En medio de la confrontación entre el Poder Judicial y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y legisladores de Morena, el Senado de la República inició la evaluación de los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo federal para elegir al sustituto del ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La terna que envió, el pasado 6 de diciembre, el Ejecutivo a la Cámara Alta está conformada por Loretta Ortiz, Celia Maya García y José Luis González Alcántara, generó fuertes cuestionamientos, levantó suspicacias y puso en entredicho su independencia por sus perfiles y su cercanía con el primer mandatario.
Anaid García Tobón, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, opina que el tema de las designaciones tiene siempre muchos problemas. “En los años recientes las designaciones públicas, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, se han convertido en luchas por el poder político y negociaciones tras bambalinas que luego se traducen en la selección de perfiles inadecuados, sin la suficiente probidad o distanciamiento del poder político”.
Las ratificaciones, como en este caso de la Corte, son más limitadas aún, se convierten en un mero trámite, en donde sin ninguna discusión pública se aprueba la selección del Ejecutivo, sin ninguna rendición de cuentas, en donde nos digan cuáles son los atributos que tienen esas personas y por qué fueron elegidas, explica.
La politización: García Tobón
Expresa que “cuando se dejó de tener un partido hegemónico, por ahí de 1997, las designaciones empezaron a ser moneda de cambio para distintas cosas, tú apruebas un perfil y yo te apruebo una reforma política, así funciona. Por eso se politizan mucho los procesos, porque se ven así, como moneda de cambio para establecer consensos en el interior de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
García Tobón indica que “es necesaria una revisión, combatir estas prácticas para que se puedan fortalecer las instituciones. Los gobiernos de cualquier partido cambiarán en cualquier momento, pero si se tienen instituciones fuertes, el país, en general, tendrá una fortaleza”.
Agrega que “esta nueva administración encabezada por López Obrador tiene la oportunidad —en febrero de 2019 habrá otro nombramiento en la SCJN— de abrir estos procesos a la sociedad civil, a la academia, a las universidades públicas, para que opinen, para que manden propuestas verdaderamente buenas que puedan fortalecer el sistema de justicia”.
Sin embargo, como señala en su comunicado el colectivo #SinCuotasNiCuates, con esta terna propuesta por López Obrador al Senado “se pierde la oportunidad histórica de generar un proceso abierto que permita una integración a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas”.
García Tabón destaca que la SCJN actualmente lleva temas cruciales para el país, ejerce un papel de contrapeso, discute cosas trascendentales como la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Publicidad Oficial en México o algunos casos de corrupción del Ejecutivo, el caso particular de Chihuahua.
“Es una institución que hay que cuidar, pero a través de las designaciones públicas, de hacer procesos que cuenten con transparencia, rendición de cuentas y una participación ciudadana efectiva”, dice.
Terna de mujeres
La licenciada en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresa que “desde septiembre y octubre, la sociedad civil pidió que el proceso de designación se abriera al escrutinio público, porque en 2015 hubo muy malas experiencias con la elección de los ministros”.
Para evitar eso —continua— se propuso un mecanismo para que se abriera la terna y las organizaciones de la sociedad civil, así como distintos colegios de abogados participaran dando su opinión sobre la idoneidad de estos perfiles, si cumplían con todos los requisitos, de probidad, trayectoria académica, de tener una imagen de honorabilidad.
Además, “que fuera una terna compuesta únicamente por mujeres, actualmente la Suprema Corte, con la salida del ministro Cossío —el 30 de noviembre— se quedó con 10 integrantes, de los cuales ocho son hombres y dos mujeres, y una de ella se irá en febrero, Margarita Luna Ramos”.
Sin embargo, “lo que se ve ahora es que no todos los perfiles cuentan con la probidad y honorabilidad que se necesita, algunos tienen cuestionamientos fuertes, así como también hay cercanía con el presidente de la república, lo que representa un riesgo”.
Sin cuates
Anaid García señala que “en otros países se pide también que haya una sana distancia del poder político, porque hay una división de poderes. Cuando se nombra a un amigo para un cargo que es de otro poder, lo que se hace es limitar que se ejerza efectivamente esa división de poderes, que se eviten discutir ciertos casos, por eso el colectivo #SinCuotasNiCuates pugna porque haya autonomía en los perfiles que se propongan para la Suprema Corte de Justicia”.
Añade que “la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que se necesita establecer salvaguardas en los procesos de designación para que se asegure la independencia del Poder Judicial, y ejerza efectivamente su papel”.
La responsable del proyecto de Designaciones Públicas en Fundar, afirma que “la Suprema Corte de Justicia es la institución que asegura que se cumplan los derechos humanos. Tener ahí a una persona que tenga mucho prestigio le dará prestigio a la Corte también”.
La terna se tiene que revisar muy bien, aunque de entrada ya tienen un gran problema político más que jurídico, por eso se pidió que se abriera el proceso para mandar opiniones, recomendaciones e información adicional, para asegurar que se mandara una terna efectivamente imparcial con una trayectoria destacada y con autonomía, señala.
Aquí, lo más importante es “que si no hay una Corte autónoma habrá situaciones de subordinación o dependencia hacia otros poderes ajenos al Poder Judicial. Eso es lo más importante de la autonomía, que puedan tomar estas decisiones, y que si hay algún conflicto de interés los ministros se puedan excusar en algún momento”.
Explica que más allá de reformar la ley para quitar de las manos del Ejecutivo las designaciones, “se tendría que establecer una política pública, en donde se haga una revisión de cuáles son los marcos normativos en general de las instituciones; cómo están establecidos estos procesos, algunos están de forma constitucional, otros en leyes orgánicas, a lo mejor se podría unificar”.
Añade que se debe contar con un cuerpo que investigue efectivamente los perfiles que se mandan, que haya una coordinación entre los poderes para tomar las mejores decisiones. Una ley o alguna reforma servirían, pero más bien se tienen que ver las designaciones públicas como una política que debe tener el nuevo gobierno para que se puedan establecer mejores procesos y se dé la legitimidad necesaria a las instituciones. Si hay una legitimidad porque el proceso se hizo de una buena manera, las instituciones estarán resguardadas, sostiene García.
Los colectivos de la sociedad civil, que forman parte del #SinCuotasNiCuates, lo único que esperan tanto del presidente López Obrador como del Senado es que “aseguren la certeza jurídica en los procesos de designación; que haya procesos ordenados, en donde se establezca quién llevará a cabo qué; si algún órgano preseleccionará y el otro ratificará, pues que lo hagan con rendición de cuentas y que se dé a conocer cuáles son las razones y cuáles son los méritos con los que cuentan las personas que designan”.
La sociedad civil seguirá “insistiendo para que se mande una terna exclusivamente de mujeres y de personas que tengan autonomía e independencia para que puedan ejercer bien sus funciones”, asegura García.
Quien llegue a la Corte estará herido de muerte: Migue Sarre
En cuanto a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ocupar un lugar en la Corte, Migue Sarre, miembro de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización que forma parte del colectivo #SinCuotasNiCuates, señala que “no es el momento ni es pertinente discutir los méritos de cada uno de ellos, en su caso ausencia de méritos, ni su cercanía con el presidente de la república, porque se necesita un método, un sistema, donde se debata esto adecuadamente”.
Más allá de críticas o hablar de los candidatos, a Sarre lo que le interesa es “rescatar el procedimiento, que lo que se diga sobre el tema sea en el escenario adecuado; claro, en ese escenario las opiniones como la mía podrían contribuir, aportar algo más, pero no sustituyen el debate parlamentario que tiene que ser informado y ser el resultado de un procedimiento deliberativo de los perfiles que conformarán la terna, de una garantía orgánica, como se le llama ahora, que favorezca los elementos de idoneidad, independencia, capacitación para ejercer el cargo. Si no se da eso, si no hay esta independencia en el proceso, la designación está viciada de origen”.
Explica que “lo que se pueda decir en favor de alguno de los candidatos vendría a legitimar el procedimiento, visto de otra forma, los aspectos que no se critiquen en favor de alguno de ellos, si los hubiere, serían elementos diferenciadores que colocarían a la persona que resulte menos criticada por encima de las otras, la legitimaría para desempeñar esa función”.
El académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
advierte que “sería fatal que el candidato que gane llegara sin legitimidad, es decir, no basta la mayoría parlamentaria para darle legitimidad a los candidatos propuestos, se necesita también que se recorra el procedimiento, esta es una legitimidad de origen, si está viciada, herida de muerte”.
El riesgo aquí “está en la legitimidad de ejercicio, en la forma en que se conducirá, en el desempeño de esta función en el punto más importante de nuestro sistema jurídico”, dice Sarre.
Entre legitimidad de origen y de ejercicio
El integrante de la Fundación para el Debido Proceso explica que probablemente una de estas tres personas, que propone el Ejecutivo, será ministro de la Corte y estará herida de muerte en su legitimación de origen. “Hay que distinguir estos dos tipos de legitimidad, de origen y de ejercicio: cuando se tiene legitimidad de origen, la de ejercicio es la consecuencia natural; si no la tiene de origen, la legitimidad de ejercicio la puede adquirir, se la puede ganar en los hechos, pero es muy difícil. De esta forma se afecta y se le quita credibilidad a la Suprema Corte y eso en estos momentos es sumamente grave”.
Por eso —dice—es importante tener un procedimiento que garantice la legitimidad de origen, un procedimiento que incorpore elementos como precedentes en su actuación pública, capacidad, dominio de los temas, necesitamos el test en las etapas de preselección, en la integración de una comisión previa que seleccione a los aspirantes, en el intercambio real entre Poder Ejecutivo y Senado para su designación, entre la mirada y el escrutinio de la opinión pública para entonces llegar a un buen resultado”.
Loretta Ortiz Ahlf es doctora en derechos humanos y derecho comunitario europeo por la Universidad a Distancia de España; maestra en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana; licenciada en derecho por la Escuela Libre de Derecho.
Fue diputada federal en la LXII Legislatura por el PT; miembro fundador de Morena. En 2018 el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la designó como coordinadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional; se le criticó por haber afirmado la participación del papa Francisco en estos foros, aunque luego fue desmentida.
Celia Maya García. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro. Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en derecho procesal penal. Comenzó como juez en el Poder Judicial en Querétaro en 1979.
En 2003 fue candidata a la gubernatura de Querétaro por el PRD; en 2012 fue candidata al Senado por la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano; en 2015 contendió como candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena y tres años después lo volvió a hacer por el mismo partido.
Juan Luis González Alcántara Carrancá es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura capitalino, así como magistrado adscrito a la Cuarta Sala Familiar del TSJ.
Ha sido investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de profesor de derecho en esa institución, en la UAM y en la Universidad Iberoamericana.
Cuenta con la simpatía de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y desde hace años es amigo de Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Corte.
