En votación dividida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por buena la elección de gobernador(a) de Puebla. Estuvo fuerte la discusión y los magistrados defensores del fraude se impusieron por cuatro a tres votos.

Como se recordará, el mugrero comicial fue avalado por el órgano electoral poblano, que así le obsequiaba la victoria a la señora Martha Érika Alonso, candidata de la coalición de izquier-derecha PAN-PRD-MC y esposa del exgobernador de la entidad Rafael Moreno Valle. Sin embargo, habían sido tantas y tan obvias las violaciones al proceso, que el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, decidió apelar ante el TEPJF.

En el órgano federal, el encargado de estudiar el caso y preparar el proyecto de resolución fue el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien se manifestó por la anulación debido a que se rompió la cadena de custodia de la paquetería con los votos y las actas, la que se llevó a una bodega sin las indispensables condiciones de seguridad, pues tenía dos entradas que no fueron debidamente selladas. La autoridad electoral poblana —herencia de Moreno Valle— entró ¡cincuenta veces! al lugar, abrió los paquetes, los manipuló y una parte de los documentos fueron sacados del lugar en mochilas por gente no identificada y sin avisar a los partidos contendientes.

Los trastupijes comenzaron desde antes de la elección, pues el personal de las casillas fue seleccionado con evidente favoritismo para el clan morenovallista. Se tiene constancia de que se produjeron hechos de violencia en por lo menos 51 casillas, con robo, quema y destrucción de material electoral, además de que en ocho casillas personas enmascaradas hicieron uso de sus armas de fuego para suspender la votación.

Por si algo faltara, se volcó una camioneta con el logotipo de la Fiscalía General de Puebla y placas de un vehículo de la Secretaría de Finanzas (¡?), la que llevaba cuatro urnas y 800 boletas, lo que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación.

En fin, que la coalición panperredista, con el abierto apoyo del gobierno poblano, se valió de los más diversos recursos para imponerse de manera fraudulenta. Pero los señores magistrados Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, capitaneados por la señora Otálora, fueron ciegos y sordos ante el evidente cochinero. Votaron por la anulación los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto y el citado José Luis Vargas. El Poder Judicial camina hacia el despeñadero.