Los expertos en seguridad han concluido que la Guardia Nacional no implica un nuevo paradigma en seguridad, sino que tratará de superar errores, deficiencias y desorganizaciones de la Policía Federal, la Gendarmería y acciones concretas de apoyo de las fuerzas armadas a la seguridad pública en el periodo 2008-2018.
En efecto, el Plan de Paz no descubrió el hilo negro. Lo malo, eso sí como aportación específica del nuevo gobierno lopezobradorista, es el desdén o descuido para aprovechar experiencias anteriores. Las fuerzas armadas fueron enviadas a acciones de seguridad pública sin formalizar legalmente su participación. El intento informal del Programa para la Seguridad Pública 2014-2018 y el formal de la Ley de Seguridad Interior partieron del hecho primario: dotar a la seguridad pública de un marco legal de operaciones.
El debate sobre la creación de la Guardia Nacional, con varios meses atorado en el Congreso, ha carecido de un marco legal formal. Todas las suspicacias de legisladores y organizaciones civiles se colaron al debate por la ausencia de un marco legal y doctrinario de la seguridad. El error ha partido del modelo sociológico del “pueblo bueno” y de la policía como placebo del padre encargado de la disciplina.
A la ausencia de un maco legal para definir las tres seguridades —pública, interior y nacional— se agrega la carencia de un diagnóstico del crimen en México desde la perspectiva gubernamental: bandas, apoyos, fuentes de poder, tráfico de armas, zonas de control, complicidades gubernamentales y sociales, entre los puntos más importantes. La crisis huachicolera fue una prueba de que el nuevo gobierno no tiene información real no solo de las bandas, sino de sus formas de operación y de sus vinculaciones con la sociedad. La crisis en Tlahuelilpan mostró, en toda su crudeza, que el pueblo no es bueno sino malo y que la función de seguridad del Estado tiene que ver también con el acotamiento de esos comportamientos delincuenciales de la sociedad.
La aportación del Programa para la Seguridad Nacional en 2014 fue doble: saber cómo andaban los cuerpos de seguridad y entrarle de lleno a la definición doctrinaria de la seguridad. Ahí se asentaron las bases de dos doctrinas indispensables para todo Estado: la de defensa nacional y la de seguridad interior, las dos en escalas superiores a la tradicional seguridad nacional de defensa territorial del Estado ante la eventualidad de una invasión militar extranjera.
La seguridad interior es, por así decirlo, el jamón de un emparedado con las dos piezas de pan: la pública y la nacional. Una de las primeras declaraciones del nuevo fiscal general de la nación Alejandro Gertz Manero afirmó que el huachicoleo es un crimen transnacional, y a ello debe agregarse la categoría de bandas criminales transnacionales con las que la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos califica a los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Los debates sobre la GN se agobian con funciones operativas y con daños a la población civil, sin explicar el contexto del crimen organizado/desorganizado: la capacidad de fuerza superior a la de los policías y la corrupción de autoridades.
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Las objeciones a la GN han olvidado también la parte más importante: el fracaso en la reorganización de la seguridad pública. En agosto de 2008, como consecuencia del escándalo y las presiones sobre el gobierno federal por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, gobierno y sociedad se comprometieron a un audaz e inédito programa de reorganización de los cuerpos de seguridad pública. Hubo cinco compromisos perentorios y nadie los cumplió porque la seguridad pública hoy es peor que la de 2008:
- Cuatro meses para crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza. El existente es… inútil.
- Un año para crear centros estatales de control de confianza certificados. Resultados nulos.
- Un año para evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de las cárceles y de Migración: Resultados: la corrupción policiaca, de justicia y política es hoy mayor a la del 2008.
- Seis meses para un sistema nacional de desarrollo policial en reclutamiento, selección, capacitación, promoción y depuración. Resultados: fracaso total.
- De uno a dos años para modernización de ministerios públicos. Resultados: los MP sin pieza del crimen organizado.
La GN quiere tapar esos hoyos y fracasos policiales y de seguridad pública. Pero lo nuevo debe comenzar de la evaluación de lo que no se cumplió.
Barandilla
- A pesar de la sabiduría militar de no provocar a civiles para evitar reacciones violentas de la gente, el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, con la explosión de la fuga de gasolina en una sección del ducto reveló que las autoridades civiles y de seguridad carecen de protocolos de seguridad ante masas civiles sin control.
- El debate sobre la Guardia Nacional parece haber paralizado a las fuerzas de seguridad porque los datos no oficiales pero pronto comprobables indican un aumento en las muertes violentas, con mayor incidencia entre las mismas bandas criminales, aunque de paso con bajas civiles colaterales. O la estrategia de seguridad está paralizada para incidir sobre la aprobación o carece de inteligencia sobre el comportamiento de los cárteles.
- Las nuevas autoridades de seguridad en Ciudad de México parece que no saben cómo hacerse de los hilos de sus funciones porque las primeras cifras hablan de un aumento no solo de los delitos criminales, sino de zonas territoriales en poder de los delincuentes. Si no hay resultados en los primeros cien días del gobierno capitalino, el bono político de la jefa Claudia Sheinbaum para encender focos rojos en Palacio Nacional.
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