En la entrega precedente subrayamos el hecho de que los integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa tienen una colosal responsabilidad. Lo que está en juego va más allá de la tragedia de Iguala pues se trata, ni más ni menos, de abrir la caja de Pandora y encarar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas décadas.
Un acontecimiento por venir potencializará los efectos de la reciente instalación de la Comisión. Se trata de la entrada en vigor del Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que hará más evidente la necesidad de que la luz de la verdad y la justicia brille en favor de los jóvenes estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” y sus atribulados familiares.
Es de esperarse que, contrario a lo ocurrido en los sexenios anteriores, ahora sí se echen a andar las políticas públicas y los andamiajes estructurales que se requieren a fin de que, bajo un claro y preciso enfoque de transversalidad, la totalidad de las autoridades den cumplimiento pleno e íntegro a la obligación capital de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.
Dicho instrumento gubernamental seguramente acentuará la mirada en el presente y en el futuro de la ineludible tutela de los derechos fundamentales. Hay mucho camino por recorrer en ese sentido, particularmente en lo tocante a la efectiva observancia de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en el ámbito de los derechos humanos de segunda generación, los llamados derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales; y en el campo de los derechos humanos de grupos vulnerables como mujeres, niños y adolescentes, personas adultas mayores, comunidades lésbico-gay, discapacitados, pueblos indígenas y pueblos originarios.
La violación a los derechos humanos es estructural, sistémica, generalizada y de larga data.
Empero, el trazo de una ruta crítica de tan profundo calado no puede ser producto de abstracciones académicas o actitudes complacientes; lejos de ello, tiene que emanar de un diagnóstico pleno de crudeza y objetividad acerca de lo que ha sucedido en el pasado reciente. Tal ejercicio metodológico habrá de desembocar ineludiblemente en el corolario de que estamos inmersos en una gravísima crisis de derechos humanos que nunca antes habíamos padecido los mexicanos. Nada se ganaría con soslayar o negar el inefable holocausto nacional resultante de la guerra antinarco decidida por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto: más de 300 mil vidas humanas segadas, más de 40 mil desaparecidos, más de 300 mil desplazados internos.
En esa tesitura tendrá que darse cuenta y razón pormenorizada de los trágicos acontecimientos, aún no clarificados, que tuvieron lugar en Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, Calera, San Fernando y Ocoyucan. Igualmente deberá visibilizarse el terrorismo de Estado desplegado en décadas pasadas a través del genocidio de Tlatelolco, el “Halconazo” del 10 de junio de 1971, la guerra sucia y las atrocidades cometidas en Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, San Salvador Atenco.
Asimismo, será imperioso asumir y transportar a la realidad las innumerables observaciones que han formulado, entre otras instancias, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el relator sobre la Tortura, el relator sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Todo esto hace patente que el desafío es verdaderamente mayúsculo pues la violación a los derechos humanos es estructural, sistémica, generalizada y de larga data. Una patología de tal calibre demanda el derroche de una voluntad política superior, a la altura del pronunciamiento emitido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, en el acto de desagravio a la periodista Lydia Cacho: “Este es el fin de la simulación para enfrentar las crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el país”.