México es un país que esta fregado, porque lo han fregado por muchas partes, el crimen organizado y el narcotráfico; al amparo de las autoridades fueron coptadas casi todas las áreas productivas del país.
Hoy estamos impresionados de la dimensión que implica el huachicoleo, que no eran decenas de millones de barriles de petróleos los que se robaban, eran miles; durante al menos 18 años se dedicaron a saquear el país, dejando a México en medio de una crisis de inseguridad y violencia que será difícil remediar.
Pero otro importante sector productivo que también está controlado por el crimen organizado es la minería; de acuerdo con diversos informes, grupos criminales trasnacionales han cooptado la minería informal de oro en América Latina, generando enormes riquezas ilícitas, así como violencia, corrupción y destrucción del medio ambiente de la región.
Lamentablemente en México operan redes criminales que se han instalado en comunidades en donde la minería es un modo de vida.
Dos factores influyeron para que el crimen organizado viera la minera ilegal como un negocio rentable: el alza de los precios del oro y la llamada guerra contra las drogas. De acuerdo con el informe, en Colombia y Perú las ganancias por la exportación ilegal de oro fueron tan rentables que excedían las obtenidas por el tráfico de cocaína.
En el caso de México, este negocio ilegal ha registrado un incremento en los últimos años, los especialistas estimaron que actualmente 9 por ciento del oro extraído es controlado por cárteles y grupos del crimen organizado, una cifra nada despreciable, es decir alrededor de 486 millones de dólares cada año.
Recientemente las organizaciones criminales se han acercado cada vez más al negocio de la minería, en entidades como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas, el cobro de derecho de piso y robos a las empresas mineras, así como la extorsión y el secuestro de los trabajadores mineros es ya una realidad desde hace varios años, situación que ha elevado los costos por seguridad de empresas del sector y detenido algunos proyectos mineros.
En México operan redes criminales que se han instalado en comunidades en donde la minería es un modo de vida.
En México, los principales cárteles de la droga que operan y mantienen este tipo de control son: Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos y el Cártel de Sinaloa. Éstos trabajan con distintos mecanismos que van desde la extorsión, el robo y el secuestro de empleados, hasta esquemas más sofisticados —en ocasiones— coludidos con las propias mineras, con las cuales por medio del comercio del oro lavan miles de millones de dólares provenientes de otras actividades ilícitas.
Las pérdidas del negocio de la minería ilegal no solamente son económicas, los costos medioambientales y humanos son irreparables, ya que al no estar regularizada esta práctica se conduce a la deforestación y a la contaminación con mercurio y cianuro de las fuentes de agua potable cercanas a los yacimientos, así como al desplazamiento forzado de la mano de obra y al tráfico sexual.
Los mecanismos disponibles para combatir la minería ilegal son muy diversos: esta la legislación en los países importadores y exportadores, los acuerdos internacionales, las iniciativas del sector privado y los grupos de acción de la sociedad civil.
Además de estas opciones punitivas, también incluyen programas de certificación de las minas como productoras responsables y que promocionan la venta de oro de manera ética, aplicando estrategias similares, como el programa que pretende combatir el tráfico de los llamados: “diamantes de sangre”, que son aquellos diamantes obtenidos en una zona de guerra, mediante el uso de esclavos o personas en régimen de semiesclavitud.
Pareciera que la responsabilidad de la minería ilegal es de quienes explotan el oro, pero el principal responsable es el Estado y sus diferentes gobiernos, otro reto titánico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas está tratando de entender cómo combatir el millonario robo de combustibles.