Irene Selser
A ocho meses del estallido de la rebelión popular espontánea del 18 de abril, la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo no cesa. En la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14, operativos simultáneos de agentes de la policía y paramilitares atacaron con lujo de violencia las instalaciones y oficinas de nueve ONG a las que previamente el Parlamento, dominado por el oficialismo, les había cancelado su personería jurídica (permisos legales de operación).
El ataque policial alcanzó también a dos empresas de comunicación independientes, propiedad del conocido periodista Carlos Fernando Chamorro, violando gravemente el derecho de libre asociación, la libertad de expresión y la libre empresa por fuera de todo marco legal, según denunció el afectado.
Así, fueron saqueadas las sedes, entre otras, de las ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Promoción de la Democracia (IPADE), Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), Fundación Popol Na, Fundación del Río y Centro de Información y Asesoría en Salud (CISAS).
La mayoría de estas asociaciones estaban dirigidas por figuras otrora vinculadas al gobernante Frente Sandinista durante la revolución (1979-1990) y que actualmente encabezadas desde la disidencia una férrea oposición a la deriva autoritaria de Ortega, que hoy, a sus 73 años, acusa a sus antiguos camaradas de pretender “desestabilizarlo” mediante “un complot terrorista” financiado por Estados Unidos.
Los agraviados reportaron que los ataques del 13-14 se ejecutaron por la fuerza, sin orden judicial alguna y durante los mismos fueron golpeadas personas que se encontraban en los locales, incluyendo madres de presos políticos y vigilantes; además de que fueron saqueados todos los equipos y papelería de las oficinas y los vehículos que se encontraban estacionados en el parqueo de los edificios en la capital Managua.
En algunos de los edificios asaltados funcionaban oficinas de otras organizaciones que, según se denunció, también se vieron afectadas por el saqueo de bienes, entre ellas las oficinas del programa radial Onda Local, que funcionaba en el edificio de la Fundación Popol Na.
Ninguna de estas ONG, muchas de ellas con 20 y hasta 30 años de trabajo social continuo, ni los medios de prensa afectados son objeto de investigación alguna, ni se les sigue proceso en los tribunales, de acuerdo con sus directivos.
Los afectados responsabilizaron a la familia Ortega-Murillo y a la jefatura de la Policía Nacional por los daños causados y alertaron a la opinión pública internacional sobre el “brutal incremento” de la represión.
En las últimas semanas, ONG venían denunciando un incremento del acoso de parte de las fuerzas policiales a sus miembros y la represión del 13-14 coincidió con la llegada al país de la representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Marlene Alejos.
Los saqueos se producen también después de que el gobierno y el Senado de Estados Unidos aprobaran la ley conocida como “Magnitsky Nica Act”, que aplicará duras sanciones al gobierno de Ortega, en el poder desde 2007 en forma ininterrumpida, mismas que podrían incluir la suspensión de financiamientos multilaterales al país, el segundo más pobre de América Latina. La ley fue firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo 16.
Para el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y director del diario oficial Barricada en los años de la revolución, el ataque y saqueo de sus empresas de comunicación, que figuran entre los más críticos del régimen, “es parte de la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que esta vez está dirigida a medios de comunicación independientes, defensores de derechos humanos y organismos no gubernamentales críticos”.
Chamorro declaró ante los periodistas que “este es un ataque demencial contra la libertad de prensa en Nicaragua”. “Yo acuso al jefe supremo de la Policía, el dictador Daniel Ortega, como el único responsable de este asalto brutal contra la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua”, añadió.
De acuerdo con Paulo Abrao, titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive ya la “cuarta fase de la represión” que parece llevar a la consolidación de “un estado de excepción”.
“En Nicaragua los decretos que prohíben protestas, leyes que amenazan a los negocios privados, autorizaciones para allanamientos, actos legislativos que intentan cerrar ONG’s, son las nuevas acciones que vienen a sumarse al proceso de persecución y criminalización de la oposición”, expresó Abrao.
“Se acelera la cuarta fase de la represión: la consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad’ para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”, añadió.
Según Abrao, la reducción de los espacios de la sociedad civil “confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente y criminalizar a los opositores, “se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes”. “Las democracias exigen pluralidad política”, recomendó.
También la relatora especial para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, denunció en su cuenta de Twitter: “Primero reprimieron brutalmente las protestas (325 muertos); después apresaron y procesaron sin garantías mínimas de debido proceso a líderes de movimiento estudiantil y campesino; hoy van por acallar a la prensa y a las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué democracia es esa donde no hay espacio para disentir?”.
Asimismo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, emitió un comunicado el sábado 15 exhortando al gobierno de Ortega-Murillo a cesar la persecución contra los “periodistas, medios críticos al gobierno, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”.
A su vez, la escritora y activista Gioconda Belli opinó que la escalada contra Chamorro y sus medios, entre éstos el portal de noticias Confidencial, con 25 años de existencia, es un acto de “venganza” de Daniel Ortega y Rosario Murillo “contra la posición limpia, íntegra” del prestigioso comunicador. “Es increíble que dos personas íntegras, que han estado a la par de la población toda su vida, estén siendo víctimas” del gobierno.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, también quiso ingresar a las instalaciones de su ONG, pero los oficiales le impidieron pasar. “El Cenidh ya no existe”, le dijeron.
En tanto, la historiadora y ex comandante guerrillera Mónica Baltodano relató que las oficinas de su organización de desarrollo municipal Popol Na también fueron intervenidas y ocupadas por la Policía. “Irrumpieron por la noche y se llevaron todas las pertenencias de la organización, incluido varios vehículos”, denunció.
Popol Na y Fundación del Río trabajan juntas en el sur del país. La primera respalda a los campesinos opuestos a un anunciado y nunca construido canal interoceánico y la segunda encabezó las protestas contra el gobierno previas a la rebelión estudiantil del 18 de abril, cuando cientos de universitarios exigieron detener el incendio de varios días que consumió parte de la segunda reserva ecológica del país, Indio Maíz.
La peor crisis en 40 años
La crisis política, la peor en los últimos 40 años, sacude a la economía de Nicaragua, cuando se estima que este año el PIB se desplomará por debajo del 5 por ciento. Unas 400 mil personas han perdido el empleo –en un país de casi siete millones de habitantes–, según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico (Funides) y unos 60 mil de esos empleos se han perdido en el sector turístico, uno de los motores de la economía local. Estimados anticipan que, sin un arreglo político, la caída de la economía será de hasta 11 por ciento en 2019 en el segundo país más pobre de América Latina.
En estos ochos meses, la acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles desarmados en la capital y las principales ciudades del interior, ha dejado 198 muertos según el gobierno y 325 según la CIDH, aunque ONG’s locales elevan la cifra a 545 fallecidos y 603 personas encarceladas. A ellos se suman cerca de 52 mil refugiados, la mayoría en Costa Rica.
Los argumentos del Parlamento para cancelar la personería jurídica de las ONG y medios de prensa se centran en la supuesta comisión de “actos ilícitos”, y porque “violentaron el orden público” y actuaron “en actividades que no corresponden con los fines para los que fueron constituidas”.
En el caso del Cenidh, la octogenaria abogada Vilma Núñez, experta en derecho penal y humanitario, es conocida a nivel nacional e internacional por su trabajo como defensora de los derechos humanos desde los tiempos de la dinastía de los Somoza, derrocada el 19 de julio de 1979 por el Frente Sandinista al cual Núñez sirvió como primera presidenta mujer de la Corte Suprema de Justicia.
Beligerante como siempre, Nuñez dijo ante el asalto policial que “nuestro compromiso y acompañamiento al pueblo de Nicaragua no lo disuelve una resolución de órganos sin autonomía”.
En el caso del CISAS, su directora, la feminista Ana Quirós, había sido despojada de su nacionalidad nicaragüense y deportada semanas atrás a Costa Rica, su país natal. El inmueble de la ONG fue el primero en ser intervenido y saqueado por la Policía que, como en el resto de los casos, no presentó una orden judicial de allanamiento.
“La dictadura de Ortega está derrotada”: Chamorro
Desafiando el saqueo oficial de las instalaciones y equipos del portal de noticias Confidencial, el periodista Carlos Fernando Chamorro (@cefeche) transmitió la noche del viernes su habitual programa de televisión Esta noche a través de YouTube (https://youtu.be/hTw-SXuAwKw) y en un mensaje a la nación y al mundo aseguró que “la escalada represiva muestra que la dictadura de Daniel Ortega está derrotada”.
“Pueden robarse todo lo que quieran, pero no van a lograr que nos autocensuremos y dejemos de informar al pueblo nicaragüense”, aseveró.
El padre de Carlos Fernando, el célebre periodista, escritor y empresario Pedro Joaquín Chamorro, director del conservador diario La Prensa, fue asesinado el 10 de enero de 1978 a los 53 años por presuntos sicarios de Anastasio Somoza Debayle y su crimen precipitó el derrumbe de la dinastía, con casi medio siglo en el poder.
“Los nicaragüenses vamos a lograr reconstruir este país en paz”, dijo Chamorro, de 62 años, y aseguró que “los crímenes de la dictadura no van a quedar impunes”, además de expresar su solidaridad con todas las ONG y medios locales perseguidos.
También agradeció la solidaridad internacional de parte de gobiernos del mundo y de organismos humanitarios como la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), entre otras instancias.
Asimismo, reconoció el apoyo del sector empresarial de Nicaragua ante “estas violaciones a los derechos civiles y políticos, que también representan una violación a la libertad de empresa”.
Una semana antes del asalto a sus medios, visto por Chamorro como “la culminación” de una larga persecución que comenzó hace una década con el retorno de Daniel Ortega al poder, el periodista analizó en Confidencial (https://confidencial.com.ni/) los posibles efectos de las sanciones impuestas por el gobierno y el Senado de EU contra Ortega, y dijo que estaban causando un “temblor político de alta intensidad en el búnker de El Carmen”, en alusión a la residencia presidencial.
Estimó que si bien se daba por descontada la aprobación de la anunciada “Nica Act” o “Magnitsky Nica Act”, nadie esperaba que el presidente Donald Trump firmaría una Orden Ejecutiva para castigar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua, y menos aún que los primeros sancionados serían la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, y el secretario privado de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, “enlace con la Policía, los paramilitares, y el espionaje político”.
Consideró que “las consecuencias de esta triple sanción -el decreto de Trump, el castigo a la cogobernante Murillo y al operador número uno del poder, y la ley del Congreso que condicionará al gobierno el acceso a nuevos préstamos de los organismos multilaterales de crédito- impactarán de forma directa en el esquema de dominio que Ortega mantiene en el Frente Sandinista, el Ejército y los poderes del Estado; e indirectamente en el sector privado y los grandes empresarios, en sus relaciones con el poder”.
En opinión de Chamorro, las sanciones de EU pueden suponer “el fin de la sucesión dinástica” de Rosario Murillo de 67 años como heredera de Ortega, de 73, “al quedar expuesta como una de las principales responsables de la masacre de abril que representa el mayor fracaso político del gobierno”.
Y es que la sanción, que incluye su inclusión en la lista OFAC del Departamento del Tesoro, anula su idoneidad para seguir ejerciendo una representación legal y económica del Estado, y su elegibilidad para una eventual candidatura. “Se trata de un golpe político severo para la copresidenta que comparte el control de todos los instrumentos del poder, y de paso le advierte a la cúpula del orteguismo y sus allegados que después de Murillo no existe ningún intocable”, afirmó Chamorro.
Agregó que es posible, como lo demuestra la experiencia de Nicolás Maduro en Venezuela, “que a lo inmediato las sanciones provoquen el efecto de un cierre de filas, invocando la amenaza del imperio”. Pero el problema “es que ello no conduce a una salida política a mediano plazo, mientras la economía seguirá desplomándose en caída libre”.
En segundo lugar, Chamorro consideró que las sanciones de EU “acentuarán la tendencia al cierre de las llaves de la inversión extranjera directa y la inversión pública, financiada con préstamos multilaterales”, lo que impactará en la pérdida de más empleos, en particular en la industria de la construcción, el comercio, y en la fragilidad del sistema financiero”.
No obstante, enfatizó que “la causa del problema no radica en las sanciones impuestas por nuestro principal socio comercial, sino en la crisis política provocada por Ortega”, que además “está colocando a la economía nacional en un callejón sin salida”.
Adelantándose a la escalada represiva, advirtió que “el presidente Ortega es el único responsable de las graves consecuencias económicas y sociales que amenazan al país, pero la única solución que propone es más represión, imponiendo un estado de excepción de facto”.
Por último, y no menos importante, Chamorro estimó que las sanciones de EU suponen un “emplazamiento explícito al sector privado de Nicaragua para que actúe como una fuerza de cambio democrático” y “una inusual advertencia a los grandes empresarios que también podrían ser objeto de sanciones, en caso de incurrir en actos de complicidad con el régimen”.
“A final de cuentas -consideró-, no son las presiones externas de EU, la OEA, la ONU, y la Unión Europea lo que permitirá restablecer el diálogo nacional [suspendido por el gobierno], sino la acción simultánea de la presión interna, política y económica del pueblo auto-convocado y el sector privado empresarial, juntos en torno a un programa mínimo de transición democrática”.
“Eso es lo único que puede llevar al orteguismo, con o sin Ortega, a aceptar el camino de la negociación política”, concluyó Chamorro y urgió al empresariado a demostrar con sus iniciativas que, “más allá de la política de terror del régimen, sí existe la esperanza de una salida política democrática”.
Expulsan a la CIDH
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó de Nicaragua a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras brindar un informe sobre la investigación acerca de los asesinatos ocurridos en mayo. El régimen argumentó que los organismos han tenido una actitud injerencista.
La coordinadora del Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) Ana María Tello informó que de forma oficial no se estableció en cuanto tiempo tendrían que abandonar el país, sin embargo de manera informal les dijeron que tendría que ser de inmediato.
