Alfredo Castillo Cervantes dejó una estela inolvidable de yerros, prepotencia, arrogancia y perversidad en su paso como comisionado especial o, como se le diría, virrey plenipotenciario en Michoacán, entidad a la que llegó cuando ésta registraba un impresionante declive motivado por el crimen organizado y por los gobiernos rebasados.

Se trataba de un momento oscuro en Michoacán, la cuna de la Independencia de México, un sitio plagado de una evidente densidad histórica. El pasado día 22 de diciembre por la madrugada salió en libertad el exgobernador Jesús Reyna García, quien fuera confinado a prisión por Castillo Cervantes, nunca se probaron los cargos luego de cuatro años de reclusión. Semejante estampa confirma el estruendoso fracaso del también extitular del deporte en nuestro país.

Pareciera que el centralismo es un vicio arraigado hasta el tuétano, así lo han manifestado los presidentes de diversos partidos desde Plutarco Elías Calles hasta nuestros días. El caso Michoacán con Alfredo Castillo lo ilustró a cabalidad, en los hechos ejerció como gobernador para desplazar a Fausto Vallejo y posteriormente a Salvador Jara, esa fue la realidad.

En los inicios de Castillo se logró la detención de algunos cabecillas del crimen organizado, particularmente Templarios, después se le veía de socialité en conciertos, eventos de glamur y frivolidad disfrazada de deportes.

En aquellos tiempos la inseguridad era un problema ostensible, en la actualidad es uno de los pendientes más trascendentes de la actual administración federal en principio.

La impunidad aún recorre la geografía nacional, es un problema estructural, lo sabemos y por ello se demandan soluciones a corto plazo porque es un clamor ciudadano sin importar colores partidistas porque es un asunto penoso que sufre la sociedad sin distingo alguno.

Se debe tomar en cuenta el papel de los gobernadores y presidentes municipales, lo cual implica una práctica verdadera de un federalismo como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, es decir la legalidad no debe desairarse.

El 2019 se presenta como un año marcado por las incógnitas, las ópticas son divergentes porque van desde un desbordado optimismo hasta la descalificación prematura. Lo cierto es que la inseguridad es un jinete apocalíptico que no se resuelve por decreto, son muchos los anuncios, empero falta observar los resultados e instrumentación de las políticas públicas que deben responder a los diagnósticos de lo que se tiene.

Seguimos en la idea de que la cultura no debe ser soslayada si hablamos de recuperación del tejido social comenzando por espacios públicos en los que se pueda sembrar un mejor país que incluye las bellas artes como parte inherente al desarrollo humano.

Los últimos mandatarios del país no pueden presumir buenas cuentas en materia del combate a la delincuencia porque más bien se incrementaron los efectos con todo y las estadísticas perniciosas que dejaron registros altos en materia de homicidios dolosos.

El gobierno federal debe ser un practicante real del federalismo, la coordinación entre autoridades de los diferentes niveles debe ser una constante sin prejuicios o sesgos de índole partidista porque el bienestar colectivo lo exige.