Entrevista a Julio Icaza Gallard | Miembro del Movimiento por Nicaragua

 

México debe condenar públicamente, y de la manera más enérgica, como lo ha hecho América Latina y todo el mundo civilizado, la violencia tan brutal e indiscriminada desatada por el gobierno de Daniel Ortega.

Ortega “ordenó asesinar a personas inocentes, que se defendían en las barricadas con tiradoras y morteros de fabricación casera. Lo de Anastasio Somoza fue una guerra; esto es una masacre, una carnicería, donde las víctimas son niños, adolescentes, jóvenes estudiantes desarmados”, señala Julio Icaza Gallard, miembro del Movimiento por Nicaragua.

Afirma que el régimen de Ortega “es una dictadura, en muchos aspectos peor que la de los Somoza, contra la que él luchó, sin embargo, ellos jamás llegaron a concentrar tanto poder político y económico y, excepto en la última fase de la guerra, nunca desataron” una violencia como la de hoy.

En entrevista vía Internet, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), apunta que ​Daniel Ortega “nunca fue un líder democrático. Aceptó la derrota electoral de 1990, cuando perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro porque esa fue una decisión colectiva, de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), compuesta entonces por los nueve comandantes”.

“Tras su regreso al poder en 2007, en una de las pocas entrevistas concedidas a medios extranjeros, en la televisión cubana, expresó su rechazo del pluralismo de partidos políticos y su preferencia por los regímenes de partido único. Pero más que sus preferencias ideológicas lo que lo define como un dictador es la práctica, chantajeando y desestabilizando los gobiernos democráticos mientras estuvo en la oposición y concentrando poder, corrompiendo las débiles instituciones democráticas y demoliendo el Estado de derecho desde su regreso al poder”, asegura.

El experto en derecho constitucional e internacional destaca sus primeras acciones: “fueron encaminadas a cooptar al Ejército y someter partidariamente a la Policía Nacional. Reprimió selectivamente la débil protesta social, en particular al movimiento campesino opuesto a la concesión de un canal interoceánico. Se trataba de una dictadura en lo institucional que, sustentada por la cooperación petrolera venezolana y el corporativismo económico derivado de un pacto con la empresa privada, no había necesitado, hasta antes de abril de 2018, recurrir a la represión masiva, dura e indiscriminada”.

“Las primeras protestas estudiantiles contra el aumento de las cotizaciones y la reducción de las pensiones de la Seguridad Social fueron reprimidas con una violencia inusitada, que desató la espiral de indignación y rechazo por tanto agravio acumulado. Explotó la crisis de legitimidad y gobernabilidad que algunos veníamos alertando con insistencia”, sostiene.

 

Represión masiva

En opinión del diplomático nicaragüense, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de Amnistía Internacional (AI) y, más recientemente, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “son contundentes y escalofriantes”.

“La represión —dice— es sistemática, obedeciendo órdenes directas de Ortega y Rosario Murillo —vicepresidenta y esposa del mandatario— de aniquilar, de tirar a matar contra todo aquel que participa en las protestas, los tranques y barricadas. Hay cientos de personas encarceladas, acusadas de “terrorismo” en procesos que no cumplen las más mínimas garantías de legalidad, que están siendo torturadas y maltratadas. Se trata de crímenes de lesa humanidad, como señalan los informes, que no prescriben y que están sometidos a la jurisdicción universal de acuerdo con el derecho internacional”.

 

Prohibido, uso de símbolos patrios

Julio Icaza explica que en materia de derechos humanos los organismos nacionales hablan “de más de 700 encarcelados, muchos de ellos sin ser sometidos a ningún juicio, otros que son condenados tras farsas judiciales y acusaciones totalmente infundadas, sin derecho alguno a la defensa y celebrados en secreto. Se trata de juicios políticos, como reconoció Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y uno de los principales operadores políticos de Ortega, que renunció hace pocos días. La liberación de todos los prisioneros políticos y la anulación de esos falsos juicios es indispensable para poder retomar el diálogo”.

Sin embargo, comenta que “no solo están los familiares de las más de 300 ejecuciones extrajudiciales que reclaman justicia, los más de 700 injustamente encarcelados, los más de 40,000 refugiados y exiliados. En esta última etapa se persigue el periodismo independiente, se cerraron canales y programas televisivos; un periodista fue asesinado, el director del canal 100% Noticias y una periodista se encuentran encarcelados; han sido allanadas las oficinas y confiscados sus medios materiales; más de 60 periodistas tuvieron que huir del país, incluyendo a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y otros programas televisivos, quien tuvo que refugiarse en Costa Rica”.

Además, “al diario La Prensa le está siendo retenida arbitrariamente en la aduana el papel y la tinta, por lo que en pocas semanas se verá obligada a dejar de circular. A diversas organizaciones de la sociedad civil les fue arrebatada su personalidad jurídica y asaltadas sus oficinas”.

 

¿Por qué desligarse de los esfuerzos que vienen realizando los otros países latinoamericanos? México no puede desentenderse de los graves problemas que enfrenta la región centroamericana.

 

“Todas las semanas aparecen denuncias en los medios de personas que son arrestadas de forma arbitraria. Las manifestaciones fueron prohibidas, así como la exhibición de los colores y símbolos patrios asociados a la protesta”, dice Icaza Gallard.

El integrante del Movimiento por Nicaragua agrega que son pocos los derechos ciudadanos que el gobierno de Ortega “no ha violado. Lo más grave son los crímenes de lesa humanidad, que deberán ser investigados y juzgados. Por otra parte, la fuga de capitales y la paralización de las inversiones, sumadas a las amenazas de suspensión de préstamos de los organismos financieros internacionales, han generado cientos de miles de desempleados y un descenso de más de 4 por ciento en el crecimiento. Una situación económica cada vez más angustiante, que puede llevar al caos y más revuelta social”.

Advierte que “hasta hoy Ortega ha dado muestras de estar dispuesto a todo con tal de no dejar el poder. Ha cerrado toda posibilidad de diálogo y negociación, acusando a los obispos de la Conferencia Episcopal —que ejercían el papel de mediadores— de golpistas. Las medidas cautelares de protección emitidas por la CIDH son desobedecidas. Estas organizaciones internacionales fueron expulsadas de Nicaragua y mientras estuvieron en el país se les impidió y bloqueó su trabajo”.

Sostiene que el regreso y las garantías para el pleno funcionamiento de estas organizaciones es una condición indispensable para retomar el diálogo, así como una acción enérgica de la comunidad internacional, a través de sanciones y otro tipo de medidas políticas y diplomáticas, puede obligar a Ortega a detener la represión y sentarse a dialogar.

 

México como intermediario

En opinión del jurista, el reto fundamental es relanzar el diálogo, ajustando los procedimientos y los interlocutores, incluyendo a otros actores internacionales como testigos y garantes. El diálogo debe ser amplio y público, pero las negociaciones deben ser privadas y estar a cargo de equipos compactos y experimentados. Debe negociarse un calendario electoral, que incluya plazos para las reformas del sistema y la realización de elecciones con todas las garantías necesarias y observación internacional.

Esto —apunta— “debe ir acompañado de la creación del clima de mínima normalidad necesaria, que no se consigue con la represión como hoy pretende el régimen, sino que deriva del restablecimiento del Estado de derecho, de la anulación de los juicios políticos y la liberación de los presos, el retorno de los refugiados, las garantías para el pleno ejercicio de las libertades de movilización, organización y comunicación”.

Al planteamiento de que Ortega le tomó la palabra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de mediar y facilitar el diálogo para coadyuvar a resolver los conflictos internos de Nicaragua —por lo que el canciller de Nicaragua Denis Moncada Colindres viajará a México—, el exembajador de Nicaragua ante la ONU señala que esta oferta “fue rechazada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización que aglutina todas las fuerzas opositoras al régimen. Fue una propuesta contradictoria en muchos sentidos, en primer lugar, con la política de no intervención proclamada por López Obrador”.

Destaca que no saben “hasta qué punto fue una táctica para aplacar la dura crítica que surgió internamente hacia esta política que rompe la tradición histórica mexicana de oposición a las dictaduras en América Latina, o si es un gesto de interés genuino por colaborar a una justa solución de la crisis nicaragüense”.

“Fue una iniciativa que no podía sino suscitar todo tipo de suspicacias, dentro y fuera de Nicaragua, ¿por qué desligarse de los esfuerzos que vienen realizando los otros países latinoamericanos? México no puede desentenderse de los graves problemas que enfrenta la región centroamericana, y si existe un genuino interés en colaborar con una solución pacífica del problema en ese país debe estar dispuesto a reformular su propuesta, armonizándola con los esfuerzos interamericanos”, expresa.

Añade que la postura de México de negarse a condenar la masacre del régimen de Ortega, “ese silencio hizo que esta propuesta de mediación fuese vista con mucho recelo y rechazada por la oposición. Mediar no implica cerrar los ojos ante la realidad, olvidar principios fundamentales, actuar desde un pragmatismo supuestamente incontaminado, haciendo a un lado la ética y el derecho internacional”.