Para la teoría constitucional, las cartas magnas deben contener al menos tres elementos estructurales que les den este carácter; se trata del otorgamiento o reconocimiento de derechos humanos y garantías individuales, división de poderes y comicios democráticos; sobre estas tres concepciones del derecho se formalizan las Constituciones modernas.
Las nuestras, desde 1824, 1857 y 1917, han sido garantes, cuando menos en la norma, de estas instituciones.
Por eso, el conflicto que se ha planteado entre el Ejecutivo y el Legislativo con el Judicial debe valorarse a plenitud y entenderse con claridad.
El origen del tema salarial es muy antiguo, nos tocó en la LX Legislatura aprobar la reforma constitucional correspondiente al artículo 127 y discutimos el tema de la Suprema Corte, concluyendo que se respetarían los salarios de los funcionarios judiciales que estuvieran en activo, pero que, una vez que fueran sustituidos se aplicaría ésta reforma que tenía como limite el salario del presidente, el cual debería ser fijado por la Cámara de Diputados; incluso en ese tiempo, al que esto escribe le tocó exhortar desde la máxima tribuna a los ministros de la Corte para que, motu proprio, redujeran sus absurdos y astronómicos emolumentos.
En este gobierno el presidente se lo autodesignó, de tal manera que si hubiera decidido un sueldo más bajo, limitaría aún más los ingresos de la alta burocracia de los tres Poderes, de los organismos constitucionales autónomos y los órganos descentralizados.
En lo jurídico, la Corte está actuando mezquinamente e incluso antijurídicamente al suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, frente a la acción de inconstitucionalidad que se suscitó y sin tener derechos a ello.
El presidente López Obrador tienen la razón política y ética, pero el tema en realidad es menor, frente a la gran reforma que debe realizarse en un Poder Judicial que ha estado atrincherado en su nicho de comodidad y lujo frente a una, cada día mayor, corrupción y nepotismo de su institución. Más allá del aspecto de emolumentos, este es el momento de iniciar desde el Poder Legislativo y del constituyente permanente, reformas que le den al Poder Judicial mexicano un acercamiento mayor a la justicia y no solo a la legalidad.
Este tema debe ser abordado con prudencia, con inteligencia, con mesura, pues la lluvia de iniciativas que ha atendido este Congreso han sido importantes y muchísimas a tal grado que rebasan la calidad intelectual, académica, jurídica del Congreso, salvo claras excepciones; sus mayores vergüenzas son la aprobación de la Ley Taibo y el absurdo aplauso a la guapísima hija del presidente Trump que tanto nos ha ofendido.
Ojalá estos legisladores se preparen, estudien, se informen para estar a la altura de la cuarta transformación, de lo contrario no tendrá basamento jurídico serio y académicamente fundado.
Más allá de la interpretación a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es absolutamente claro y definido el precepto constitucional que establece que nadie podrá ganar más que el presidente la república.
