Por Carlos Ornelas
El lunes pasado se celebró en la Cámara de Diputados la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. El motivo: analizar y discutir para luego elaborar el proyecto de dictamen, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, con el fin de echar atrás la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto.
Con base en una revisión de la literatura internacional acerca de las reformas educativas puede argumentarse que todas —a pesar de las diferencias geográficas, políticas y económicas de los países que las emprenden— contienen cuatro elementos: 1) propósitos; 2) identificación de lo que se desea desterrar: tradiciones, prácticas, usos y costumbres que los reformadores consideran perniciosos; 3) instrumentos jurídicos —o institucionales— y políticos; 4) actúan dentro de un con-texto político y social que no puede cambiarse al gusto. El carácter de una reforma en particular depende del modo en que los gobernantes renovadores se adapten a este último elemento o lo moldeen.
La reunión de trabajo con diputados le sirvió al secretario Moctezuma Barragán para apuntar la propuesta de modificar (que no de abrogar, como mencionó) la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. En su alegato reiteró los objetivos que persigue el gobierno del presidente López Obrador, apuntó un blanco único, definió las instituciones que desea transformar y refrendó una alianza (a falta de mejor palabra) con las distintas facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si bien habló del magisterio como si fuera un actor homogéneo.
En las finalidades, el secretario Moctezuma registró a los dos protagonistas beneficiarios de lo que está por venir. Anotó que llegan por primera vez al texto de la Constitución: “las niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado… A los principios tradicionales de la educación… se agrega la universalidad, integralidad, la equidad y la excelencia como postulados básicos de la educación pública”. No encontré el vocablo integralidad en ninguno de mis diccionarios, quizá se refiera a integridad. Afirmó que con este texto el Estado garantiza que los estudiantes sean el centro de la educación.
El maestro es el otro actor que, aunque figura en segundo término, ocupa más espacio y atención que los niños y jóvenes. El proyecto conceptúa al docente como agente de cambio en México.
Al magisterio —aunque tal vez sea en respuesta a los aliados del presidente López Obrador durante su campaña, que se lo demandaron— se le brindan las mejores piezas oratorias y le concede, si bien no en la medida en que se lo pidieron los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ni el grupo de fieles de Elba Esther Gordillo, modificar, que no desaparecer, el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Con ese énfasis, el secretario Moctezuma identificó y reiteró la consigna con que lanzó las consultas en el país. El antagonista único es el pasado inmediato, la reforma del gobierno anterior. En su mensaje no surgen prácticas o usos que quieran desterrarse del sistema educativo. Parece que sus vicios nacieron en 2012, no que sean de larga data. Incluso, cuando diputados de otros partidos le preguntaron si se mantendría el concurso de ingreso a la carrera docente —algunos se lo exigieron porque se oponen a que el INEE pierda autonomía constitucional— el secretario eludió una respuesta directa, lo dejó a la legislación secundaria, de la cual no dio pistas.
La iniciativa del presidente no desmantela las herramientas institucionales insignias del gobierno de EPN. Se mantienen la centralización del pago de la nómina y el Sistema nacional de información y gestión educativa. El INEE no desparecerá, mudará al Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, como una dependencia de la SEP. Si se aprueba la propuesta la Ley General del Servicio Profesional Docente pasará a la historia, pero no tanto, pues se creará el Servicio Profesional del Magisterio (barco).
La iniciativa tiene activos, impulsa la equidad, la excelencia (rebatible), valores, artes y la capacitación permanente de los docentes. Sin embargo, aunque con diferente hondura esos designios se encuentran en el modelo educativo para la educación obligatoria, con mucho mejor lenguaje.
En suma, la iniciativa del presidente López Obrador no pretende abrogar la reforma, aunque sí ofrece un sinnúmero de concesiones a las facciones del SNTE. Entre ellas un discurso edificante y vindicativo, en un contexto donde la narrativa del presidente exhala poder y donde parece que el único contrapeso duro —¡oh, paradoja!— lo representan sus aliados de la CNTE.