La guerra contra el huachicol sigue en el centro de la vida pública. Largas colas en las gasolineras evidencian que la escasez continúa y lo sorprendente es que las encuestas, aun las más sesgadas, le den amplísimo apoyo a la decisión de combatir el robo de combustibles, pues entre 60 y 80 por ciento de la población está de acuerdo con llevar adelante esta batida contra la criminalidad. En esta opinión colectiva cuenta por supuesto la simpatía con el actual jefe del Ejecutivo federal, pero también, y en no escasa proporción, la conciencia de que el petróleo es una riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos.
Huachicol y sus derivados son palabras que no registran los diccionarios, pero que ya han sido incorporadas al lenguaje popular. Al parecer, esos términos se derivan de huacho o guacho, aféresis de huachinango, como se llamaba a los habitantes del altiplano en el México colonial. Huacho, según el mamotreto de la Madre Academia y el lexicón de doña María Moliner, tiene origen quechua, aunque sus significados nada tienen qué ver con el sentido que entre nosotros se asigna al término.
El Diccionario de mejicanismos del benemérito Francisco J. Santamaría dice que en Yucatán guache, guacho, guachi o uach vale por “habitante del interior”, en tanto que guachi es también “trampa de una varilla elástica, con un lazo de hilo en un extremo para cazar pequeños cuadrúpedos”. El sabio tabasqueño también le atribuye el significado de “trampa, lazo, engaño, ardid para perjudicar a alguno”, en tanto que chicolero es el que “gusta de chicolear” y chicol lo define como “instrumento a modo de garabato que se usa en el campo; vara larga con gancho para cortar fruta de los árboles”.
La ofensiva gubernamental ha hecho retroceder a los delincuentes, pero falta que se realicen las aprehensiones necesarias y que los responsables paguen con cárcel.
Saque cada quien sus conclusiones. Lo importante es que se está combatiendo una práctica que anualmente le cuesta al país algo así como tres mil millones de dólares —dato de Federico Reyes Heroles—, lo que equivale a dos y media veces el presupuesto de la UNAM.
La ofensiva gubernamental ha hecho retroceder a los delincuentes, pero falta que se realicen las aprehensiones necesarias —masivas en este caso— y que los responsables paguen con cárcel. También, debe desactivarse el apoyo al huachicoleo de ciertas comunidades que incluso llegan a la complicidad, porque este delito corrompe masivamente.
Por último, es curioso que la andanada de ataques panistas contra López Obrador, desatada a raíz de la muerte de Rafael Moreno Valle y esposa, se haya detenido abruptamente cuando se le declaró la guerra al huachicoleo. ¿Oportuno remojo de barbas?