Estela Bocardo
El presidente Daniel Ortega se ha adueñado de Nicaragua, pareciera que ha enloquecido y no haya como retener el poder y aplastar a la población. Quiere someter todo a su voluntad y ponerle una mordaza a los medios de comunicación de su país y si pudiera, al mundo entero. Busca callar las bocas del pueblo, que ya está harto de sus desplantes.
Su sueño de apoltronarse en la silla presidencial por tiempo indefinido se ha convertido en la pesadilla de un pueblo que un día lo recibiera con aplausos, como la persona esperada que llevaría las riendas del país a un futuro mejor, luego de derrocar al dictador Somoza.
Así, el pasado 22 de diciembre Ortega ordenó el cierre del canal 100% Noticias y la detención de su director por “conspiración” y “terrorismo”. La televisora, crítica con el gobierno de Daniel Ortega, fue allanada por la Policía Nacional el pasado 21 por la noche y tras una inspección fue cerrada y fueron arrestados sus propietarios, Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez, quien fue liberada unas horas después, así como a la periodista de nacionalidad nicaragüense y costarricense Lucia Pineda Ubau, y a cinco trabajadores más.
Mora denunció varias veces en su programa de televisión las amenazas a las que se estaba enfrentando ya que funcionarios de Ortega lo llamaban insistentemente para pedirle que cambiara su línea editorial o se atuviera a las consecuencias. La jefa de información de ese medio, Lucia Pineda, logró transmitir en vivo cuando la policía estaba ingresando a las instalaciones de su medio hasta que desconectaron el canal.
Mora hoy es acusado por la fiscalía por el delito de instigación al odio y otras faltas. El regulador local ordenó a las empresas de televisión de paga suspender la transmisión de las señales de 100 % Noticias.
Ya este canal había sido sacado del aire en abril pasado durante seis días cuando estalló la crisis. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha calificado de “grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa”. La presidente de la SIP, María Elvira Domínguez, señaló en un comunicado de prensa que el régimen de Ortega “muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país”.
Domínguez señaló que “Ortega y su entorno servil le han declarado la guerra a los medios independientes de comunicación” y responsabilizó al régimen por la seguridad física de Mora y de todos los periodistas nicaragüenses que han sido agredidos.
El operativo policiaco contra este medio de comunicación se produce una semana después del ataque contra los programas de televisión Esta Semana y Esta noche y contra el periódico digital Confidencial, cuyo director, Carlos Fernando Chamorro, fue agredido junto a otros periodistas. El Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, ha denunciado la censura y “la grave marcha autoritaria contra las libertades públicas en Nicaragua”.
Para agravar la situación, la policía nicaragüense confiscó las oficinas del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como de una decena de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que habían sido inhabilitadas bajo acusaciones de recibir dinero para financiar “un golpe de Estado”.
Desde abril, miles de personas han salido a las calles del país centroamericano para exigir la renuncia del presidente Ortega, a quien acusan de comandar una “dictadura familiar” junto con su esposa Rosario Murillo.
Un medio que se suma a estas arbitrariedades es Radio Darío, asentada en la ciudad de León, ya que sus instalaciones fueron allanadas y clausuradas por parte de la policía el pasado 3 de diciembre.
Este hecho fue condenado por la Asociación Internacional de Radiodifusion (AIR) quien expresó a través de un comunicado de prensa, su enérgica condena y rechazo ante tal injusticia.
La Asociación indicó que la policía ingresó violentamente a la estación, sin presentar orden judicial alguna y ordenó el cese de transmisiones y confiscación de los equipos. Además, los trabajadores de la emisora fueron obligados a salir de la radio y entregar sus credenciales de identidad y sus teléfonos celulares.
Según lo establece la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Por su parte la AIR exige al gobierno de Daniel Ortega el respeto a las emisiones de Radio Darío y la devolución de la totalidad de los equipos que le fueron ilegítimamente confiscados, así como el cese de todos los hostigamientos y actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Ortega ataca también a la Iglesia Católica
Por si no fueran suficientes los ataque a los medios de comunicación, el presidente de Nicaragua se fue también contra los obispos de la Iglesia Católica y los agredió verbalmente al decir que tienen una “mentalidad terrorista y criminal”.
A principios de diciembre el mandatario participó en un acto de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), una entidad afín al gobierno, donde dijo que los obispos “dejaron de ser mediadores (en el diálogo nacional) y pasaron a ser parte activa” de “las fuerzas golpistas”.
“Ya sé claramente, quienes estaban detrás de los tranques, alentando tranques, es decir, alentando crímenes, que por principio, como cristianos, como pastores debían rechazar totalmente, cualquier crimen. No tienen nada de cristianos y actúan con una mentalidad terrorista, criminal”, dijo Daniel Ortega, según menciona el periódico nicaragüense El Nuevo Diario.
Según el mandatario de Nicaragua, desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, hay en Nicaragua un intento de “derrocar al pueblo, que es el Gobierno, y que es el presidente de este país”.
En tanto los obispos, el sector privado y distintos miembros de la sociedad civil mantienen la postura de reanudar el diálogo nacional para solucionar la crisis en el país. Ortega mencionó también que desde el año 2007, cuando ganó las elecciones presidenciales, “los vendepatria”, en alusión a la oposición, han venido “conspirando” hasta que “comenzaron a pedir sanciones en contra de Nicaragua”.
“Se empezaron a aplicar sanciones, pero nosotros dijimos, hay que continuar, porque tenemos la inteligencia, tenemos la fortaleza, tenemos el capital humano para poder continuar más allá de las sanciones”, aseveró Ortega.
El mandatario nicaragüense se refiere a las sanciones aprobadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la orden ejecutiva del 27 de noviembre que bloqueó todos los activos que posean bajo jurisdicción estadounidense la primera dama Rosario Murillo y el asesor de seguridad Néstor Moncada.
También les prohíbe hacer negocios con empresas o individuos estadounidenses, además de vetar su entrada al país.
Según el diario el Nuevo Herald, la administración Trump dijo que Murillo es la “copresidenta de facto” y señaló su “influencia” en grupos acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en medio de la crisis en Nicaragua.
La orden ejecutiva de Trump también declara a Nicaragua como “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el número de fallecidos durante las protestas han aumentado a 325, que incluyen 23 niños y adolescentes. Sin embargo, según la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, los fallecidos superan los 530, y habría más de 1,300 desaparecidos.
Para Ortega, su pueblo ya no es importante solo priva su necesidad mantener el poder, al costo que sea.
Pero a Ortega no le interesa el pueblo que fue quien lo llevó al poder.
