Carlos Ornelas
De acuerdo con la literatura internacional acerca de las reformas educativas, las que trascienden y logran cierta profundidad es porque sus postulantes tienen claridad en los propósitos (explícitos y tácitos), saben qué adversidades quieren remontar, administran bien los instrumentos del poder (políticos e institucionales) y saben surcar circunstancias que provienen del entorno político y social circundante.
La mayor parte de las reformas que persisten a lo largo del tiempo siguen un derrotero más o menos similar. Primero, un planteamiento político donde el propósito queda plasmado; luego cambios legales (la institucionalización de los deseos). Con ellos se pasa a la ejecución de proyectos concretos e invitar a otros actores a participar. Llegan después programas concretos, programas pedagógicos y al final preparación de los docentes para el orden que se piensa establecer. Pero las reformas no parten de la nada sino del sistema vigente. Y eso toma años. El tiempo mexicano se mide en sexenios.
Aunque la narrativa se construyó desde la campaña, pondero que el asunto adquiere presencia plena a partir del 1 de diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador ya es presidente de los mexicanos, sus palabras y acciones marcan rutas y tendrán consecuencias. Por ellas, no por las intenciones, serán juzgados sus actos de gobierno. El presidente erige un relato donde la reforma (mal llamada) es la maldad que hay que erradicar. Él y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hablan de transformación educativa.
El propósito expreso es nítido: borrar toda huella de la reforma que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. “No a la evaluación punitiva”, “no más vilipendios a los maestros”, “reinstalar a los despedidos”, “liberar a quienes han sido detenidos” y “de la reforma educativa no quedará ni una coma”. Sin embargo, cuando se embarcan en temas constructivos ratifican las metas que planteó el programa de modernización educativa del gobierno de Carlos Salinas y continuaron los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y, por supuesto, el de Peña Nieto: calidad y equidad.
En el foro “Educación obligatoria: necesidades de cambio”, que organizo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el 20 de noviembre, Esteban Moctezuma adelantó que la transformación educativa tendrá dos ejes: “calidad y equidad” y que la versión final incluirá las conclusiones de los foros de consulta, que calificó de exitosos. El objetivo institucional destacado es la muda territorial. La SEP se trasladará a Puebla, donde el secretario ya comenzó a trabajar.
En su discurso en el Congreso, el presidente López Obrador expresó que había enviado ese día iniciativas de reformas a la Constitución, pero hasta hoy (martes 4) no las he localizado en ninguno de los nuevos portales del gobierno. A reserva de estudiarlas y el proceso legislativo —que, me imagino, será fast track— supongo que hará más evidentes los trazos institucionales que desparecerán, pero también los que se mantendrán. Por más que lo deseen los sectores duros de Morena no habrá borrón y cuenta nueva.
Si bien la convocatoria a los foros de consulta para el Acuerdo nacional sobre educación era abierta a todos, los invitados especiales siempre fueron los maestros o, mejor dicho, sus representantes. La participación de padres de familia y de organizaciones siempre fue marginal y me temo que sus demandas no fueron escuchadas. En las expresiones del presidente y del secretario raras veces aparece el concepto del derecho a la educación. Se privilegió la llamada a los docentes para derribar lo que el gobierno que feneció edificó, incluyendo la oferta de profesionalización.
Es en esta porción en donde preveo que habrá disputas mayores. El presidente desea un grupo indiviso y trata de juntar las facciones con el fin de tener un interlocutor único —un sindicato que, aunque elija a sus dirigentes, no pierda su condición corporativa— y tal vez ligado a Morena. Pero las rencillas entre facciones son añejas y profundas. Además, si logra el fin de unificar el SNTE, correrá el riesgo de crear un monstruo que no podrá controlar. Los líderes, cualquiera que sea su filiación ideológica, aspiran a recolonizar el gobierno de la educación básica.
La propuesta del presidente López Obrador también tiene haberes, en especial en el terreno de la equidad: crecer el número de becas hasta alcanzar a 10 millones de estudiantes, transferencia de recursos a los jóvenes desempleados (que supongo incluirán cierto tipo de instrucción) y ampliar las oportunidades de ingreso a la educación superior; incluso con la construcción de 100 nuevas universidades.
La era de López Obrador apenas empieza. El discurso allí está, falta ver las reglas y la ejecución.
Aunque soy escéptico, espero que la transformación que propone López Obrador tenga logros; en especial para los pobres. Además, porque pienso que, en efecto, la educación mexicana requiere de calidad y equidad.
