Por Ximena Covarrubias Faure
Año Nuevo, gobierno nuevo, presupuesto nuevo. Así comienza el 2019 con una serie de transformaciones a la asignación presupuestal la cual ha generado numerosas polémicas. Sin embargo, uno de los recortes que no ha sonado tanto es el designado a los programas para Personas con Discapacidad (PcD) con la no pequeña cantidad de más de 357 millones de pesos que se pierden en materia de salud, educación, accesibilidad y apoyo a organizaciones de la sociedad civil.
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el colectivo recibirá recursos “como nunca” y, si bien hubo un incremento considerable en la cantidad asignada a pensiones para PcD, estas únicamente se concentrarán en 1 millón de niños con discapacidad de escasos recursos, dejando de lado a los otros 6.5 millones de PcD que hay en nuestro país.
Las pensiones no son malas, pero sirven para maquillar la realidad y las imperfecciones de la cotidianeidad.
¿Qué pasa con un recorte de 100 millones de pesos para la accesibilidad en el transporte público cuando, tomando como ejemplo la CDMX, solo 5 por ciento de la ciudad es físicamente accesible? ¿Qué pasa con un recorte de más de 29 millones de pesos en el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa si, de por sí, solo 36 por ciento de las primarias y 34 por ciento de la secundarias del país atienden a estudiantes con discapacidad? O peor aún, ¿qué pasa cuando se elimina completamente el Programa de Coinversión Social que se enfoca en las organizaciones de la sociedad civil? La respuesta es: retroceso. Porque si bien las pensiones se designarán directamente a las PcD, quitar el apoyo a organizaciones implica una pérdida del poder de exigencia y fiscalización a las acciones que realice, o no, el gobierno en pro del colectivo. La gente recibirá dinero que utilizarán para complementar sus gastos diarios pero no habrá organismos que luchen por generar cambios que realmente puedan hacer la diferencia en la vida de las personas ya que muchos desaparecerán por falta de capital. Si aun con organizaciones que alzaban la voz la situación de las PcD era complicada, atenuar las voces individuales hará más difícil que sean escuchadas por el gobierno. Y, al parecer, eso es lo que quiere: que nadie le diga nada.
Las pensiones no son malas, pero sirven para maquillar la realidad y las imperfecciones de la cotidianeidad. El asistencialismo funciona siempre y cuando sea temporal: para contrarrestar las diferencias mientras se desarrolla la infraestructura física y legislativa para igualar las condiciones. No obstante, lo tentador del asistencialismo es lo sencillo que resulta aplazarlo y brindar falsas soluciones en lugar de arreglar lo que realmente se encuentra descompuesto.
En un país que se caracteriza por las brechas —salariales, de género, de etnia, de condiciones—, cubrir esos surcos con números es mucho más sencillo que implementar un sistema de cambio. Es perpetuar el falso bienestar de aquellos que lo reciben y logran adquirir más cosas (comida, televisiones, etc.) pero continúan sin poder mejorar su calidad de vida, ya que siguen sin poder asistir a la escuela, tener un transporte público eficiente o buscar un trabajo que los haga crecer —“ya para qué, ya tengo mi pensión”.