Como prometió durante su toma de protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de una Comisión para la Verdad que resuelva el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Dicha comisión comenzará a operar a más tardar en 30 días.

“Con la firma de este decreto comenzamos con el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue el compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”, aseguró.

Afirmó también que no habrá impunidad en este caso, ni en otros similares. “Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguró que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, dijo.

Mientras el mandatario ponía su firma al decreto, los padres de los normalistas desaparecidos clamaron por justicia al grito de “¡Porque vivo se los llevaron, vivos los queremos!”, para luego continuar con el conocido conteo del 1 al 43.

Por su parte, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero recordó la promesa que López Obrador le hizo a los padres de los normalistas cuando era candidato, y aseguró que esta firma tiene por propósito cumplirla, por lo que la comisión esclarecerá los hechos y buscará que los culpables no permanezcan impunes.

“La creación de la comisión que se crea por el decreto que usted firma tiene un sólo compromiso y un único propósito, que es el de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de hace más de cuatro años en Iguala, Guerrero, el de investigar que ocurrió esa trágica noche, quiénes eran los culpables y que enfrenten la justicia”.

La encargada de la política interior aseguró que se llegará a los responsables sin importar quiénes eran o qué cargos ocupaban. Durante el acto presentó además a quien se encargará de esta comisión: el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Para la investigación, aseguró Encinas, se retomarán las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el alto comisionado de la ONU ,así como la investigación “trunca” de la PGR. Aprovechó para señalar que “no se podrá clasificar como reservada la información relacionada con violaciones con derechos humanos”.