No hay duda que la inseguridad, la falta de un Estado de derecho eficiente, la corrupción y el crecimiento exponencial del crimen organizado, son temas fundamentales que enfrenta el Estado mexicano y que tienen que ver con los tres Poderes: en el Ejecutivo, las policías, las procuradurías o fiscalías y el sistema penitenciario; en el Legislativo, la construcción de normas adecuadas que permitan una justicia pronta y expedita; y, en el Judicial, la ejecución real de tales normas, tanto en el ámbito local como en el federal.

 

El tema está sobre-diagnosticado, pero su solución cada día es más complicada, pues la sociedad padece el terror de una anarquía y la permanente amenaza de perder sus bienes fundamentales como la propiedad, la libertad y la vida misma.

 

Este escenario, desde hace varias décadas, ha propiciado la necesidad de utilizar las fuerzas armadas como una forma de intervenir en la “seguridad pública”, relacionada con la justicia, también en el ámbito local; sin embargo, las democracias contemporáneas han establecido una frontera de competencia entre las fuerzas armadas y las civiles que constituyen paradigmas internacionales y que reconoce nuestra Carta Magna.

 

Es prioridad fortalecer la seguridad pública y promover el pleno Estado de derecho

 

Los gobiernos de la República no se han atrevido a declarar la suspensión de los derechos, de conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 29 constitucional, que defienden con precisión el estado de excepción y, para evitarlo, han tenido que recurrir a falacias, estableciendo –de facto– la militarización en el combate al crimen organizado.

La estrategia que plantea el nuevo gobierno, se fundamenta en darle facultades de seguridad pública a las fuerzas emanadas del ejército y la marina y, frente a la opinión generalizada, de que esto no era lo correcto, han modificado las iniciativas al respecto, lo cual, ha creado mayor confusión. Es por eso que el Senado de la República modificará la Minuta de la Cámara de Diputados para eliminar el artículo cuarto transitorio, el cual preveía que, en tanto no se consolidara la nueva Guardia Nacional, se seguiría permitiendo el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

Vivimos un tiempo en verdad infame en el cual el país y el pueblo requieren soluciones que apunten a resolver esta terrible circunstancia que nos agobia; por eso, habrá que darle, una vez más, el apoyo al gobierno federal –como se hizo en el gobierno de Felipe Calderón— no sólo para crear la Guardia Nacional, sino para que el Congreso de la Unión dicte medidas draconianas para combatir al crimen organizado y, los jueces, tanto del fuero común como del federal, se decidan a determinar con claridad y dureza las sentencias respectivas; lo mismo deberá suceder con la política penitenciaria, que ya se modificó severamente en la reforma que se hizo al artículo 18 constitucional.

El tema no es menor, es esencial para la vida articulada y democrática de la nación, por ello, mas allá de discusiones académicas, habrá que darle la oportunidad al presidente López Obrador de intentar resolver este tema, que, por supuesto, transita por la corrupción, la desigualdad, la pobreza y el afán de lucro que parece ser el signo fundamental de nuestro tiempo.

Estamos ante la última llamada para recomponer el Estado mexicano, no se trata de apoyar ciegamente una política pública que desmantele el Estado de derecho, a través de un autoritarismo total, sino de darle la solidaridad al nuevo gobierno para que convoque a todos los mexicanos a esta lucha en defensa de la libertad y del combate a la pobreza, corazón mismo de los problemas que afrontamos.