La renuncia de Rafael Solís a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua tras 21 años en el cargo, y a su militancia de casi medio siglo en el gobernante Frente Sandinista (FSLN), supone la principal ruptura que se ha producido hasta ahora en el seno del régimen de Daniel Ortega desde el inicio de la rebelión pro democrática de abril. También, abre una fractura en la cúpula del poder, cuando analistas políticos advierten del riesgo de una guerra civil en caso de que continúe la represión contra la población desarmada, en un país con una larga trayectoria de lucha y millares de armas enterradas desde el fin de revolución de 1979-1990.

El 10 de enero, Solís sorprendió a la opinión pública local e internacional con una extensa carta donde anunció su renuncia al cargo, denunciando la consolidación de una “dictadura con caracteres de monarquía de dos reyes”, en alusión a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo; y advirtió del peligro de una guerra civil por la falta de voluntad política para dialogar. Asimismo, negó la existencia de un “golpe de Estado”, el principal argumento de Ortega-Murillo para reprimir con fuerza las protestas de estudiantes que estallaron el 18 de abril y que pronto alcanzaron dimensión nacional con la exigencia de pobladores, campesinos, sociedad civil y empresarios de su salida del poder y la convocatoria a elecciones anticipadas.

En opinión del periodista Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial, cuyas instalaciones fueron allanadas y confiscadas en diciembre por la Policía –aunque el medio sigue circulando a través de YouTube, junto a otros espacios televisivos del conocido comunicador–, Rafael Solís confirmó “lo que todo el mundo ya sabía: que la protesta cívica no fue un golpe de Estado”; que el régimen de Ortega, en el poder ininterrumpido desde 2007 –luego de encabezar en los años ’80 la revolución sandinista– “derivó en una dictadura monárquica, la cual desplegó la fuerza provocando una matanza”; “que en Nicaragua no hay normalidad sino un régimen de terror”, “que la Justicia se maneja desde las oficinas de Ortega” y que más de 300 presos políticos, en su mayoría estudiantes, “están detenidos y serán condenados de manera injustificada” por sedición y terrorismo sin ninguna base ni garantía jurídica.

Y los más importante de todo, añade Chamorro: que el magistrado Solís, hoy en Costa Rica y quien durante años fue el “operador político” de Ortega y del Frente Sandinista, ha advertido que ni Ortega ni Rosario Murillo tienen voluntad de hallar una salida negociada a la crisis, sino que por el contrario, “están empujando al país hacia una guerra civil”, cuando además la represión policial y paramilitar ha dejado más de 3 mil heridos, decenas de desaparecidos y más de 60 mil nicaragüenses en el exilio huyendo de la persecución política.

Para la dirigente del opositor Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Dora María Téllez, ministra de Salud durante la revolución y ex comandante guerrillera, la salida de Rafael Solís, quien fue el testigo de boda de Ortega-Murillo cuando estos se casaron por la Iglesia Católica en 2005 tras años de relación y seis hijos en común, es “un terremoto político y moral”.

Hay que destacar que Solís tuvo un destacado protagonismo en hallar la vía legal para que Ortega pudiera reelegirse en 2010, cuando la Carta Magna le impedía que se volviera a postular. De ahí que funcionarios del régimen califican de “traición” su renuncia, en declaraciones a la prensa del diputado sandinista Jacinto Suárez.

Las redes sociales se vieron inundadas de inmediato de descalificaciones y epítetos contra Solís acusándolo de “traidor y vendepatria”, aunque oficialmente no hubo comentarios.

Téllez destacó en entrevista con Confidencial que Solís era del estrecho círculo de las personas más allegadas a Daniel Ortega y a Murillo, y “caja de secretos” del orteguismo, incluyendo el manejo de las cuentas públicas.

Es un “terremoto moral”, afirmó, “porque su salida confirma lo que la mayor parte del pueblo sabe: que este es un régimen que está agonizando, que está derrotado y que el problema que tenemos los nicaragüenses es que Ortega insiste en mantenerse en el poder a sangre y fuego”.

Para Téllez, quien está bajo resguardo en Nicaragua y cuya casa también fue allanada por la policía en días recientes en forma ilegal, Daniel Ortega “ya no puede mantenerse en el poder”. Como prueba es que “incluso desde el círculo más íntimo, de sus asesores, de su gente con la que ha trabajado, se le está simplemente diciendo: esto se acabó, es el momento de tomar otro camino, y es el momento también de hacer cambios que le permitan a los nicaragüenses vivir en paz”.

En su carta pública y también en declaraciones al New York Times, Solís fue implacable en su crítica a Ortega al afirmar que “la separación de poderes en Nicaragua se acabó”, “la concentración de poder está en ellos, esas dos personas”.

También dijo que ahora lamentaba uno de sus dictámenes más significativos, el ya mencionado fallo de la Corte Suprema de 2009 que puso fin a los límites del periodo presidencial y le permitió a Ortega permanecer en el poder, y adelantó que creía que más funcionarios iban a renunciar a sus cargos por la crisis en el país.

La salida de Solís coincidió con otras dos defecciones confirmadas: la de Carlos Schutze, al frente del ente regular de agua Enancal y la de Víctor Urcuyo, superintendente de la Siboif, el enlace con los bancos y otras instituciones financieras, quien adujo motivos de salud.

La renuncia de Urcuyo fue mencionada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, durante su intervención en la sesión del Consejo Permanente de este organismo para abordar la crisis de Nicaragua.

El 12 de enero policías requisaron el despacho de Rafael Solís, sin orden judicial de allanamiento, se denunció.

Las redes sociales, inundadas en estos días de caricaturas alusivas a ratas lanzándose por la borda del barco del orteguismo, especulan sobre la posible salida de otra figura clave del gobierno: el antiguo comandante de la revolución, Bayarce Arce, el único de los viejos dirigentes sandinistas que permanece junto a Ortega, ambos empresarios multimillonarios.

Arce acompañó a Ortega en la mesa de diálogo instalada en mayo bajo los auspicios de la Iglesia Católica, hoy también perseguida, cuando el improvisado liderazgo estudiantil que inició las protestas contra una reforma a la Seguridad Social que afectaba las pensiones de los jubilados, exigió ante las cámaras la “renuncia y rendición indeclinable” del presidente. La mayoría de esos jóvenes están hoy presos, muertos, clandestinos y/o en el exilio como es el caso de Lesther Alemán, el universitario de 21 años que retó a Ortega.

Arce, asesor económico del gobierno y quien en los ’80 dirigió el área de propaganda de la revolución contra los medios de prensa privados y la agresión militar de Estados Unidos, declaró en abril a Univisión, tras el estallido de la revuelta, que había sido un error la reforma a la Seguridad Social, finalmente abortada y admitió la represión desbordada de la Policía contra los manifestantes y que simpatizantes del gobierno habían atacado las protestas pacíficas.

Pese a su perfil altamente mediático, Arce no es visto en público en Nicaragua desde octubre pasado luego de atender una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

“Ortega quiere garantizar sus intereses”

En opinión del mayor en retiro y ex guerrillero Roberto Samcam, en el exilio por su oposición de Ortega desde antes de la revuelta de abril, este está en un “callejón sin salida” que lo obligaría a retomar el diálogo nacional, roto en julio después de dos meses de infructuoso trabajo.

En un artículo retomado por la prensa internacional, Samcam estimó que Ortega, de 73 años, se encuentra en un atolladero por lo que buscará “algún tipo de salida que garantice un proceso de transición favorable a sus intereses”, a sabiendas de que la Organización de Estados Americanos (OEA) inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, lo cual lo forzará a iniciar una negociación, “prevista inclusive para el muy corto plazo”.

Según el militar, “realmente es muy poco lo que puede hacer el orteguismo para evitar la acción de la comunidad internacional agrupada en la OEA” y que “el cuento del golpe de Estado fraguado por el imperialismo norteamericano no convence a nadie”, más aún después de la contundente denuncia del ex magistrado Rafael Solís.

“La gran mayoría de países del continente se terminan de convencer de la amarga realidad: lo que ha habido es la violación sistemática, con violencia excesiva y rayando en la categorización de crímenes de lesa humanidad, de los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del gobierno”, enfatizó.

También tildó de “crucial” el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aseguró que existen pruebas para argumentar que el gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis. El GEI debió difundir su informe en Washington tras ser expulsado de Nicaragua en diciembre.

“Fue este informe el que ha motivado que muchos de los países que han mantenido una posición muy dual con el régimen de Ortega, estén considerando muy seriamente continuar su apoyo”, agregó.

Por tanto, continuó Samcam, “todo esto va a desembocar en un proceso de negociación” y “es a lo que está apostando” el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la comunidad internacional.

“Ante este panorama, Ortega y Rosario Murillo están en un callejón sin salida y es cuestión de tiempo para que el primero haga un llamado a continuar el diálogo nacional”, razonó.

Para el ex guerrillero, tanto la OEA como Estados Unidos están dejando al gobierno de Ortega “un pequeño espacio de salida y van a tenerlo que aprovechar”.

También el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, una de las voces eclesiales más críticas del orteguismo y quien fue agredido incluso físicamente por la policía junto al nuncio apostólico, consideró que la carta de renuncia del ex magistrado Solís es una oportunidad para rectificar su actuación y reanudar el diálogo, donde la Iglesia Católica fue testigo.

Las cosas que Solís reveló “son otra ocasión propicia que tiene el gobierno para rectificar, para abrir y buscar caminos de diálogo y presentarse con una nueva voluntad política ante este conflicto que sigue sangrando a Nicaragua”, señaló Báez –quien ha recibido amenazas directas contra su vida– después de su homilía dominical el pasado domingo.

Aunque Ortega no ha demostrado voluntad de dialogar, monseñor Báez aseguró que esta sería la salida a la crisis por lo que no perdía “la esperanza” de que el gobierno reflexione.

“A veces uno puede parecer iluso en insistir en algo que parece imposible, pero seguiremos apostando por la búsqueda de acuerdos, por la capacidad de encontrarnos a través de la palabra y de la razón; lo cual no significa olvido, lo cual no significa pasar por alto la justicia, lo cual significa ver hacia el futuro para reconstruir una institucionalidad que asegure la no repetición de los crímenes que han ocurrido, pero hay que dialogar, ese es el camino”, afirmó el religioso, quien junto a otros obispos y sacerdotes intervino en estos meses en más de una ocasión para evitar la represión a los manifestantes.

 

[su_note note_color=”#090909″ text_color=”#fefefe” radius=”0″]

Asfixian al diario La Prensa

El influyente diario La Prensa de Nicaragua, con casi un siglo de vida, salió esta semana a la calle con menos páginas debido a “la retención arbitraria e injustificada de papel, tinta y otras materias primas por parte del gobierno desde septiembre pasado”, según denunció el rotativo, que ya había reducido su tiraje de 16 a 12 páginas actuales.

“La medida se toma obligado por las circunstancias ante la retención, arbitraria e injustificada, que hace la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del papel y la tinta con que se elabora este periódico”, explicó el Grupo Editorial La Prensa, en su edición del lunes 14 de enero.

Según el Grupo, que incluye al periódico Hoy, de perfil popular, la DGA mantiene “secuestradas” 92 toneladas de papel desde el 17 de octubre pasado, valoradas en más de 72 mil dólares y la situación podría llevar a su desaparición física en junio, y al despido de decenas de trabajadoras.

También el periódico El Nuevo Diario denunció a la DGA por retener su más reciente cargamento de papel, pese a mantener inmovilizadas otras materias primas desde el 6 de septiembre pasado, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.

“Prácticamente nos está obligando a cerrar las versiones impresas de los periódicos y dejar solo las digitales, pero en el ámbito digital miles de ciudadanos quedan sin acceso a la información por la baja conectividad a internet que hay en el país”, señaló el subdirector de ND Medios, Douglas Carcache.

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones. Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

[/su_note]