Ante las acusaciones del excandidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, por el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a la validación de la elección en la que Martha Erika Alonso ganó como gobernadora del estado, la magistrada presidenta de este órgano autónomo, Janine Madeline Otálora, defendió la resolución y afirmó que no hubo presiones o amenazas, así como en las decisiones del tribunal tampoco “cabe moneda a cambio” .

En ese mismo tenor, Otálora pidió al magistrado José Luis Vargas Valdez, quien propuso anular la elección, denunciar y probar formalmente esas irregularidades.

De la misma forma, la magistrada presidenta también minimizó la inconformidad expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de “antidemocrático” el fallo judicial, y descartó que haya pesado en la sentencia la posibilidad de reducción salarial al Poder Judicial que impulsa el gobierno lopezobradorista.

En entrevista con El Universal, la magistrada presidenta del TEPJF, expresó que las críticas o descalificaciones que se hacen a la resolución por parte de Barbosa Huerta como del ministro Vargas, son producto de una decisión dividida. Explicó que el José Luis Vargas formuló varios cuestionamientos, inquietudes, pero no tienen fundamento.

Indicó que si realmente el magistrado Vargas y otros ministros recibieron amenazas, hay que denunciarlo y no permitirlo, definitivamente.

Otálora destacó que ella no recibió amenazas ni  tampoco a cabilderos, sólo a las partes como todos los integrantes del pleno, a Barbosa Huerta y a Alonso. Además, únicamente le importó lo que había en el expediente para formar su criterio de que no era suficiente lo que había sucedido en la bodega central del Instituto Electoral de Puebla después de la elección y del cómputo electoral.

Rechazó que el Tribunal Electoral haya cedido al poder corruptor del senador Rafael Moreno Valle, esposo de la gobernadora electa. No hubo ninguna medida ni de presión ni de obtener un voto a favor de alguien. En estas decisiones siempre la otra parte la va a cuestionar, es normal, es legitimo, dijo la magistrada.

Expresó que confía en que los inconformes puedan analizar el expediente y entender por qué no alcanzó para anular la elección. Así como el que haya reconciliación al interior del propio tribunal.

Además, dejó en claro que la reducción de los salarios al Poder Judicial no fueron una medida de presión

La magistrada presidenta Janine Madeline Otálora, aseguró que estos señalamientos no deberían de ser, pero siempre alguna de las partes va a considerar que si el fallo no le da la razón es porque se presionó para que saliera en otro sentido.

Sin embargo, a los magistrados del TEPJF les compete, con los argumentos en la sentencia y en la sesión pública, demostrar que las sentencias corresponden exclusivamente a criterios jurídicos y a las pruebas.

(Con información de El Universal)