Para cuando este artículo vea la luz del día, probablemente la Sala Superior del Tribunal Electoral federal ya haya sesionado, quizá hayan decidido ir por elecciones extraordinarias para gobernador en Puebla, existe la posibilidad de que, en lugar de Miguel Barbosa, Morena considere al senador Alejandro Armenta, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, como un perfil más joven y de mayor empuje, pero quizá lo más delicado sea la forma en la que el pleno de magistrados llegue a generar este escenario.
En algún momento de 2017, justo en pleno proceso electoral mantuve un ríspido intercambio de opiniones con un distinguido intelectual otrora funcionario electoral, al cual entre otras situaciones reclamaba que tanto consejeros como magistrados electorales están obligados a respetar el principio de imparcialidad; o sea, en el actuar de un funcionario electoral de cualquier nivel debe faltar designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo.
La libertad de expresión de un árbitro electoral se encuentra por debajo de la seguridad jurídica que creen tener, ello se llama prudencia y silencio, lo anterior en referencia al Tratado de Roma que goza de plena validez en el entramado constitucional mexicano, artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Enterarnos del proyecto de sentencia, de su sentido y de sus pormenores en el time line de la cuenta de Twitter del magistrado José Luis Vargas Valdez es poco prudente y atinado, por decir lo menos, ello lo ha llevado a ser descalificado por Acción Nacional, quienes le han solicitado que se excuse de conocer del tema. Es claro que el ha defendido su posición, sin embargo, ha sido cuestionado por sus propios compañeros pues su actuar ha adelantado la posibilidad de conocer el sentido de al menos su voto, obliga al pleno a sesionar y de que esta no pueda ser privada sino pública; este tipo de casos, de alto impacto, de vez en cuando merecen secrecía en defensa de la institución y de sus integrantes, solo basta recordar el linchamiento público y descarnado a la magistrada Mónica Soto en el pasado proceso electoral.
A ello hay que sumar el viaje por Europa de los magistrados Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, quienes podrían no sesionar; entonces, si dos magistrados están fuera del país y otro es obligado a excusarse del caso, el pleno estaría compuesto en número par. ¿Ello es necesario? Lo sabremos con el paso de los días.
El caso Puebla nos obliga a pensar como sociedad en una reforma electoral de hondo calado, en donde autoridades administrativas y jurisdiccionales sean repensadas, en su actuar, en su interacción con los gobernados, partidos políticos, academia; transitar la vía democrática tal cual está se antoja difícil, casi imposible.
Desafortunadamente, el partido mayoritario busca apuntalar cambios constitucionales en el debilitamiento del árbitro, en la reconfiguración de la integración de la sala superior, en la introducción obligatoria del nombre e imagen del presidente de la república en la boleta electoral en 2021, en colapsar el sistema electoral por la vía de múltiples consultas y otras maravillas.
Pueden reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero para los cambios de fondo se precisa de una reforma constitucional a los artículos 41 y 134, entre otros, y para ello precisan de una mayoría calificada que no tienen y que se antoja rebelde, el tema del fuero y la inmunidad constitucional fueron ejemplo de ello.
¿Qué pasa en el mundo electoral cuando Morena tiene el control del aparato legislativo? ¿Estarán enterados los ciudadanos de Ciudad de México que están a punto de perder un gran instrumento como la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo? ¿Lo sabrán? Todo esto es Puebla.
Partidos opositores y ciudadanos debemos resistir y dar la lucha.
@DrThe
