El llamado paquete económico representa los elementos de teoría económica que sirven para fijar las normas de ingresos y egresos de una nación.

En el mundo capitalista, el crecimiento es la meta y solo se puede producir mediante mayor cantidad de bienes y servicios; el Estado en este sistema protege la concentración de la riqueza y, en el caso del neoliberalismo, desregulariza y disminuye las funciones rectoras de un determinado Estado. El posicionamiento de la social-democracia ha pretendido, dentro de este sistema, aumentar el desarrollo social y darle un enfoque distributivo al ingreso nacional a través de la política fiscal.

La Constitución mexicana mantuvo esta tendencia hasta principios de los años ochenta cuando las fuerzas externas impusieron un férreo modelo, que ha producido la brecha más grande entre los que nada tienen y los pocos que controlan la mayor parte del ingreso nacional.

La propuesta económica de López Obrador se encuentra entre la espada y la pared, pues, por una parte, no puede desvincularse del control que el mercado ejerce sobre el crecimiento económico en su avasallador camino de riqueza concentrada en menos de 1 por ciento de la población y, por ello, tiene que mantener —como lo hizo— las variables que reflejan una política que no aumenta impuestos, que sigue condicionada por la presión internacional, bajo los preceptos del llamado Consenso de Washington.

Este consenso se refiere a la responsabilidad financiera, gasto controlado, paridad monetaria abierta, el libre juego del mercado, el adelgazamiento del Estado, la baja de impuestos —como el caso de la frontera norte— y apoyos a la llamada iniciativa privada; y, por la otra, su compromiso social es una obligación imperativa y absoluta que la plantea desde el asistencialismo, aumento a la pensión de adultos mayores, becas a los estudiantes de todos los niveles, amplio apoyo a los discapacitados y a los jóvenes que requieren trabajo —lo que implica una erogación muy grande pero justificada.

Finalmente, tendrá que realizar obras de infraestructura como el llamado Tren Maya, aun cuando en este terreno ha perdido la gran batalla del aeropuerto de Texcoco, que todavía no se resuelve, mientras que existan los miles de millones de pesos qué aclarar en manos extranjeras.

La visión es responsable y optimista como la inflación de 3.4 por ciento, la paridad a 20 pesos por dólar, el petróleo a 55 dólares el barril, todo ello difícil pero realizable y, si tiene éxito, arrojará un crecimiento igual de mediocre que el que tenemos de 2 por ciento.

Cabe señalar que el secretario de Seguridad Pública amenazó a la Cámara de Diputados que de no aprobarse el proyecto de la Guardia Nacional, las fuerzas armadas volverán a los cuarteles. Se les olvida que la demanda más importante de nuestra sociedad es la seguridad y la paz.

La Cámara de Diputados tiene la facultad de cambiar estos parámetros, sin embargo, se encuentra arrodillada y sumisa frente al gran poder del Ejecutivo.