Luego de una larga discusión en el pleno del Senado de la República, se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados el proyecto para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que reglamenta la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano que tendrá a su cargo las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

El dictamen aprobado en lo general, con 70 votos a favor, de Morena, el PT, el PES y el PVEM; 47 en contra, del PAN, el PRI, MC y el PRD, es el primer paso para la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR); aunque no se garantiza la autonomía de los fiscales, tan desea y exigida por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y de la sociedad civil.

Mientras la oposición advirtió que se trata de una Fiscalía que estará sujeta a la voluntad del Ejecutivo, Morena les echó en cara haber perdido la elección.

En voz de la senadora Olga Sánchez Cordero, el Grupo Parlamentario de Morena defendió su postura al señalar, que anteriormente la justicia se utilizaba como instrumento de persecución política, lo que terminará con esta nueva FGR. Además de que la iniciativa se construyó  con la sociedad civil y las instituciones académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), quienes fueron los principales guías para lograr esta ley.

Sin embargo, estas mismas organizaciones y las organizaciones de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás acusaron, a través de una carta pública, que no se respetó la propuesta que los representantes del gobierno electo –entre ellos, la próxima secretaria de Gobernación- obtuvieron en las mesas de trabajo.

Entre las observaciones que se hicieron al dictamen están que el fiscal general no será plenamente independiente porque el Ejecutivo puede removerlo, lo mismo los fiscales anticorrupción y contra delitos electorales, que antes eran nombrados por el Senado y ahora serán designados por el fiscal, quien puede pedirles su renuncia en cualquier momento.

Destacaron que el proceso de transición de la PGR a la FGR se extenderá por 9 años, lo que disuelve propuestas como la creación de un servicio de carrera y una  transformación rápida del órgano.

La oposición en la Cámara Alta acusó que Andrés Manuel López Obrador tendrá su “fiscal carnal” de facto. Cristóbal Arias Solís, senador morenista, afirmó que efectivamente habrá un “fiscal carnal”, pero dado por el poder de 30 millones de votos.