Uno de los mayores fracasos de Enrique Peña Nieto fue el caso de los “desaparecidos” de la Normal de Ayotzinapa, piedra de escándalo para cualquier gobernante que no sea capaz de determinar dónde están, vivos o muertos, y qué ocurrió con esos 43 seres humanos secuestrados por la fuerza pública. Por supuesto, el propio gobierno elaboró una más que cuestionable “verdad histórica”, algo que mereció el desprecio de la prensa internacional, porque nadie puede creer que los chamacos normalistas se hayan evaporado o casi nadie…

Dos días antes de que terminara el sexenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos salió en defensa de esa mentirosa verdad y su titular dijo que los cuerpos de por lo menos 19 muchachos habían sido incinerados en un lugar donde expertos internacionales señalaron que eso no era posible, tanto por la cantidad de combustible requerido —leña, en este caso— como por el hecho incontrovertible de que llovió durante horas.

Es probable que en este caso, como ya ocurrió con la muerte de Luis Donaldo Colosio, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, haya llegado a esa conclusión apoyado en los datos disponibles, que seguramente no fueron todos, pues había un interés especial de la PGR, el gobierno de Guerrero y las autoridades castrenses en no proporcionar cabalmente lo que sabían. Así procedió el citado funcionario al dar por buena la hipótesis del asesino solitario en el caso Colosio, lo que despertó la suspicacia de muchos mexicanos.

A más de cuatro años de la noche triste de Iguala, se ha mantenido en alto la demanda de justicia y la insoslayable exigencia de que aparezcan los 43 estudiantes. Sin éxito, el mandatario que acaba de irse intentó imponer la “verdad histórica”, pero ha podido más el dolor de madres y padres que buscan desesperadamente a sus hijos, lo que ha tenido un fuerte respaldo social, pues resulta lo menos que puede exigirse a un gobierno, a cualquier gobierno.

El presidente que llega lo sabe muy bien y ha respondido con un decreto que crea una “comisión de la verdad”, la que deberá investigar a todas las autoridades involucradas —municipales, estatales y federales— en funciones o ya fuera de los cargos en que tenían la responsabilidad de velar por el respeto a la vida y la justicia.

Y está muy bien que se proceda contra quien sea, que no haya intocables ni se pongan obstáculos a la investigación. Pero si la comisión no devela lo ocurrido a satisfacción de todos, será Andrés Manuel López Obrador quien pagará los platos rotos. De ese tamaño es el reto.