En medio de toda la parafernalia de información que ha inundado los medios de comunicación y el debate público en los últimos meses, vale la pena ordenar los diagnósticos de las necesidades estratégicas que requiere el país. A partir del 1 de diciembre, el costo político de las decisiones del nuevo gobierno recaerá en sí mismo, independientemente de consultas ciudadanas y, como siempre, los costos en términos económicos y de seguridad recaerán en la población.
Debido al cambio de paradigma que funge como base del discurso del nuevo gobierno, es normal que una infinidad de temas se encuentren en un proceso de reposicionamiento en el debate público. Únicamente en los primeros dos meses y medio de la actual legislatura del Senado, se han presentado 731 iniciativas de ley —al 22 de noviembre de 2018—, lo que implica un aumento de cinco veces con respecto al mismo periodo de la XLII Legislatura.
Esta vorágine legislativa recuerda el dicho mexicano: “el que mucho abarca, poco aprieta”. En este sentido, es importante recordar que no debemos confundir los temas importantes con los urgentes. Los destellos que brinden un reconocimiento rápido y popular de ciertos grupos parlamentarios podrían llevar a difuminar los esfuerzos para enfocar temas prioritarios en el desarrollo de largo plazo del país. Si bien es cierto que México requiere de una discusión seria en muchos temas centrales para la vida del país, también lo es que demanda el mayor grado de seriedad, así como del respeto de las atribuciones institucionales de cada órgano y actor que esté involucrado en ellas.
En este sentido, las señales de la administración entrante en campos cruciales para el aumento de la competitividad del país han sido considerables. Las presiones sobre los órganos autónomos en el ámbito energético para centralizar las decisiones sobre los nacientes mercados energéticos; la decisión de cancelar y llevar a cabo proyectos estratégicos de infraestructura; la concentración del combate a la delincuencia en la esfera militar; la diáspora de talento en la administración pública federal debido al tope de remuneraciones sin que quede claro cómo se va a fortalecer el servicio profesional de carrera; la iniciativa sobre comisiones bancarias; la real autonomía del Banco de México; y las reservas internacionales, entre otras de relevancia, han creado una gran incertidumbre y movimientos negativos en los mercados.
Es momento de enfocar los esfuerzos del sector público y privado en torno a los retos que se vislumbran en el horizonte político y económico. En el ámbito internacional, la incertidumbre que generaron las amenazas de una guerra comercial entre Estados Unidos-China y el ambiente ríspido en las negociaciones del T-MEC causaron el desplome de 28 por ciento en la captación de IED durante el tercer trimestre de 2018. Adicionalmente, el reto en cuanto a las reglas de origen que significará la entrada en vigor del T-MEC requerirá la instrumentación acelerada de políticas públicas y acciones de vinculación público-privadas para lograr un proceso de transferencia tecnológica acelerada, que incluya de manera exitosa las innovaciones de la I4.0 (industria 4.0) y logre reposicionar la industria exportadora mexicana en las cadenas de alto valor agregado global con mayor contenido nacional. Es importante recalcar que las políticas y propuestas para incentivar las estrategias de investigación, desarrollo e implementación científica e innovación no han sido abundantes en el discurso de la administración entrante.
Desde la perspectiva doméstica, el gran reto será la instrumentación del gasto público de manera responsable, con un enfoque que priorice las necesidades básicas y cruciales del país en temas como la educación, el desarrollo y modernización del campo mexicano, el fortalecimiento de la infraestructura logística y el combate a la pobreza. En este sentido, los actores públicos deben enfocarse no solo en alcanzar un superávit primario, sino también en ejercer un gasto eficiente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el retorno del gasto en inversión en México apenas alcanza 40 por ciento por cada dólar gastado en obra pública en el mediano plazo, este retorno de inversión pública es de los más bajos en Latinoamérica.
Es necesario cerrar filas con la nueva administración; los actores públicos y privados deberemos apoyar, en las atribuciones que a cada uno le competan, el accionar del nuevo gobierno. Así mismo, deberemos trabajar en ejercitar nuestro papel de actores constructivos en cada paso de la siguiente administración. Los contrapesos, relacionados directamente con la solidez y respeto a las instituciones que hemos forjado por tantos años, también son un camino necesario que se debe transitar para garantizar el éxito de cualquier gobierno.
