Con un discurso que recordó de manera exhaustiva el periodo de campaña electoral, el nuevo gobierno inició su administración con un claro mensaje de ruptura con el modelo económico implementado durante las últimas tres décadas. Los esfuerzos se enfilarán en torno a una mayor intervención estatal en la economía, con la promesa de un manejo transparente y responsable del gasto público; el multicitado combate a la corrupción; la reducción de la desigualdad económica y la pacificación del país.

El otro resultado de la toma de protesta es el de la apreciación del vínculo generado entre un amplio sector de población y el discurso del ahora actual gobierno. Los símbolos importan, marcan hitos de época; sin embargo, tendremos que mantener la pasión sometida a la razón en lo que se refiere a la complejidad y el esfuerzo que requerirá México en los próximos seis años.

Las apuestas son amplias y, aunque todas ellas profundamente necesarias, sigue permeando un sentido de incertidumbre en cuanto a la capacidad de financiamiento y operativa que tendrá la administración entrante para alcanzarlas. En este sentido, una de las primeras decisiones que debe tomar y asumir este gobierno, para intentar disipar dudas, es la manera de brindar certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros, fundamentales para materializar los proyectos que ha presentado. Un tema en este sentido lo tiene con los mismos inversionistas del NAIM mediante la recompra de bonos emitidos y la continuación de las obras en el proyecto, en tanto se realiza una evaluación del Programa Estratégico Institucional.

La responsabilidad y la toma de decisiones está justamente en los Poderes de la Unión, cada uno desde de su ámbito de trabajo.

El país de hoy es el mismo que el de la noche del viernes, con los mismos problemas y retos que nos aquejaron durante los últimos años, así como con las fortalezas que lograron construirse. Por esta razón, la herencia de la administración anterior debe pasar por un proceso de escrutinio que permita generar un balance de sus logros y errores, tanto en el ámbito económico, como en el social y político. Hay que corregir errores y crear oportunidades con un sentido de unidad, porque México no está en bancarrota; por el contrario, tiene bases sólidas y fortalezas sobre las cuales se puede seguir construyendo.

En cuanto al desempeño económico, el gobierno anterior presentó logros que deben ser considerados desde una perspectiva objetiva. Aunque moderada, la estabilidad macroeconómica ante la vista de los inversionistas extranjeros es sólida hasta este momento. Adicionalmente, se mantiene un nivel estable de reservas internacionales desde 2016 con una cifra que ronda los 175 mil millones de dólares.

En el ámbito doméstico, posiblemente el estandarte de la administración 2012-2018 fue la creación de empleo, la cual alcanzó más de cuatro millones hasta octubre pasado. Esta cifra es superior a la generada durante los doce años anteriores que vimos al inicio de 2012. Asimismo, la recepción de IED alcanzó los 200 mil millones de dólares, más de 50 por ciento de los que se recibió en el periodo 2006-2012.

Por otra parte, habrá que mantener los matices de estos logros, particularmente en la desigualdad del ingreso, que representa uno de los grandes retos de la economía mexicana. Según la Coneval, durante el tercer trimestre de 2018, el porcentaje de personas con ingreso laboral inferior al precio de la canasta básica fue de 39.3 por ciento; sin embargo, cabe resaltar que esta tendencia ha ido a la baja a partir de 2014, cuando se colocó casi en 45 por ciento de la población.

En el ámbito internacional, la administración pasada tuvo un periodo de acciones profuso, principalmente hacia los últimos dos años. Se logró cerrar la renovación del TLCUEM y la firma del CP-TPP en 2018. Mientras tanto, la gran negociación finalmente culminó el último día de gobierno con la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este, a pesar de tener claroscuros en su resolución en cuanto a industrias como el acero, la textil, química, medicamentos, transporte de carga y las reglas de origen del sector automotriz, mostró una capacidad importante del gobierno mexicano para cerrar una negociación ríspida con el de Estados Unidos.

En el ámbito social y político fue donde más sufrió la administración 2012-2018. La incapacidad de atender los constantes señalamientos de corrupción y la incontrolable escalada de violencia, que saltó de manera contundente al debate público con las desapariciones en 2014, marcaron fuertes golpes al anterior gobierno. En este sentido, el gobierno debe estudiar a fondo los errores y aciertos de sus antecesores.

Por otra parte, los atisbos de concentración de poder político encaminado a minar diversas instituciones autónomas, principalmente de los reguladores energéticos, entre otras, amenaza con generar un ambiente en donde se apabullen los contrapesos que todo ejercicio de poder debe procurar. Es importante recordar que, si bien esta administración se presenta como un cambio de paradigma hacia el socialismo pragmático, esto debe ser para construir un México más fuerte partiendo justamente de la solidez que tienen nuestras Instituciones. En esta línea, se debe tener especial cuidado de no abusar de los nacientes métodos de democracia directa que han alcanzado a la sociedad mexicana. La responsabilidad y la toma de decisiones está justamente en los Poderes de la Unión, cada uno desde de su ámbito de trabajo.

Mantengamos una perspectiva plural sobre los retos que afrontará México. Sumemos, como ciudadanos libres y democráticos, para apoyar al nuevo gobierno en la tarea que le hemos encomendado y nutrirlo con diversas visiones que busquen apoyar y construir un mejor país, que sea más próspero dentro de seis años de lo que lo es hoy.