Nicaragua no tiene claro el origen de su nombre aunque en la versión más difundida se le debe a un jefe amerindio llamado Nicarao asentado en el territorio del actual departamento de Rivas. En 1854 Nicaragua se constituyó en República y se instituyó la Presidencia por un periodo de cuatro años. El primer presidente de Nicaragua fue Fruto Chamorro quien asumió el cargo ese mismo año.
El actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ya no se acuerda del periodo instituido de cuatro años y saltándose las trancas se tomó el poder por tiempo indefinido, ha de haber reprobado Historia y si pasó ha de haber copiado al de junto que no sabía bien los periodos de la presidencia y por eso ahora cree que todavía no se termina su mandato.
Daniel Ortega no dejará que le tuerzan el brazo, se aferrará al poder con uñas y dientes, las ansias de poder lo acabaron y pasará a la historia como un traidor de su propio pueblo al que defendió alguna vez de un dictador como lo es el ahora.
Su esposa Rosario Murillo no solo es la primera dama de Nicaragua sino la vicepresidenta o la presidenta adjunta ya que ella maneja las decisiones del país desde atrás.
Pero el gobierno de Estados Unidos ya intervino y anunció la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que impone sanciones. El pleno del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley de sanciones contra el régimen conocida como Nica Act. Esta Ley de sanciones para Nicaragua esta compuesta por la unión de dos proyectos legislativos.
El primero es la Nica Act, propuesta por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, aprobada en el Congreso en octubre de 2017, y la que fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a través de una enmienda, con la ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, la S.3233 del senador Bob Menéndez.
La congresista Ros-Lethinen informó que la legislación es el resultado de las constantes violaciones del régimen de Daniel Ortega, que representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y un enemigo para la estabilidad regional.
“La Ley Nica garantiza que Estados Unidos continúe respondiendo en consecuencia a estas acciones, cortando acceso de fondos a Ortega hasta que implemente las reformas electorales y de derechos humanos que tanto se necesitan”, añadió.
El proyecto legislativo propone restricciones a los créditos al régimen de Ortega, y establece que el secretario del Tesoro debe instruir a los directores de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el BID para que se opongan a la aprobación de cualquier préstamo al régimen si no se realizan reformas democráticas.
Otras sanciones que podrían llamarse de tipo individual incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones en el sistema financiero de Estados Unidos, o bajo su jurisdicción; bloqueo de propiedades o intereses en una propiedad, y negación o revocación de visados.
La red de defensa de libertad de expresión Ifex informó que este tipo de leyes se han extendido rápidamente. Además de la ley en Estados Unidos, otros cuatro países han adoptado una legislación similar: Estonia y Lituania aprobaron normas parecidas a principios de 2017, el Reino Unido también introdujo la Ley de Finanzas Criminales y Canadá sancionó a más de 50 violadores de los derechos humanos en Rusia, Venezuela y Sudán del Sur.
La Ley Nica Act
El Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de la ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaraguense, conocida como NICA Act (acrónico en inglés de Nicaraguan Investment Conditionality Act) lo que deja a un paso de que esa normativa se haga realidad, ya que si no la ha firmado el presidente Donald Trump de todas maneras será ley ya que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 11 de diciembre.
Esa iniciativa busca controlar los préstamos de bancos internacionales a Nicaragua. Para el subprocurador de derechos humanos de Nicaragua, Adolfo Jarquin, la Administración estadounidense pretende vulnerar el orden constitucional de este país.
Los diputados sandinistas y el Gobierno nicaragüense calificaron las acciones de los congresistas y senadores de Estados Unidos como injerencista y señalan que la Ley Nica Act atenta contra la libre determinación y la soberanía de esta nación.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el Gobierno está “comprometido con hacer rendir cuentas al régimen de Ortega por las protestas violentas y la extendida corrupción que han derivado en las muertes de cientos de nicaragüenses inocentes y en la destrucción de su economía”.
Por su parte el gobierno de Nicaragua, en un comunicado oficial, rechazó la sanción a la que calificó de “continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua”.
Un vistazo a la Ley Global Magnitsky
Esta ley debe su nombre a Sergei Magnistky quien fue un abogado y auditor ruso cuyo arresto y posterior muerte en una prisión de Moscú, atrajo la atención de la prensa internacional, ya que Magnistky había denunciado la corrupción en Rusia. Funcionarios del gobierno de Vladimir Putin fueron acusados de estar involucrados en la muerte del contador Magnistky quien investigaba un supuesto fraude fiscal perpetrado por el gobierno de Rusia.
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen.
Esta ley aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos fue inspirada en la Ley Magnitsky, de 2012 mencionada líneas arriba.
Según el capitulo segundo de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier persona extranjera que con base en evidencia creíble:
1.- Sea responsable de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero que hayan:
- Expuesto actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno
- Obtenido, ejercido, defendido y promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidas, tales como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas.
2.- Haya actuado como un agente o en nombre de una persona extranjera en un asunto relacionado con lo actos descritos en el párrafo 1.
3.- Es un funcionario del Gobierno, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable de, o es cómplice, de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras.
4.- Ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de una actividad descrita en el párrafo tres.
