Las ineficientes, apresuradas y mal tomadas decisiones sobre el presupuesto del presente año comienzan a tener efectos no del todo positivos, lamentablemente.
Hoy de entre quienes sufren los estragos de una mala planeación presupuestal se encuentran niñas y niños que tenían acceso a una estancia infantil, por desgracia el presupuesto destinado a estas se redujo al pasar de 4,070.26 millones de pesos en 2018 a 2,041.62 millones de pesos este año, lo que significa una grave reducción de casi un 50 por ciento.
De acuerdo con la Cámara de Diputados dicho presupuesto deberá cubrir 9,354 estancias, para atender a 310,628 niñas y niños en todo el país, y favorecer a 295,567 madres trabajadoras y generar 50,438 fuentes de empleo, ¿lo lograrán? Es alarmante e irrisorio pensar que puedan subsistir con la mitad del presupuesto que tenían asignado.
Dicho recorte está afectando la economía de las familias mexicanas, perjudicando entidades federativas como el Estado de México con 12.2 por ciento de los beneficiarios, Veracruz con 5.6 por ciento, Jalisco con 5.32 por ciento y Ciudad de México con 5.5 por ciento, siendo estas las entidades con mayor número de apoyos.
De acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el programa de estancias tiene operaciones en 1,283 municipios de los cuales 41 están dentro de los 250 con menor índice de desarrollo humano, 218 de estas estancias presentan un alto grado de marginación con base en la clasificación del Consejo Nacional de Población (Conapo) y 542 tienen población predominantemente indígena. ¿Se habrá reflexionado sobre la magnitud de desprotección que implica esta medida?
Asimismo, en días recientes se difundió la noticia de que algunos centros como el de salud mental de Ciudad de México están en riesgo de cerrar por falta de presupuesto, y se desprotegería a más de 500 personas que se favorecen de consultas diarias y gratuitas que benefician principalmente a menores de edad que padecen depresión, autismo y sindromes como el de Asperger.
Los mexicanos votaron por un cambio y una transformación; habría que peguntarnos ¿es este el cambio que querían y por el que millones de mexicanos votaron?
Es importante hacer hincapié en que dar este tipo de atención a la salud mental de manera privada es muy caro, impagable para muchas familias, cabe resaltar que el derecho a la salud nunca debe verse restringido por factores económicos.
El gobierno de la república se escuda detrás de su plan de austeridad y combate a la corrupción, es evidente que los mexicanos votaron por un cambio y una transformación, la votación de julio de 2018 lo demuestra, habría que preguntarnos ¿es este el cambio que querían y por el que millones de mexicanos votaron?; la respuesta es no, pues se buscaban cambios progresivos.
Todas y todos los mexicanos queremos que el dinero que se recauda de nuestros impuestos sea bien distribuido y no se desvíe a manos de la corrupción o sea alimento del egocentrismo de algunos servidores públicos, pero eso no significa desproveer sectores tan vulnerables de nuestra sociedad, como las niñas y niños mexicanos.
Si hubo un mal diseño de egresos, el gobierno debe arreglarlo y reasignar los recursos necesarios para que no sea restringido el acceso a nuestros derechos. Estos “descuidos” violan el principio fundamental de progresividad de los derechos humanos, consagrado en nuestra Constitución.
Deseo concluir señalando que algo debe quedar claro y es que ni el gobierno de la república, el presidente o funcionario alguno nos hace un favor al destinar los recursos públicos a hospitales, estancias infantiles, seguridad, etc., son parte de nuestros derechos y el Estado está obligado a cumplir y hacerlos respetar.
Desde el Senado de la República tengan por seguro que pugnaremos por el máximo respeto a la progresividad de los derechos humanos de todos los mexicanos.