Los tiempos políticos de consulta podrían haber arruinado la funcionalidad de la Guardia Nacional: la decisión se frenó en el Congreso, la mayoría de Morena va a abrir audiencias publicas y el gobierno prometió una consulta popular. Desde ahora se puede decir que es posible que la GN no se hará; pero de hacerse, el proceso de audiencias y consulta le quitará efectividad.
Los padres teóricos del Estado moderno —Niccolò Machiavelli 1469-1527) y Thomas Hobbes (1588-1679)— coincidieron en señalar que la función fundamental del Estado era la seguridad de los ciudadanos; y los dos fueron claros en reiterar la capacidad autoritaria del Estado para cumplir con esas tareas. El florentino habló de crear un ejército propio y el inglés determinó que “los pactos sin espada” carecen de viabilidad.
Fracasado el modelo de policía federal y de gendarmería, Andrés Manuel López Obrador y su operador de seguridad Alfonso Durazo Montaño reconocieron que la inseguridad era el problema social número uno y se comprometieron a bajar las cifras a la media internacional en tres años y que para ello estaría la Guardia Nacional. Las vacilaciones sobre el nuevo cuerpo de seguridad –si, no, quién sabe, a lo mejor, vamos a ver— fortalecieron la oposición de grupos sociales.
En política la duda en la toma de decisiones significa un fracaso. Y como no hay una alternativa a la necesidad de construir un organismo de vigilancia nacional contra toda clase de bandas y cárteles, entonces la tardanza no ha hecho más que fortalecer el accionar criminal de los capos porque perciben una autoridad con las manos atadas por las restricciones sociales.
Todo cuerpo policiaco es una violación de los derechos humanos; pero sin esos organismos de seguridad la sociedad regresaría a los tiempos que Hobbes llamó el “estado de la naturaleza” o la guerra de todos contra todos. En Estados Unidos el poder imperial ignora toda oposición o acusaciones contra el abuso de poder, pero solo así se pueden tener cuerpos de seguridad con eficacia. Eso sí, la Casa Blanca disfruta cuando contiene la organización de seguridad de otros países, pero no lo hace por derechos humanos sino para “venderse” como la única salida: que el ejercito estadunidense se instale en territorios de otras naciones.
La GN nace por decisión de autoridad del Estado o será un cuerpo acotado y por tanto ineficaz. Lo sabe el secretario Durazo, pero la Secretaría de Gobernación le ha puesto dos cuñas: la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas. El problema radica en que estos dos funcionarios quieren una GN acotada de antemano y no con instrumentos de supervisión estrictos. Si suponen que se puede combatir la inseguridad sin sobresaltar los derechos humanos, entonces es que no han entendido la lógica de poder de la criminalidad.
La creación de un cuerpo especial de seguridad en un escenario de casi 300 mil muertos violentos por enfrentamientos entre bandas y por daños colaterales es un asunto de Estado. Si el gobierno de López Obrador no tiene una opción, entonces debe instalarlo y ponerlo a funcionar de inmediato, con controles prontos y futuros en función de desvíos. Si no lo hace, entonces del debate social saldrá una policía acotada y sin efectos inmediatos. Todo cuerpo de seguridad es intimidante y disuasorio o no sirve para combatir a una criminalidad organizada en grado de fuerza armada al servicio de los malos. La ley sirve contra la criminalidad solo si es excesiva en sus castigos e implacable en su aplicación.
El secretario Durazo Montaño no ha ejercido la autoridad del cargo para convencer al presidente López Obrador que lo peor que le puede pasar a la seguridad sería transitarla por los foros, audiencias y consultas. Al final, los cuerpos de seguridad siempre serán condenados y repudiados por los ciudadanos, pero sin ellos la sociedad quedaría subordinada a los criminales. Y paradójicamente hay pruebas de que sectores sociales aceptan más las dádivas de los criminales que los sacrificios exigidos por el Estado.
La unidad de mando en materia de seguridad es clave para ofrecer la imagen de un Estado con autoridad vertical para combatir a los delincuentes. Los abusos, ciertamente, deben ser evitados y castigados con severidad, pero las suspicacias por violación de derechos humanos no pueden dar a luz un cuerpo de seguridad sin fuerza, sin autoridad y sin poder.
La decisión gubernamental sobre la GN determinara si el nuevo gobierno considera el delito criminal como un acto social fallido —la banalidad del mal de Hannah Arendt— o si se concibe el crimen como un acto premeditado de maldad absoluta. Ahí estará la clave para ver los alcances que tendría la GN que salga de los foros, audiencias y consultas.
Y la GN mostrará si habrá una Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana o una oficialía de partes de Gobernación.
Barandilla
- Las cifras de inseguridad y crímenes violentos de 2018 deben servir de punto de partida para el nuevo gobierno. Esa data ofrece un panorama nacional, estatal y municipal de la inseguridad. Sin embargo, las nuevas autoridades parece que aún no se deciden a procesar esas cifras para transformarlas en programas concretos.
- Inquietud en el ejército por la baja de salarios. Lo de menos es considerar que su disciplina está garantizada a toda prueba, pero sus funciones son aún más especializadas que las del sector petrolero y financiero donde se han permitido salarios más altos que los del presidente de la república. Y pronto se permitirán salarios altos al cuerpo diplomático en el extranjero.
- Como que pasó de noche la decisión del gobierno del presidente López Obrador sobre el fin de la iniciativa Mérida, donde la parte más importante no eran el dinero, sino el intercambio de inteligencia y la capacitación de personal. Marina y Defensa habían consolidado experiencia con el training
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh