Al considerar que se encuentra en duda la autonomía que la Constitución le reconoce y confiere, el Banco de México promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en torno a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.

A través de un comunicado, señaló que el objetivo de la controversia es que la Suprema Corte establezca y delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con su carácter de institución autónoma.

Tras asegurar que siempre ha sido respetuoso del marco constitucional vigente, por lo que acatará cabalmente las resoluciones que se dicten, dijo que en su carácter de órgano constitucional autónomo observará lo previsto en las disposiciones contenidas “en la Constitución Política, en su respectiva ley y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables, incluyendo lo relativo a la materia presupuestal y de remuneraciones de los servidores públicos”.

Al respecto indicó que a fin de respetar el marco legal vigente, ajustó la nómina de sus funcionarios para atender los límites señalados por el Presidente de la República establecidos en el PEF para 2019, conforme a las disposiciones constitucionales.

Aunque mencionó que algunos servidores públicos de ese instituto y el Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México han promovido juicios de amparo respecto a la aplicación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones,  así como sobre ciertos efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, cuyas resoluciones serán respetadas.

Afirmó que su Junta de Gobierno aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física de este año, y que tal y como lo ordena la ley, guarda congruencia en su evolución con la del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.