La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentaron el plan para liberar a presos políticos en el país, a través del cual, informaron, han sido liberadas 16 personas hasta el día de hoy.

Se trata de la creación de una Unidad Especial para el Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia en el país, que estará compuesta por por direcciones generales, y que revisará los casos en los que personas son privadas de su libertad.

Además, informó la secretaria, ya se encuentran en revisión 368 casos de activistas y personas que no ha tenido un debido proceso. “Muchos de ellos incluso no han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad, otros tantos no han tenido sentencia porque jueces no han podido condenarlas por no tener elementos probatorios o evidencias”, afirmó la funcionaria.

Como ejemplo, Sánchez Cordero habló de ambientalistas privados de su libertad por oponerse al fracking en la zona norte de Puebla, “gente humilde que no tuvo derecho siquiera a un defensor público”, así como mujeres indígenas que no tuvieron interprete, defensa, y mucho menos un debido proceso.

También aseguró que hay casos de personas detenidas por su oposición al a Reforma Educativa, y a las diferentes reformas del gobierno de Peña Nieto. “No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”, enfatizó.

Aclaró que en dicho plan solo pueden revisarse procesos federales, sin embargo a través del amparo se podrían comenzar a examinar casos de personas con causas penales a nivel local en los diferentes estados de la República.

Es el caso de las mujeres presas por abortar, la secretaria de Gobernación afirmó que se está analizando cómo podrán trabajar en sus casos, que corresponden a los ámbitos locales, pues son las entidades federativas quienes tienen tipificado ese delito. “Es uno de los grandes temas que estamos tratando de analizar, y posiblemente defendiéndolas en el amparo con defensores públicas puedan pasar al ámbito federal”.

“Si algo ha tenido la población en todo este tiempo, es rezago en impartición de justicia, queremos que todas estas personas tengan respuesta por parte del Estado, queremos hacerlo con celeridad”, manifestó, y aseguró que todo el sexenio serán revisados los casos.

Sánchez Cordero informó también que aunque en este momento no se trata una ley sino una revisión caso por caso, ya se trabaja en la creación de una legislación de amnistía que pueda brindar protección a la gente encarcelada injustamente.

“Que no se acuse a opositores, a dirigentes sociales, a ambientalistas, hasta de lavado de dinero y se le envía a las cárceles. Nunca más una represión. Y estamos reparando los daños, que los inocentes puedan salir de las cárceles”, agregó el presidente.