Acostumbrados a ser una clase privilegiada dentro del servicio público, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían aprovechar el periodo vacacional de fin de año para darse a la reflexión que les permita valorar si sus insultantes salarios se justifican con los veredictos que han emitido en contra de la clase trabajadora y otros sectores sociales para los que el Estado de derecho dejó de existir, desde hace mucho, en el máximo órgano de justicia del país.
Uno de tantos ejemplos que pone de manifiesto su parcialidad en sus veredictos fue la revocación del fallo que un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo emitió a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en septiembre de 2012, donde obligaba al gobierno de Felipe Calderón a asumir su obligación como patrón sustituto, luego del ilegal decreto de extinción que dejó en la calle a 44 mil trabajadores.
En lo que los expertos juristas siguen considerando una de las peores infamias a la aplicación de la ley, el 30 de enero de 2013, los ministros dieron marcha atrás a la sentencia que devolvía su empleo a los electricistas que se negaron a liquidarse y decidieron dar la lucha por la defensa de sus fuentes de empleo.
Ese selecto club de la toga y el birrete que gana en promedio más de cuatro millones de pesos al año ha dilapidado millonarias cantidades en otros lujos de los que la inmensa mayoría de los 55.3 millones de mexicanos en pobreza jamás podrá darse. Informes internos revelaron que, de 2009 a 2011, los que ahora defienden con uñas y dientes su burbuja de privilegios se gastaron nueve millones de pesos solo en comidas; 159 millones de pesos en seguros de gastos médicos; 54 millones en compra de vehículos y 116 millones en viáticos y pasajes.
La complicidad pactada con el Poder Ejecutivo y Legislativo les garantizaba inmunidad e independencia absolutas para ejercer con la mayor discrecionalidad los abundantes recursos federales que llegaban a sus manos. Por eso, les era muy cómodo moldear sus fallos a petición expresa del presidente en turno y del poder económico, avasallando al ciudadano de a pie.
Pruebas de su falta absoluta de sensibilidad a los reclamos sociales abundan, como quedó demostrado cuando los aristocráticos ministros desecharon los 3 millones de amparos promovidos en contra de la reforma laboral aplicada desde el primer día del gobierno de Enrique Peña Nieto y que, a seis meses de su puesta en marcha, ya había dejado sin empleo a 68 mil trabajadores en empresas como Grupo Modelo, FEMSA, Gruma, Bachoco y Wal-Mart, las cuales en contrasentido, junto con otras más, se habían embolsado en el primer semestre de 2013, 130 mil 51 millones de pesos.
En marzo de 2014, una vesania más de la Corte fue condicionar la expedición de amparos a miles de usuarios de electricidad en contra de los “recibos locos” de la CFE, solo si antes “pagaban sus adeudos”. Otra de las felonías de los ministros de oro y piel sensible ocurrió en abril de 2015 al dotar la reforma laboral de una “guillotina” para cercenar los derechos de la clase trabajadora, al establecer que los laudos de las amafiadas juntas de conciliación fueran inapelables. Y la lista de atropellos jurídicos es interminable, por lo que ahora ni reduciéndoles su sueldo al nivel del devengado por el presidente pagarían en algo el daño causado a millones de mexicanos y a la nación en su conjunto.
