Aåndrés Manuel López Obrador es ya presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El acto solemne de toma de posesión del cargo y emisión de la protesta a que se refiere el artículo 87 constitucional fue precedido por la puesta en marcha de diversas iniciativas, lo que ha sentado un precedente pues lo políticamente correcto había sido que el Ejecutivo entrante tenía que hacer un discreto mutis a lo largo del dilatado proceso de la transición.
Una de esas iniciativas es el denominado Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. En su exposición de motivos se sostiene enfáticamente que debe dejarse de lado la fantasía de que es posible superar la crisis de violencia e inseguridad mediante soluciones únicas y unidimensionales, tal como ha sucedido con la estrategia represiva y policiaco militar vigente a la fecha.
A partir de esa visión crítica, en dicho texto se plantea la necesidad de adoptar un nuevo paradigma basado en estrategias multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales. Estas fueron proyectadas en ocho lineamientos específicos: I) erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia; II) aseguramiento del empleo, educación, salud y bienestar, III) pleno respeto y promoción de los derechos humanos; IV) regeneración ética de la sociedad; V) reformulación del combate a las drogas; VI) emprendimiento del camino de la paz; VII) recuperación y dignificación de las cárceles; VIII) seguridad pública, seguridad nacional y paz.
El giro paradigmático tiene como eje plausible la vertiente estratégica de la prevención. De ahí el imperativo de dar curso preferente a las importantes medidas enunciadas en los incisos I) a VII), las cuales estuvieron definitivamente ausentes en las valoraciones hechas durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Con ello se pretende acabar con el ciclo perverso de una violencia gubernamental que solo generó más violencia, lo que no solamente no produjo el resultado esperado, sino que incluso se convirtió en una fuente de escalamiento del problema.
La propuesta relativa al rubro de la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz tiene como viga maestra la creación, vía una reforma constitucional, de una guardia nacional subordinada a los altos mandos castrenses y conformada por miembros de la policía militar, la policía naval y la policía federal. Esto ha suscitado señalamientos críticos en el sentido de que se perpetuará el proceso de militarización impulsado durante los dos sexenios inmediatos anteriores, cosa que ha sido negada categóricamente por personeros del nuevo equipo gobernante.
En una entrevista con la prestigiada periodista Carmen Aristegui, López Obrador anunció que el 21 de marzo de 2019 someterá a consulta ciudadana tal determinación. Esta es, sin duda, una decisión sabia y abrirá un compás de espera que permitirá llevar a cabo una honda reflexión colectiva y una ponderación objetiva de los pros y los contras de la iniciativa. La realización de foros ciudadanos en ese periodo es más que obligada.
En los análisis que antecederán a la consulta deberán tenerse presentes: I) los criterios interpretativos establecidos por nuestro máximo tribunal al declarar la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior; II) la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la emanada de las sentencias condenatorias emitidas a cargo del Estado mexicano; III) las observaciones formuladas por los organismos internacionales, como el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en cuyo informe difundido apenas el pasado 19 de noviembre se consignó lo siguiente: “Se insta al Estado mexicano a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
El diálogo ciudadano sobre la Guardia Nacional es ineludible y constituye una condición sine que non para hacer realidad el modelo de la democracia deliberativa.
