomía, así como para resolver problemas del modelo que no se pudieron arreglar en la ley, como los temas de la competencia federal y local, los órganos de control o de los órganos ciudadanos, por ejemplo, el Consejo del Ministerio Público y la Comisión de Designaciones que quedaron bajo el esquema del fiscal y no con la participación del Senado. Ahí se quedó corta la ley.

Sin embargo, por otra parte, y esta es la postura del colectivo, hoy se tiene una “ley orgánica mucho mejor que la aprobada en 2014 por la Cámara de Diputados, la famosa ley Murillo. Aun con todo lo que le falta es una ley que permite un esquema de mayor flexibilidad, que ya no se piense que el que investiga es únicamente o la policía o el fiscal, sino equipos multidisciplinarios, es imposible que crímenes complejos los resuelva solo una persona”.

Agrega que la ley también plantea “el tema de casos de graves violaciones a derechos humanos, de corrupción o que presentan un patrón de conducta en el país donde se pueda tener apoyo internacional para ser resueltos. Es una práctica que muchos países tienen y que México también la tuvo con el GIEI —Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes— para el caso Ayotzinapa.

“Con la comisión forense que se formó con el equipo argentino para identificar los restos en el caso de las fosas de San Fernando, el hecho de que vengan expertos internacionales a apoyar una investigación y que monitoreen, que sigan los avances, es un tema que quedó hoy en la ley. Algunas reglas más claras para derechos de las víctimas. Una de las últimas adiciones que se incluyeron en el proyecto fue que haya fiscalías especializadas, por lo menos quedan reglas que prohíben, que evitan, que las investigaciones se fraccionen, es muy importante. La importancia del servicio de carrera, de la institución”.

En opinión de la abogada “se ganaron cosas, eso no se puede negar, se tiene una ley mejor, lo digo como directora de una organización que litiga casos de graves violaciones a derechos humanos, con esta ley se podrá tener una mayor participación, una mayor injerencia y un mayor control para los litigios que representan graves violaciones”.

La puerta que se abrió

La integrante del colectivo #FiscalíaQueSirva se pregunta “¿tenemos la ley que queremos? ¡Claro que no! Se tocó la puerta del Senado de la República desde el año 2016 más o menos, en 2015 fueron las primeras manifestaciones convocadas por el colectivo, eran ya prácticamente dos años tocando puertas y lo que se nos decía, en ese momento, era que no, que no iba. Había una clara postura de los partidos, algunos que eran minoría, y que ahora son mayoría, no tenían la fuerza para hacerlo, pero los que eran mayoría tampoco lo hicieron en su momento”.

Por eso, explica que al tener “una oportunidad con el gobierno de transición que nos abrió la puerta para trabajar la ley orgánica, no se podía desaprovechar. No queríamos que un proyecto de ley que se trabajó tanto tiempo se quedara guardado en el cajón”.

“Creemos —dice— que es una ley a la que hay que seguirle apostando. Cuando el colectivo habló en el Senado ahora que fue la exposición en las Comisiones Unidas, dijimos muy claro que no nos vamos a mover de aquí hasta que no logremos la reforma que queremos. Esta posición se ve en todos los procesos en donde nos ha tocado participar, en la ley de desapariciones, en la ley de víctimas, en muchos procesos, nunca se logra todo lo que se quiere y es un sentimiento como de pérdida, pero esta es una lucha que va más allá de un momento concreto. Elegimos defender derechos humanos, es una convicción, sabemos que es una tarea de muchos años y vamos a seguir hasta que México tenga la fiscalía que necesita, porque es la única manera de combatir la impunidad y la corrupción.

No hay silencio

La directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, responde a las críticas que la opinión pública hizo en torno a que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) guardaron silencio ante la aprobación de la Ley Orgánica de la FGR que permite que la fiscalía quede subordinada al presidente de la república y no tenga autonomía.

“De nuestra parte nunca hay silencio, tan es así que cuando se trabajó en las mesas con el gobierno de transición se creó la llamada cubeta constitucional; ¿qué significa? Cada que salía la necesidad de una reforma constitucional quedaba ahí escrito, así como el compromiso de sentarnos nuevamente para atender esa cubeta constitucional una vez que terminaran los diálogos que tuvieron en diferentes ciudades”, señala.

El colectivo sabía —dice la abogada— que en ese momento se tenía una oportunidad de ganar una parte de la batalla, no toda, y aceptó apostarle a esa parte de la batalla. Esa ley “refleja cosas que se pidieron, eso no se puede negar, se participó en ella, se presentó un proyecto que en algunas cosas fue retomado, no se puede decir que no estamos de acuerdo porque sería negar nuestro propio trabajo ¿tenemos una ley mejor? Por supuesto que sí; ¿tenemos la ley que queremos? ¡No! porque eso requiere la reforma constitucional”.

¿De regreso, el fiscal carnal?

El colectivo #FiscalíaQueSirva seguirá trabajando con lo que se pueda, pero no quitará la voz de lo que son sus exigencias, más integrales, que tiene desde el principio y que seguirá manteniendo. No se moverá de ahí, asegura Delgadillo.

Lo que sigue —explica— es la propuesta para el nombramiento del fiscal general de la república, estaremos en el Senado. Aunque se tenga una reforma que no es la que se quiere para el nombramiento y para el perfil, la Cámara Alta tienen la obligación de transparentar: cuál será el procedimiento para integrar la lista de los 10 candidatos; la currícula de las personas; decir cómo las eligió; si habrá una convocatoria abierta; así como permitir un escrutinio público, la transparencia y la participación ciudadana en esa elección”.

Señala que “el Senado no se puede librar de hacer un procedimiento pulcro en la elección del fiscal y se exigirá, con las reglas que están se puede hacer esto, no se tienen las reglas que queremos, pero las que están y la interpretación de estas reglas con principios de estándares internacionales y con nuestras propias herramientas de convenios internacionales firmados por el Estado mexicano dan para que haga un procedimiento pulcro que nos lleve a una independencia, a una autonomía real de las fiscalías, se exigirá”.

Ante la duda si el titular de la Fiscalía General de la República será un fiscal carnal, la integrante del colectivo #FiscalíaQueSirva, señala que eso “hay que preguntárselo al Senado, porque tiene el voto inicial, ellos elegirán a los 10 candidatos que integrarán la lista y también tiene el voto final”.

“Con las reglas que están dadas constitucionalmente se puede hacer un escrutinio real, tiene que haber transparencia, participación ciudadana, no se puede hacer este nombramiento de un día para otro, es un proceso que debe transparentarse como sucedió con la ley orgánica”, comenta.

Expresa que “con el tema del fiscal, la exigencia es para el Senado, ojalá que no lo sea, se seguirá alzando la voz para que no haya un fiscal carnal. Más allá de lo que públicamente o no haya dicho el presidente electo, las reglas las pone el Senado y la elección final la hace el Senado, ahí está la responsabilidad”.

Retirar el factor político

Por eso —asegura— “se pedía cambiar las reglas de la Constitución, quitarle ese elemento político de por medio, la justicia se politiza cuando le das entrada para que eso suceda, si tú dejas en manos del Ejecutivo o del Legislativo, que puede tener una mayoría, sin que haya un control más ciudadano, te ganan los partidos”.

Agrega que “son estos poderes reales y fácticos los que terminan imponiéndose, la regla ideal para que esto no sucediera es lo que el colectivo proponía desde el principio, una comisión de designaciones ciudadanas, con mexicanos del más alto reconocimiento para que ellos pudieran hacer un exámen técnico de las personas que quieran ser fiscales”.

Después —señala— ya con esa “depuración, que pase a los órganos políticos, pero por lo menos ya se tiene una primera depuración con una mirada objetiva, de gente que no tiene un compromiso político para elegir o de otro tipo o económico, no solo político”.

“Mucho se dice también que este tipo de nombramientos tienen que quedar libres de poderes económicos, de empresarios, del crimen organizado, de cualquier poder que exista, pero para eso se sugirió una comisión técnica. La Constitución de la Ciudad de México, sí logró ponerla, tiene su comisión de designaciones para varios nombramientos de los más importantes de la ciudad, pero esto no logramos proyectarlo a escala federal”, dice la abogada.

Lorena Delgadillo advierte, “nos queda un camino largo en el ámbito federal para que se despoliticen, para que sean objetivos los nombramientos. Por ejemplo, viene el nombramiento de la Suprema Corte, nos preocupa demasiado que otra vez sea el Senado y solo el presidente de la república quienes tengan voz en esto”.

Estas reglas —indica— tienen que cambiar, pero la reforma tiene que venir desde la Constitución y por eso requerimos seguir colocando la crítica y la necesidad de tener lo básico de un estado democrático de derecho, la separación de poderes. Lo cual solo se logrará si se tienen procesos de designación transparentes y libres del poder político. La gran corrupción entra por designaciones mal hechas, por eso hay que cuidarlas también”.