Con una visión comprometida sobre lo que mayores beneficios le puede acarrear a los mexiquenses, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, desde el primer día de su administración ha empeñado sus esfuerzos, probablemente más que cualquier otro mandatario estatal del país, en implementar acciones y políticas públicas encaminadas a combatir tangible y concretamente la corrupción, fenómeno considerado el cáncer social que más perjudica las posibilidades de progreso y desarrollo no solo del Edomex, sino de todo México.
Por lo anterior, resulta muy loable atestiguar que esta entidad está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los “Once Compromisos contra la Corrupción”, acompañada y apuntalada en todo momento por las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), entes que han avalado que el Edomex ha mejorado ostensiblemente en lo referente a la transparencia proactiva y a los datos abiertos, ocupando así el primer lugar a escala nacional en la acreditación que otorga ARegional, firma que se encarga de medir el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de todos los estados del país. Al mismo tiempo, para apuntalar estos esfuerzos el gobierno mexiquense determinó suscribir un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que realice un estudio sobre políticas públicas con énfasis en transparencia, integridad y control de la rendición de cuentas, entre otros.
Javier Vargas Zempoaltécatl, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, señaló a mediados de esta semana durante una visita que hizo a la capital del país, donde participó en la instalación de la Mesa Técnica para dar seguimiento a los acuerdos antes mencionados, que por instrucciones del gobernador Del Mazo Maza se han instrumentado diversas acciones y programas para promover el ejercicio de un gobierno responsable en materia de transparencia y rendimiento de cuentas, lo que permitió que en 2018 varias dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo mexiquense recibieran más de 12 mil solicitudes de información, de las cuales se atendió 99.83 por ciento por la vía electrónica.
Acciones y políticas públicas encaminadas a combatir tangible y concretamente la corrupción.
Y respecto a un tema que en días recientes está creando mucho escozor entre la opinión pública, como las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, la famosa “Declaración 3 de 3”, también ha habido avances significativos, pues tanto el gobernador Alfredo del Mazo como su gabinete se apegaron a esta disposición desde noviembre de 2017.
Y los avances en el combate a la corrupción en el Estado de México no solo son palpables en materia de transparencia y acceso a la información, también hay notables avances en lo que se refiere a obras inconclusas y pasivos con proveedores; apoyos públicos y programas sociales; homologación de mecanismos de planeación en obra pública; Ley General de Contrataciones, Adquisiciones y Obras Públicas; Sistema Nacional Anticorrupción; compras consolidadas de medicamentos y reducción de pagos en efectivo, esta última abatida al 100 por ciento gracias a la bancarización de todos los movimientos y trámites.
Y todo esto en apenas 16 meses.
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