Lo acontecido en Tlahuelilpan, Hidalgo, la tarde del viernes 18 de enero, es una suma de lamentables y lastimosos hechos consistentes en omisiones por parte del gobierno de la república y la imprudencia de quienes se encontraban en ese momento en el lugar de la tragedia, investigar al respecto será un reto que el recién nombrado fiscal General de la República habrá de atender.
La Fiscalía General no solamente deberá llevar a cabo las indagaciones necesarias para en su caso fincar responsabilidad a quienes así corresponda, sino también investigar y desmantelar las obscenas estructuras de quienes se dedican al robo de combustible, en el que podrían estar involucrados poblaciones rurales, empleados del gobierno y hasta carteles de narcotráfico.
A inicios de enero, ciudadanos de diversas entidades federativas manifestaron su inconformidad por el desabasto de combustible, una de tantas respuestas del gobierno fue el combate al huachicoleo.
Es sensato que el gobierno de la república pretenda acabar con el robo de combustible, también llamado huachicoleo, sin embargo, se convierte en desatino cuando no hay una estrategia trazada, que sea transparente y con un plan de acción que evite que millones de ciudadanos se queden sin gasolina, incluidos los cuerpos de emergencia.
Transparencia no significa salir todas las mañanas a dar conferencias de prensa, pues solamente se dan a conocer verdades a medias y ocurrencias, algunas veces ni siquiera eso.
Investigar al respecto será un reto que el recién nombrado fiscal General de la República habrá de atender.
El pasado 14 de enero en una de sus “conferencias matutinas”, el presidente de la república era cuestionado sobre una supuesta reducción de importaciones de gasolinas, como lo aseveró el The Wall Street Journal, la respuesta fue primero desacreditar al medio de comunicación que difundió la noticia, como lo ha hecho en anteriores ocasiones ante datos que no le favorecen, sin ni siquiera, en tal caso, desmentir el medio con datos duros. Igualmente, existe un desconocimiento total de la información por parte de la titular de la Secretaría de Energía, incluso el director general de Petróleos Mexicanos no fue capaz de atender el cuestionamiento.
Pese a las buenas intenciones del nuevo gobierno, sus acciones no son claras, el 15 de enero se esperaba en el Palacio Legislativo de San Lázaro el arribo de los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que comparecieran ante una comisión compuesta por legisladoras y legisladores, y así dieran cuenta de la grave crisis de abasto de combustible que estaba provocando una mala estrategia implementada por el gobierno de la república, si es que la había, la respuesta a los mexicanos fue no llegar, no dar la cara y mandar al diablo las instituciones, como alguna vez lo prometió López Obrador.
Lamento decirle al nuevo gobierno que no solo con buenas intenciones se gobierna, los más de 119 millones de mexicanas y mexicanos queremos estrategias claras y eficaces para evitar el robo de combustibles, pero sin que afecten nuestra vida diaria, además se deben evitar más tragedias como la de Tlahuelilpan, el gobierno debe hacer todo lo posible para evitar que la pobreza, la corrupción o incluso la falta de gasolina sean argumento para que alguien exponga su vida.