Las Constituciones representan un pacto en el que se establecen los paradigmas fundamentales de una nación y que debe tener el carácter de intocables por el legislador ordinario, así lo pensó Carl Schmitt al definir las decisiones políticas fundamentales.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación —con toda razón— declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, estableciendo el papel que juegan las Fuerzas Armadas en relación con la seguridad interior y su diferencia clara con la seguridad pública.

No obstante, un día después se presentó el Plan de Seguridad y Paz del próximo gobierno, otorgando a las Fuerzas Armadas funciones fundamentales y casi exclusivas en seguridad pública, a través de la Guardia Nacional que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional; justamente lo mismo que la ley de marras, es decir, igual de inconstitucional esta iniciativa que la ley referida. Para subsanar esta circunstancia se les ocurrió reformar la Constitución.

La Corte ha adoptado el cómodo criterio de que no puede ser inconstitucional lo que está en la Constitución, lo cual es absolutamente absurdo porque se pueden destruir automáticamente principios fundamentales, por ejemplo, en la LX Legislatura aprobamos la reforma constitucional que estableció el arraigo —a todas luces indebido y violatorio—, pero la Corte, una vez más con ese criterio de sumisión al Poder Ejecutivo, no objetó.

Tenemos que darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno, porque el problema más grave de la nación estriba en la seguridad y la ausencia de régimen de derecho en numerosas zonas del territorio nacional; los ciudadanos vivimos —como dijera German Arciniegas— entre la libertad y el miedo; estamos viviendo un Estado de derecho que no cumple su función primordial.

¿Qué hacer hacia el futuro inmediato? Desde luego, numerosas voces se han alzado en contra de esta iniciativa, sin embargo, las circunstancias son tan graves y el tema tan candente para la nación, que hay que apoyar al nuevo gobierno con tiempo perentorio de dos años, como ellos mismos lo han sugerido, si no resuelve López Obrador esta apocalíptica situación, deberá pedir licencia y ser sustituido, si sucede lo contrario, habrá que darle el aplauso y el reconocimiento que meceré quien pueda resolver esta nefanda problemática.

El problema es que sin duda se militarizará el país con la Guardia Nacional que, además, será auxiliar del ministerio público. No obstante, esperemos que funcione sin violar, aún más, el Estado de derecho.