La respuesta inicial del gobierno de Peña Nieto a la exigencia de Trump de parar en seco a la caravana de migrantes centroamericanos fue a todas luces reprobable: cuerpos represivos lanzaron sobre seres humanos indefensos, incluidos mujeres y niños, una tremenda andanada de golpes y una brutal ráfaga de gases lacrimógenos. Con tan execrable conducta política se violó la normatividad emanada, entre otros instrumentos del derecho internacional, de la Carta de la ONU, la Convención de Derechos y Deberes de los Estados o Convención de Montevideo y la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.
También se quebrantaron importantísimos principios rectores de la política exterior consagrados en el artículo 89, fracción X, constitucional, a saber: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Nada de ello fue suficiente para detener la marcha de quienes abandonaron su tierra originaria debido a la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que impiden el desarrollo de una vida digna. Bebés acunados en brazos de matronas, niños encaramados sobre hombros y espaldas de hombres, discapacitados a bordo de maltrechas sillas de ruedas, ancianos caminado con gran dificultad; esas y otras escenas difundidas a través de los medios no dejan lugar a dudas sobre la firmeza de la determinación de seguir adelante y enfrentar cualquier contingencia por adversa que pueda parecer.
Ante ese contexto, el mandatario saliente se sacó de la manga el plan denominado “Estás en tu casa”, el cual vendría a surtir los efectos de un filtro migratorio ideado con el fin de impedir que la movilización siga su curso, lo que constituiría otra vía para concretar los designios de la Casa Blanca. Según esta fórmula administrativa, los hermanos centroamericanos que decidan permanecer en los albergues de Chiapas y Oaxaca tendrán derecho a una identificación temporal, al acceso a los servicios de educación y salud y a la eventual incorporación a los programas de empleo temporal.
Tal propuesta fue rechazada categóricamente por los integrantes de la caravana. Sin lugar a dudas la razón ética y humanitaria está de su lado. Igualmente les asiste la razón jurídica derivada del derecho internacional concentrado en dos instrumentos de enorme trascendencia para el caso que nos ocupa: la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes —aprobada por la asamblea general de Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016— y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, cuya redacción final fue puesta a la disposición de los Estados pertenecientes al sistema universal de la ONU el 13 de julio de 2018 y que habrá de ser votado en la conferencia que tendrá verificativo en Marruecos dentro de unas semanas.
México es parte adherente de ambos textos jurídicos e hizo suyos los numerosos pronunciamientos que ahí se consignan, en especial aquellos que establecen lo siguiente: I) la migración es un derecho humano, II) los gobiernos tienen la responsabilidad de no obstaculizar y gestionar los desplazamientos de manera humana, respetuosa, compasiva y centrada en las personas, III) asimismo, están obligados a brindar protección plena a todos los migrantes, independientemente de su condición, es decir, sin importar que sean legales o ilegales
El “trabajo sucio” realizado por cuenta y orden de Trump ha evidenciado, una vez más, el absoluto desprecio hacia los derechos humanos que caracterizó el paso de Peña Nieto por la Presidencia de la República. La historia y el sistema constitucional de responsabilidades de los servidores públicos habrán de dar cuenta de esas y otras magnas irregularidades.
