Entrevista a Tarcisio Navarrete Montes de Oca | Exembajador mexicano
En su ya tradicional conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el pasado 7 de enero que en materia de política exterior su gobierno se guiará por el principio constitucional de “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, pues “a veces se olvida porque hubo un tiempo en que no se cumplía con esa política” y que eso se hará “apegándonos a lo que establece nuestra Constitución”.
Asimismo, puntualizó la razón para no apoyar la Declaración de Lima, mediante la cual 13 países pidieron a Nicolás Maduro no tomar posesión nuevamente como presidente de Venezuela, además de calificar su gobierno como una dictadura.
“No podemos estarnos inmiscuyendo, metiéndonos en la vida interna de otro país porque nosotros no queremos que nadie, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio de política exterior establecido en la Constitución”, aclaró López Obrador.
Más tarde, en la pasada reunión de embajadores y cónsules realizada en Ciudad de México, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que se defenderá el principio de no intervención, solución pacífica de los conflictos y cooperación para el desarrollo, aclarando que “es lo que manda nuestra Constitución, pero no intervención no significa pasividad, significa respeto a los países”.
No obstante, las críticas por no apoyar la Declaración de Lima en la que se denuncian “actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro” ha generado una polémica en torno a la nueva práctica que conduce el actual gobierno mexicano.
No resisten los estándares internacionales
De acuerdo a Tarcisio Navarrete Montes de Oca, exembajador de México en Grecia, Honduras y representante adjunto en la OEA, ningún gobierno democrático debe guardar silencio ante violaciones electorales o de derechos humanos en otras naciones.
En la entrevista con Siempre!, Navarrete señaló que el principio de no intervención no debe ser pretexto para congelar las acciones de los países en el concierto internacional.
¿Qué opinión te merece el rechazo a firmar el Acta que promovía el Grupo de Lima, en la que se pide a Nicolás Maduro no tomar posesión?
Esos países de la región latinoamericana y Canadá asumen que el proceso electoral de las elecciones como se dieron, y que derivan para que Maduro tome el poder el 10 de enero para otro periodo presidencial, no pasan como elecciones democráticas, no resisten los estándares internacionales de los procesos democráticos establecidos por Naciones Unidas y por la OEA. Es el caso de los principios de la Carta Democrática Interamericana. También de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23.
Además de este aspecto jurídico, se ha dado en Venezuela un contexto de represión y de cientos de muertos, con una economía destrozada, desaparición de la Asamblea electa, opositores en cárceles y sin permitir la supervisión internacional. El diálogo se rompió muchas veces, mientras los opositores seguían siendo perseguidos. La paz no se puede negociar así.
Por lo tanto, no debe ningún gobierno democrático guardar silencio cobijándose en un principio ya superado en el derecho internacional moderno, como es el vetusto, anticuado principio de la no intervención. Esto es así ya que ante lo que son los derechos humanos no hay valor ni razón de Estado que sea superior. Los derechos humanos son por lo mismo un tema que no está reservado a la jurisdicción de los gobiernos.
Hay por eso, incluso, el requisito de la cláusula democrática entre los países pertenecientes a bloques comerciales, como sello de pertenencia al mundo civilizado que basa su acción en garantizar libertades y derechos, como el caso de la Unión Europea o de Mercosur.
México apoyó y realizó una intervención legítima ante el intento de golpe contra Hugo Chávez en 2002, porque era un presidente constituido por el voto ciudadano, y no se podía acusar de intervención indebida, infundada.
Podría dejar sin muchos argumentos a los diplomáticos mexicanos que en el día a día tienen que defender una política exterior, y remar contracorriente.
Lo mismo cuando en Honduras, en 2009, se derrocó al presidente José Manuel Zelaya; México, su Cancillería, trabajó, se movió, gestionó con otros países el rechazo a esa ruptura del orden constitucional y condenó el derrocamiento del presidente. Fue precisamente Nicolás Maduro, como canciller de Venezuela, uno de los más activos promotores para que la comunidad de países del Continente actuara para restituir al presidente Zelaya y no se congeló la acción de muchos países por el principio de no intervención. Estaba en juego el derecho de los pueblos a la democracia, el derecho de votar y elegir a sus autoridades.
Por eso el rechazo a no firmar un acuerdo de ese grupo de países de la región, difícilmente es compatible con los múltiples convenios y tratados regionales con la posición y esencia de México como república democrática. Evidentemente una posición que desconozca el compromiso de velar por los derechos humanos en política exterior tiene un alto costo en la imagen de nuestro país que recientemente ha sido vanguardista en este tema. Dar un salto al pasado, es desconocer la gran arquitectura construida por la comunidad internacional en materia de libertades y democracia.
Defender los derechos humanos en lo internacional no es intervención y hay sustento jurídico, filosófico y político que fundamenta esta tesis y que en nuestros días debe ser guía en el actuar de los gobiernos democráticos en todo el mundo.
¿En su opinión, el debate debería ser que México no quiere que otras naciones opinen de temas internos, como la violación de derechos humanos, y por eso la postura de no intervención o que realmente se retoman principios olvidados?
Recuerdo que a mediados de los años 80 cuando impulsaba las primeras denuncias internacionales ante la Comisión Interamericana de DH, la postura oficial, cerrada, intolerante y controladora de los escasos recursos judiciales del país, decía como argumento que: “la ropa sucia se lava en casa”. Y si esto lo llevas a la realidad, significa que si un gobierno oligarca reprime a estudiantes o trabajadores, desaparece a opositores o suprime la libertad de expresión, se quedan las consecuencias y responsabilidades por los atropellos en lo interno. Así, abandonas a su suerte a las víctimas, a la sociedad, y lo dejas en manos del gobernante sin importar que sean regímenes dictatoriales. De ahí la importancia de las iniciativas diplomáticas regionales y las instancias internacionales para que no quede ahí escondido en el país cualquier abuso o represión de un gobierno.
Estamos ante la disyuntiva: democracia y solidaridad regional, o no intervención y nacionalismo aislacionista. Si vemos la historia de nuestra región en décadas pasadas, las dictaduras civiles o militares, los gobiernos totalitarios eran muy propensos a poner como escudo de su impunidad la soberanía y la no intervención. Ese principio superado debe ser sustituido hoy por el de la solidaridad y la corresponsabilidad. México no puede retomar esa vieja posición de décadas pasadas. Es indispensable mantenernos al día y llenar las expectativas que se esperan de México en la región.
Participar y comprometerse con las causas globales y a la vez no defender los derechos humanos en lo internacional se llega invariablemente a un punto que es incompatible. Estos son la guía y fin de la agenda mundial. Dos grandes temas de la agenda mundial de hoy son: la mundialización de la persona, de sus derechos y dignidad, y el otro, los tratados de libre comercio. Humanizar las relaciones internacionales, debe poner en primer lugar a la persona por encima del mercado.
Los derechos humanos son universales, no se limitan a fronteras geográficas. Lo mismo es condenable una masacre por abuso del poder cualquiera que sea el país. No hay que ser selectivos ni manipularlos. Hay que condenar sus violaciones y atropellos, sean gobiernos de derecha, de izquierda o los abigarrados y nebulosos ideológicamente hablando.
¿Qué consecuencias tendrá este “rediseño” de la política exterior mexicana para el país?
En buena medida nuestra política exterior se ha venido diseñando en el taller de los tiempos, de generaciones, ahora se cuenta con un catálogo de principios que están en la Constitución. No solo está el de no intervención, sino en el mismo párrafo está el principio que obliga al gobierno a promover y proteger los derechos humanos en el ejercicio de nuestra política exterior. Hay que conciliar esto.
Esta reforma del artículo 89, fracción X, la propuse e impulsé por primera vez como iniciativa en la Cámara de Diputados en 1996. Esto es poner al día a nuestra nación, ya que se fortalece cada vez más la jurisdicción internacional para la defensa de los derechos humanos. Esto se consolida, se hace institución a través de sus mecanismos internacionales.
Las consecuencias podrían ser de pronóstico reservado ya que podrían aislar a nuestro país de las democracias. Difícil llevar un papel de firmeza y señorío, sea en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o con los informes que nuestro país esta obligado a dar por tratados y pactos ante la comunidad internacional, si no actuamos de conformidad con nuestros compromisos. ¿Cómo hablar y plantear nuestra postura como país ante un comité o comisión internacional, si no queremos intervenir? Te estarías aislando.
Podría además dejar sin muchos argumentos a los diplomáticos mexicanos que en el día a día tienen que defender una política exterior, y remar contracorriente o ver cómo quedamos ante las tendencias mundiales en la materia. Lo digo sinceramente, ya que hoy en día es mucho más fácil sustentar la defensa de los derechos humanos en lo internacional, que justificar el argumento del silencio. Hay cosas en este tema que están mal en México, pero esto no debe impedir ver lo que afuera está mal. Un mal no justifica otro mal.
@AReyesVigueras