Los derechos humanos que ahora conocemos han sido producto de una evolución histórica, pues se busca dar cumplimiento a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, consagrados en el artículo primero de la Constitución política.
El pasado 10 de diciembre se cumplieron 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero ya desde antes de 1948 existían otros documentos de protección a estos, como las Leyes de Indias de 1542, que protegían a los indígenas de la explotación y esclavización.
De entre otros sobresalientes documentos se encuentra la Petition of Rights de 1628 que prohibía realizar detenciones si no era de conformidad con las leyes, también el Acta de Habeas Corpus de 1679, la cual fue la primera en donde se plasmó la defensa de la libertad personal y de las garantías procesales del detenido.
Debemos hacer conciencia de que los derechos humanos son aquellos que tenemos por el simple hecho de ser personas, son derechos universales, son derechos irrenunciables, es decir que no podemos renunciar a ellos ni siquiera por propia voluntad, por lo tanto, tampoco se pueden transferir ni enajenar, y mucho menos ser despojados de ellos.
No obstante lo anterior y que en 2011 se hizo una reforma relevante en materia de derechos humanos, en la actualidad nuestro país vive en descontento social primordialmente por violaciones a derechos fundamentales.
Un ejemplo de ello es la baja aprobación con la que concluye su mandato el expresidente Peña Nieto, teniendo como causas principales los constantes señalamientos de actos de corrupción así como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno, pues todos, a poco más de 4 años seguimos recordando a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Pero no solo es Iguala, también es Acteal, Tanhuato, Aguas Blancas, Nochixtlán, Apatzingán; tampoco son solo 43 desaparecidos, son más de 37 mil que han sido víctimas de la impunidad y pasividad del gobierno.
El 2017 estuvo marcado por sus altos niveles de violencia y por más de 45 mil quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas recogieron más de 156 mil.
La eficacia de la protección, defensa y promoción de derechos humanos no es tarea exclusiva del Legislativo creando leyes y mecanismos suficientes o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendiendo las quejas y emitiendo recomendaciones, es una tarea conjunta entre los Poderes de la Unión y de colaboración permanente entre las diversas esferas de gobierno.
A 70 años de la proclamación de uno de los documentos más importantes de derechos humanos, pugno a que el nuevo gobierno sea de realidades y que estos derechos no se queden solo en exigencias éticas de un discurso.
También exclamo por que la sociedad civil sea escuchada y la primera en ser tomada en cuenta, entre ello apelo a que no se insulte la inteligencia de la ciudadanía simulando que así sucede mientras las decisiones se toman por unos cuantos.
Insto al gobierno a ser responsable en sus decisiones pues hacer lo contrario traería un importante costo político y, aún más grave, un fuerte e irreparable daño a México.
Senadora
