La oposición de gobernadores a la facultad en seguridad de los superdelegados federales lopezobradoristas no tiene, en realidad, nada que ver con el federalismo. El hecho real es que el poder funcional de los mandatarios estatales deriva de la asunción de la seguridad como un tema de poder y negocios.
Los nuevos funcionarios de seguridad federal deberían indagar cuántos funcionarios estatales de seguridad poseen negocios privados vinculados a temas de seguridad. Y otros, como el de Oaxaca, José Murat Hinojosa, obliga a los empresarios a no contratar seguridad privada certificada y a que le cedan la seguridad de sus empresas a policías estatales que carecen de certificación.
La improvisación, los negocios y la política impiden el diseño de una estrategia federal integrada de seguridad pública. Con habilidad, los gobernadores se escudan en el federalismo, pero a cambio nada hacen por profesionalizar y limpiar sus corporaciones.
El nuevo esquema de seguridad estructurado alrededor de la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública ha sido visto con temor por los gobernadores. Sin embargo, la condición federal de la Guardia y su manejo va a ser entorpecida a escala estatal y municipal.
El mando único no es la solución, pero se presenta como la principal oportunidad para romper con la estructura de complicidad de autoridades estatales con el crimen organizado. La obviedad tiene que resaltarse: el crimen organizado en sus diferentes niveles —desde el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta los carteristas más bajos— no podría existir sin la complicidad de policías, funcionarios y niveles judiciales.
En Ciudad de México vendrá una fase de ascenso de la delincuencia porque el anterior secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, rompió la estructura mafiosa de las policías; sin embargo, el nuevo secretario carece de experiencia, información y fuerza para mantener esa línea estratégica.
En el ámbito nacional la nueva estrategia requiere de una línea enérgica de mando que comience por expulsar de las áreas de seguridad a mandos haciendo negocios o protegiendo delincuentes. No es difícil, aunque tendrán que pasar por las quejas de gobernadores que están enterados de los errores de sus subordinados.
El nuevo secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha comenzado a ejercer sus funciones, pero con resistencias en contrario a escala estatal, incluso en las propias oficinas federales de seguridad.
De ahí que el primer gran paso para comenzar a dar resultados en seguridad estará en meter en cintura a gobernadores abusivos y corresponsables de la inseguridad.
Barandilla
—Datos de corrupciones, amiguismos, abusos en la Policía Federal han encontrado las nuevas autoridades de seguridad y apuntan a Manelich Castilla Cravioto.
Director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad