El pacto nacionalista expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la nación en su mensaje del Zócalo, al anunciar que “no habrá divorcio entre pueblo y gobierno”, es un llamado a caminar junto a los que menos tienen —“los pobres primero”—, en lo que implica el adiós a políticas cosméticas y demagógicas para entrar en una verdadera transformación de fondo, desechando al modelo económico que a lo largo de tres décadas dejó a su paso millones de mexicanos empobrecidos y un estancamiento económico del que se benefició una privilegiada minoría. Ese virus de desigualdad inoculado por la tecnocracia que detentaba el poder se llama: neoliberalismo.
En el neoliberalismo se generaron tanto el desmantelamiento de infinidad de empresas públicas haciendo de la “privatización sinónimo de corrupción” —según lo expresado por el nuevo mandatario durante su toma de posesión en San Lázaro—, como también el desmantelamiento del sector energético que hoy tiene al país importando gasolina y comprando electricidad a empresas trasnacionales en franco quebranto a las finanzas públicas.
Al asumir el cargo, el nuevo jefe de las instituciones resaltó que en 36 años de neoliberalismo, los tecnócratas se dedicaron, “como en el porfiriato”, a concesionar el territorio y a trasferir empresas y bienes públicos, “e incluso funciones del Estado” a particulares nacionales y extranjeros.
Si bien este despojo fue gradual, con la reforma energética aprobada sin el consenso de los ciudadanos se legalizó este saqueo impune que contempló la extracción de gas de lutita mediante el sistema de fracking. Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en establecer que se cancelará este método de barbarie extractiva que ocasiona daños incalculables al medio ambiente.
La ruta para hacer renacer la nación es sin duda correcta porque implica además voltear la vista de las políticas sociales a sectores olvidados como los indígenas y campesinos y el reconocimiento al derecho de millones de trabajadores a organizarse sindicalmente y elegir de forma democrática a sus dirigentes, anunciando el fin de los contratos de protección que contribuyeron a la precariedad laboral y salarial de millones de mexicanos.
Esta permitida forma de explotación se convirtió tras la legalización de las outsourcings en los mecanismos que dejaron fuera de la seguridad social a los jóvenes que han ingresado en los últimos años al mercado laboral y que ya se contempla echarlos abajo con la reforma laboral que se construye en el Congreso.
Para los sindicatos democráticos como el SME, es alentador observar estos cambios de fondo que se avecinan y por los que desde hace varios lustros se ha venido pugnando. No hay duda de que existe la mejor disposición de estas organizaciones que han acompañado la lucha de infinidad de movimientos sociales en el país, para impulsar las reformas constitucionales que contribuyan a recuperar los derechos y las conquistas conculcadas a la clase trabajadora por las políticas neoliberales que, como denunció el presidente López Obrador, fueron la causa de la caída en los ingresos de los que menos tienen al desplomarse, en los últimos 36 años, el salario mínimo en un 60 por ciento de su poder adquisitivo, hasta ubicarse ahora como uno de los más bajos del planeta.
Los compromisos asumidos con el pueblo para mejorar su nivel de vida y bienestar social refrendaron, en automático, el multitudinario apoyo al nuevo mandatario en la plancha del Zócalo capitalino. A una voz, miles corearon: “¡No estás solo, no estás solo¡”, sellando el pacto nacionalista por la cuarta transformación.
