Entrevista a Joel Álvarez de la Borda | Académico historiador, INAH

 

Por Javier Vieyra y Jacquelin Ramos

 

En las últimas semanas el gobierno federal ha recurrido a una particular campaña de respaldo a su polémica estrategia de combate a la red de robo de combustible en México: se trata de utilizar la imagen de Lázaro Cárdenas acompañado de diferentes leyendas y “hashtags” donde se hace referencia al petróleo y a la nacionalización de su industria en 1938, decretada por el general michoacano durante su sexenio. La utilización de la efigie de Cárdenas junto con los recurrentes mensajes mencionados, parecen ser un intento por envolver, el petróleo y la fecha del 18 de marzo, en una mistificación simbólica que traduzca las respectivas políticas actuales en una suerte de acto patriótico o nacionalista equiparable con el de aquellos años.

Al margen de los diferentes juicios de valor que este tipo de estrategias puedan generar, lo cierto es que utilizar el petróleo como un elemento esencial dentro del discurso político e ideológico del régimen en turno no es una novedad, pues el llamado “oro negro”, y lo que representa en términos financieros, ha sido en los tiempos modernos un recurso imprescindible no solo para la economía nacional, sino para ejercer el poder público y marcar la pauta, incluso, en el ámbito diplomático. En entrevista exclusiva para Siempre!, el académico Joel Álvarez de la Borda explicó la naturaleza y evolución del vínculo entre la industria petrolera y los gobiernos mexicanos emanados de la Revolución Mexicana hasta la expropiación de Cárdenas; es decir, la génesis de esta relación en que, hasta nuestros días, los gobernantes gustan de mancharse las manos de negro.

Primeramente, puntualizó el especialista, es necesario tener conocimiento de que la industria petrolera en México fue desarrollada durante el porfiriato por compañías de capital privado, y mayoritariamente extranjeras, que contaban con la experiencia, el conocimiento y el capital para invertir en un proyecto de semejantes dimensiones. Entre las empresas más representativas se encontraban la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, cuyo primer dueño fue Weetman Pearson, el prominente contratista; y Mexican Petroleum Company que estaba encabezada por Edward Doheny. Estas firmas contaron con numerosas ventajas de desarrollo durante el mandato de Díaz, pero no por ello quedaron exentas de ciertas obligaciones sobre todo con los propietarios de los terrenos de donde se extraía la codiciada sustancia. Pero, al estallar la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero intentó aprovechar un porcentaje de la riqueza que las compañías generaban, y que bien podría emplearse para fines políticos y militares; en ese sentido, Madero se planteó como objetivo elevar la recaudación fiscal mediante el conocido “Impuesto del timbre”, un gravamen que se cobraba a razón de que todo tramite, título legal o permiso debía poseer una especie de timbre postal.

Tratar de implementar esta medida le produjo al efímero presidente un desencuentro con las compañías petroleras que se negaron a cumplir con el nuevo tributo e impidieron que floreciera la iniciativa que se extinguió definitivamente cuando Madero fue derrocado y asesinado en 1913; aunque no cesarían las tentativas por acrecentar los recursos que el gobierno mexicano recibía de las empresas petroleras, pues Victoriano Huerta tenía un propósito similar al de su antecesor, el cual tampoco pudo cumplir dado su corto paso por Palacio Nacional. Venustiano Carranza, en cambio, fue mucho más contundente con su postura.

“Carranza intentó no solo elevar los impuestos, sino regular la industria petrolera. El objetivo de los políticos en el porfiriato, y de los encargados de manejar la política económica, era desarrollar la industria petrolera y después posicionar poco a poco los impuestos y regular la industria, pero Carranza con su programa de gobierno estableció que la industria petrolera debía compartir la riqueza que está produciendo con el Estado. Entonces, el cambio más profundo que va a originarse con la Constitución de 1917, debido a que en el articulo 27 regresa la propiedad de los hidrocarburos a la nación, cosa que había cambiado en el porfiriato, específicamente en el gobierno de Manuel González en 1884, pues en ese año, la propiedad tanto de carbón mineral como de petróleo fue declarada propiedad del dueño de la superficie, y refiriéndose solo a terrenos de propiedad particular, no así los terrenos federales o estatales. Este punto es necesario aclararlo porque la propiedad de los hidrocarburos dependía del tipo de propiedad sobre la tierra. Si se trataba de terrenos de propiedad particular, el carbón y el petróleo eran accesorios a dicho terreno. Si los terrenos eran de propiedad federal o estatal o se declaraban baldíos, la nación continuaba teniendo derecho a estos recursos. La Constitución de 1917, con el artículo 27, transfiere la propiedad del subsuelo, y por lo tanto de los hidrocarburos, de particulares a la nación, aspecto que le produjo ciertos problemas al gobierno porque las compañías estaban explotando el petróleo bajo contratos con particulares, pidiendo permiso a los particulares de explotar sus terrenos por ser los propietarios.

Ahí cambian las reglas del juego, pero se llega a distintos acuerdos y entonces las compañías comienzan a pagar impuestos, pero ahora al régimen. Se aumentan los impuestos no solamente de explotación, sino también de refinación, por decir, gasolinas y otros productos, pero el ingreso más importante sobre los hidrocarburos en este periodo es la exportación: México exportaba grandes cantidades de petróleo gracias a los pozos que se localizaron en la Faja de Oro en Veracruz”.

 

 

México como segundo lugar de producción a nivel internacional

El autor de Crónica del petróleo en México: de 1863 a nuestros días destaca que en este lapso México ocupó el segundo lugar de producción a escala internacional, aspecto que se empalmó con el inicio de la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que fue una importante llamada de atención a diferentes países sobre la importancia de poseer hidrocarburos. Álvarez de la Borda indica que en los posteriores gobiernos de Obregón y Calles continuaron aspirando a aumentar los impuestos a la industria, razón que generó una nueva oleada de fricciones mutuas que, sin embargo, fueron resueltas concretamente dentro de los Acuerdos de Bucareli, en donde Obregón negoció su legitimidad como presidente de México ante Estados Unidos a cambio del reconocimiento de la duda externa y el abuso fiscal a las empresas petroleras. En el sexenio de Lázaro Cárdenas vendría la confrontación más intensa entre el gobierno y las compañías, pues al federalizarse los sindicatos petroleros intentaron hacer valer su primer contrato colectivo de trabajo y el gobierno entró en una dinámica de presión hacía las empresas que sostenían que no podían cumplir con las demandas, situación que el régimen cardenista solucionó con el decreto de la expropiación de la infraestructura petrolera, mas no del petróleo, pues este constitucionalmente ya pertenecía a la nación.

El investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH expresa que, si bien correspondió a un acto patriótico, la decisión de expropiar los activos de las compañías petroleras correspondió a diferentes intereses políticos, económicos y diplomáticos que fueron solventados con relativa eficacia y sin el dramatismo histórico con que han sido plasmados a lo largo del tiempo y que pueden analizarse desde diferentes vertientes, como el sindical o, acorde con los tiempos actuales, el energético.

Y es que Joel Álvarez de la Borda es claro al puntualizar que el discurso político e ideológico que pueda emanar de los diferentes gobiernos y de ciertas corrientes historiográficas es muchas veces contrastante con los verdaderos vínculos y relaciones que se dan “tras bambalinas” entre políticos y empresarios petroleros, pues ambos mantienen una dinámica simbiótica en que, independientemente de colores y discursos, siempre se llega a acuerdos de mutuo beneficio. Esta visión, razonada y sustentada en fuentes y conocimiento históricos, rompe paradigmas superficiales y muchas veces poco objetivos tanto de personajes como de hechos.

 

El petróleo, la manzana de la discordia

El también doctorando de El Colegio de México asevera que el petróleo puede definirse como un símbolo de poder estratégico no solo en México, sino en el resto del mundo, sobre todo después de que la Primera Guerra Mundial en que se volvió indispensable en el aspecto bélico y económico, y como el gran movilizador de grupos, proyectos, masas en la dirección que establece el discurso de lideres políticos y empresarios por igual, aunque siempre se le ha asociado dentro de la cultura como algo negativo, y más ideologizado que el oro y los diamantes, que siempre logra sacar a la luz el peor rostro de los seres humanos, considerándosele una suerte de “manzana de la discordia”, tal como es posible notarlo en múltiples novelas, películas y demás expresiones como un verso del poema Suave patria de Ramón López Velarde en que el zacatecano se refiere al “oro negro” como una potestad que le fue escriturada a México por el mismísimo diablo.

Haciendo referencia a la problemática de corrupción que el tema petrolero ha arrastrado hasta nuestros días, Joel Álvarez de la Borda supone que esta práctica siempre ha estado presente en la intersección de la política y la industria, pese a no poder ser demostrada como tal en los documentos históricos que ha revisado hasta ahora. Lo que trataban de hacer las compañías era reducir la incertidumbre por medio de encuentros con particulares influyentes o negociaciones al margen de protocolos oficiales; un caso emblemático fue el de Félix Fulgencio Palavacini, un diputado constituyente muy cercano a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila que se opuso, sin éxito, a que el artículo 27 fuera incluido en la carta magna en agravio de las empresas petroleras.

“El panorama general del papel del petróleo y su industria en la historia de México es una lucha entre intereses económicos y políticos, pero tiene un trasfondo interesante. Por un lado la compañías desarrollaron una industria que les costó trabajo y esfuerzo, no se la regalaron como a veces se piensa, pudo haber facilidades para desarrollarla, pero también cumplieron con los lineamientos que se les exigían: pagaban renta a los dueños de los terrenos para hacer su contrato, pagaban salarios, desarrollaron el proceso de refinación, por eso se desarrolló Tampico, por ejemplo. En este tema, como en toda la historia en general, no podemos hablar de buenos o malos, sino de interacciones en las que cada actor poseía intereses igual que el resto”.