El gobierno de Andrés Manuel López Obrador instrumentó varias medidas de carácter estratégico que están trastocando la visión imperante en gobiernos anteriores en el ámbito de los derechos humanos. Ello sucede justamente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió dos emblemáticos fallos condenatorios a cargo del Estado mexicano, relacionados con las abominables atrocidades perpetradas por elementos policiacos y militares en Atenco y San Buenaventura, Chihuahua, ambas abordadas en entregas precedentes.
La primera de esas acciones atañe al caso de Lydia Cacho Ribeiro, quien fue brutalmente perseguida y torturada a raíz de la publicación del libro Los demonios del Edén. Dado que las instituciones nacionales fueron absolutamente incapaces de brindarle la verdad, la justicia y las reparaciones integrales que ella demandaba, se vio obligada a acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emanado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este importante órgano supranacional tomó conocimiento del asunto y en junio de 2018 emitió una histórica resolución que estabecía que la periodista fue objeto de violaciones graves a los derechos humanos.
A efecto de dar debido cumplimiento a esa determinación, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, actuando en representación del Estado: I) asumió la responsabilidad por los hechos ocurridos hace más de una década, II) emitió una puntual disculpa pública, III) se comprometió a dar los pasos necesarios para reparar los daños, garantizar la no repetición de tragedias similares y llevar ante los tribunales a los responsables intelectuales, materiales y por cadena de mando. Su brillante intervención fue rematada con un trascendental anuncio político: “Este es el fin de la simulación para enfrentar las crisis humanitarias y de derechos humanos que enfrenta el país”. Tan categóricas palabras fueron secundadas por Juan Ramón de la Fuente, embajador ante la ONU, al aseverar: “En adelante los derechos humanos serán tratados de modo distinto”.
Dichos pronunciamientos no fueron meros suspiros al viento. Horas después, Encinas solicitó a los embajadores y cónsules de nuestro país que no sigan defendiendo lo indefendible en relación con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Explícitamente les pidió que no acojan más la “verdad histórica” tramada por la anterior administración y que difundan la tesis de que aún no hay verdad objetiva alguna, pues ello será el fruto del desempeño de la Comisión creada para ese propósito específico como primer acto del gobierno de la cuarta transformación.
Doña Mary les advirtió: “Nada está bien. Ayotzinapa sigue, vamos a seguir exigiendo que se diga la verdad sobre nuestros hijos”.
El impacto que este inédito señalamiento causó en los miembros del servicio exterior se agigantó a niveles inconmensurables cuando, rompiendo todos los cánones y protocolos de la diplomacia, doña Mary, la madre de uno de los estudiantes, les compartió su dolor y con voz encendida les advirtió: “Nada está bien. Ayotzinapa sigue, vamos a seguir exigiendo que se diga la verdad sobre nuestros hijos”.
La saga concluyó en forma definitivamente plausible con la instalación formal del organismo sui generis que se abocará al esclarecimiento del destino de los muchachos de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, para lo cual se considerarán todas las hipótesis y líneas de investigación posibles y se solicitará el apoyo de las instancias internacionales.
Sin lugar a dudas, estamos en presencia de un giro extraordinario en el campo de los derechos humanos que amerita ser coronado con el sometimiento de la propuesta de creación de la Guardia Nacional a los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como fue planteado por el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su intervención de hace unos días en las audiencias convocadas por la Cámara de Diputados.