Carlos Ornelas

El 15 de agosto de este año, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo una sesión de trabajo con rectores y directores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El compromiso fue nítido: “Para el ejercicio presupuestal de 2019 se incrementará el subsidio a las universidades públicas al menos en la proporción del aumento inflacionario”.

Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para el año que viene, las universidades públicas no vieron reflejado ese convenio en los datos. Se venían recortes —y severos— cuando hay universidades que no han pagado quincenas rezagadas ni aguinaldos. En términos porcentuales las grandes universidades se vieron perjudicadas, aunque hubo algunas estatales a las que les pegaba más fuerte. A la Universidad Nacional Autónoma de México le bajó el 6.3 por ciento, al Instituto Politécnico Nacional, 4.9 por ciento, y a mi Casa abierta al tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana, 7.7 por ciento.

El propósito principal del presupuesto es apuntalar las promesas de campaña del presidente López Obrador, programas sociales, energía y comunicaciones.

“Primero los pobres”, dice el gobierno; “creación de nuevas clientelas políticas”, aseguran los críticos. La reducción del presupuesto a la educación superior fue un pisotón a las clases medias y un insulto —así lo calificaron algunos rectores— a quienes apoyaron con todo al entonces presidente electo a organizar la consulta nacional sobre educación. Incluso, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro habló de un engaño.

Con todo y el puente Guadalupe-Reyes en boga, fiestas de fin de año, cierre de cursos y comienzo de vacaciones en muchas instituciones de educación superior, la voz de sus dirigentes se hizo escuchar rápido. Hay pruebas históricas de la capacidad de protesta de los universitarios. Las condenas públicas por medio de desplegados comenzaban a crear inquietud en cuadros del gobierno y en el Congreso. La diminución de recursos agrietó más la relación entre las universidades y el gobierno; los rectores no asimilaban todavía el “error” de eliminar la fracción VII del artículo 3⁰ constitucional que consagra la autonomía universitaria

Muchos legisladores son universitarios y saben que la mayoría votó por Andrés Manuel López Obrador y no conviene alienarlos de la alianza que encabeza Morena. Los reclamos de dirigentes y militantes de los partidos de oposición agarraron vuelo y se perfilaba una coalición contra Morena. Claro, para fines del presupuesto no afecta mucho, Morena y sus aliados tienen los votos para aprobarlo, pero no las enmiendas a la Constitución.

La manifestación de rectores en San Lázaro el día 16 fue una primera llamada, además de las protestas de artistas y otros sectores que ven afectados sus intereses. Investigadores distinguidos también reclamaron por los recortes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En suma, un caldo de cultivo que amenazaba con entrar en el caldero tan pronto como comenzara el año.

No obstante, errar es humano y corregir es de sabios, dice una paráfrasis de la parábola popular. Justo cuando el presidente López Obrador puso en marcha el Programa de 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y anunció el renacimiento de la Normal Rural de El Mexe, el martes 18, dio marcha atrás. “Yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades… y lo voy a cumplir”, aseguró. Y la maquinaria legislativa hizo un alto. El presidente López Obrador planteó un ajuste de 4 por ciento a las dependencias del gobierno federal.

Empero, el presidente no da su brazo a torcer con facilidad. Advirtió: “Seré respetuoso de la autonomía, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades públicas, que se acabe la corrupción”, sentenció.

Cierto, los universitarios no somos angelitos. Hay universidades donde un grupo controla el presupuesto —y lo hace con prepotencia—; hay nepotismo, herencia y venta de plazas y no solo de trabajadores administrativos, salarios de lujo para altos funcionarios, gastos de representación, además de los déficits por las pensiones, que son producto de conquistas sindicales desde los años ochenta. Sí, la autonomía universitaria ha sido un buen pretexto para medrar con el presupuesto de muchas instituciones.

Con todo, no se puede generalizar, muchas otras universidades hacen esfuerzos importantes para admitir a más estudiantes, continuar con sus proyectos de investigación y de trabajo cultural. Y lo hacen con cierta precariedad. La autonomía universitaria es un valor que hay que preservar.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno sabe escuchar y rectificar. Aquí está una prueba de ello. Tal vez vengan otras rectificaciones que abonen el camino para mantener el avance de la cuarta transformación, pero sin atropellar las instituciones ni embestir contra las clases medias. Ellas conquistaron la autonomía universitaria.