Se hicieron de mala fama y los resultados están a la vista. Ante el amago de ver disminuidas sus exageradísimas percepciones, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y algunos jueces protestaron airadamente e incluso realizaron un mitin banquetero.
Por supuesto, los togados tienen derecho a defender sus ingresos y para hacerlo se apoyan en la Constitución, que contiene una disposición que obliga a respetar los sueldos, y otra según la cual nadie puede ganar más que el presidente de la república. Como hay una contradicción de fondo, el caso ha quedado en manos de la Suprema Corte, que de este modo es y será juez y parte.
El carácter conservador de la judicatura se ha manifestado en todo su esplendor en varios países. Por ejemplo, cabe recordar el papelazo que en Chile jugaron los integrantes del Poder Judicial durante el golpe miliar de Pinochet, quienes se hicieron de la vista gorda ante los abusos y crímenes de los espadones o bien procedieron diligentemente a sentenciar a las víctimas, no a los victimarios, por las más peregrinas acusaciones. Ahora mismo en Argentina hay una batida judicial contra Cristina Kirshner, a quien se pretende descalificar como futura candidata a la Presidencia de la República.
Si hiciera falta, a fines de febrero, un organismo privado de ultraderecha trajo a México al juez Sergio Moro, el mismo que mandó a la cárcel a Lula con acusaciones entre falsas e imprecisas. Aquí, el juez brasileño fue atendido por José Ramón Cosío, entonces ministro de la Corte, y por la articulista Amparo Casar, quien dio las gracias al visitante a quien le dijo: “usted es conocido por haber juzgado a personas de la élite gubernamental de su país y lo admiramos. Si usted estuviera contratado en México ¿qué claves podría decirnos para tomar en cuenta y combatir a la impunidad?” Moro, quien ahora forma parte del gobierno fascista de Jair Bolsonaro, seguramente dio algunos consejos a sus anfitriones, los cuales hoy están en pie de lucha contra un gobierno legalmente electo.
En ese contexto, se produce un nuevo escándalo ante la decisión del Tribunal Electoral federal, por cerrada mayoría, convalidando el “triunfo” de la ahora gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, quien fuera candidata del PAN-RD, por lo cual el magistrado José Luis Valdés demanda la destitución de Janine Otálora, presidenta del TEPJF, quien convalidó el cochinero electoral de la esposa de Rafael Moreno Valle, a quien amigos y adversarios ven ya como el titiritero de la flamante Ejecutiva. Para desfiguros no ganamos.
