Entrevista a Edmundo Jarquín | Excandidato presidencial en Nicaragua
Al cumplirse diez meses de la rebelión estudiantil del 18 de abril, que pronto alcanzó dimensión nacional, asoma la posibilidad de reiniciar el diálogo roto desde julio pasado entre el gobierno y los sectores de la oposición. Esta exige que previamente se libere a más de 700 presos políticos y plenas garantías a la libertad de prensa y de movilización. No obstante, tras una reunión de empresarios con el gobierno con vistas a retomar las conversaciones, los tribunales de justicia, subordinados al Poder Ejecutivo, emitieron el lunes 19 de febrero una condena de 216 años de cárcel al líder campesino Medardo Mairena, preso desde julio y quien desde 2013 se opone a la construcción de un presunto canal interoceánico. Junto a Mairena fueron condenados sus pares Pedro Mena y Luis Pineda, con penas de 210 y 159 años de cárcel cada uno.
Al respecto habla para Siempre! en entrevista exclusiva desde Madrid donde asistió a una conferencia internacional sobre Derechos Humanos en las Américas, en el marco del XXVI Congreso Mundial de Juristas, el doctor Edmundo Jarquín, sin duda una de las figuras más relevantes de la política nicaragüense en su calidad de abogado, economista, académico, analista, ensayista, excandidato presidencial, exdiputado y embajador en México y España durante la revolución sandinista de 1979-1990.
Mundo, como usualmente se le conoce, representó a Nicaragua en México de 1984 a 1988 luego de haber sido director de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, director de Inversiones en el ministerio de Planificación y ministro de Cooperación Externa. Se autodefine como socialdemócrata y en dos ocasiones compitió por el gobierno tras la derrota electoral del Frente Sandinista (FSLN) en 1990, pero como candidato por el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), creado en 1995 por importantes cuadros de la revolución opuestos desde entonces al autoritarismo del actual presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Las centenarias condenas a los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Pineda, mientras la pena máxima en Nicaragua son 30 años, no parece ser un buen comienzo de diálogo, cuando además lo que reina en las filas de la oposición es el escepticismo, según dan cuenta en las últimas horas millares de mensajes en las redes sociales.
El contexto que enmarca esa pregunta es que, como lo decimos en el libro El régimen de Ortega, ¿una nueva dictadura familiar en el continente?, Ortega “es un proyecto de poder por el poder, poder por el dinero y dinero por el poder”. En ese libro de finales de 2016 examinamos las causas de la crisis que estalló poco más de un año después. En ese sentido la crisis no nos sorprendió, y hablo en plural porque es un libro coral, a varias manos. Pero el momento de la crisis, desde luego, sí nos sorprendió porque era difícil anticiparla, aunque era inevitable.
Ortega enfrentó la crisis con tres modalidades: primero, reprimiendo, estableciendo un ambiente de terror totalitario, que cubre todos los aspectos de la vida nacional; segundo, ganando tiempo, para reagrupar sus fuerzas y articular un discurso (“intento golpista, con injerencia externa”) que movilizara sus disminuidas fuerzas; tercero, tratando de rehacer sus alianzas internas y externas.
Ha tenido éxito en la primera, relativo éxito en la segunda, y ha fracasado en la tercera. El tiempo que Ortega quiso ganar ha operado en su contra: se ha profundizado su aislamiento internacional, asoman más sanciones internacionales, la situación económica ha continuado deteriorándose, las cosas se han complicado para Maduro en Venezuela, y no ha logrado dividir las fuerzas que se le oponen internamente (estudiantes, sociedad civil, empresa privada, Iglesia, partidos opositores, etc.), ni ha logrado rehacer sus alianzas internacionales, excepto con Cuba, Bolivia y Venezuela.
En esas circunstancias, Ortega ha dado señales de que estaría dispuesto a acceder a la demanda de los sectores que se le oponen, para un diálogo y negociaciones conducentes a una solución pacífica de la crisis. A este respecto no se debe olvidar que nos estamos oponiendo a Ortega por una vía pacífica, no armada.
Para esa negociación Ortega se prepara reprimiendo, persiguiendo y condenando a los presos, porque desde su perspectiva se estaría armando de concesiones que iría soltando poco a poco en las negociaciones. Pero la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional están claras y unidas en que la liberación de los presos políticos y otras condiciones se deben cumplir antes de entrar a las negociaciones, y Ortega no nos va a dividir al respecto.
En su blog “El pulso de la semana” usted ha advertido, más allá de las semejanzas y diferencias entre Nicaragua y Venezuela, que la opción del diálogo no puede traducirse en un “ganar tiempo” a favor de Ortega, como ocurrió el año pasado y ha sido la experiencia de Nicolás Maduro. ¿Qué condiciones debe reunir ese diálogo, si es que está en el interés de Ortega resolver realmente la crisis nacional que pronto cumplirá un año?
El tiempo no corre a favor de Ortega, como en definitiva no corrió a favor de Maduro. Hoy Venezuela está peor y su gobierno más débil, y sus opciones de salida se han reducido. Ocupar el diálogo para ganar tiempo ha sido contraproducente, al final de cuentas, para Maduro. Y lo será para Ortega también, en parte también por la experiencia de Maduro que utilizó el diálogo para darle largas a la solución.
¿Ha debilitado o fortalecido la unidad de la oposición la respuesta represiva del gobierno ante las demandas de democratización? ¿Quiénes integran hoy el frente opositor?
La recuperación del control territorial por el terror, y la prohibición de las protestas también por el terror, no deben confundirse con fortaleza de Ortega y debilidad de la oposición. Durante la época de crecimiento económico autoritario, digamos de “esplendor orteguista”, se acumularon agravios que estallaron en la crisis de abril, pues la otra cara de ese crecimiento autoritario fue un doble proceso político: cierre de oportunidades democráticas, hasta la exclusión total de la oposición, y “orteguización” del Frente Sandinista, que significó un proceso de exclusión dentro del propio sandinismo. Esa doble exclusión política acumuló agravios en todos los sectores que estallaron en abril. La pregunta para saber si Ortega se ha fortalecido y la oposición debilitado, es ¿hay ahora más agravios acumulados? Desde luego que sí, además de los asesinados, heridos, presos y exiliados, hoy la demanda de democratización y justicia es más fuerte, y más articulada.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que se improvisó al inicio de la crisis, y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que es una convergencia más amplia, son muy representativas de organizaciones y movimientos sociales, partidos de oposición, gremios del sector privado, y estudiantes, y tienen una coincidencia programática inamovible: democracia y justicia. A partir de ahí se puede y deben abordar otros problemas, pero hay conciencia que mientras no se resuelva la democratización ningún otro problema o tema se puede abordar.
Ortega “es un proyecto de poder por el poder, poder por el dinero y dinero por el poder”.
Sin duda, la principal exigencia es la salida del poder de la pareja presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo. ¿Cree usted realmente que ellos acepten dejar el poder cuando lo que han demostrado hasta ahora es que no están dispuestos a renunciar al control del Estado, ni a sus múltiples y prósperos negocios familiares en todas las ramas de la economía?
Las circunstancias los van a forzar. No es un problema de que quieran o no, es que no hay muchas opciones. Es inconcebible, por inviabilidad, una prolongación indefinida de la situación de crisis actual. Cuando se resuelva lo de Venezuela, la atención de la comunidad internacional será mayor y eso alentará las resistencias internas que tienen su propio dinamismo. A diferencia de Venezuela no hay intereses geopolíticos de China y Rusia, ni presencia cubana, y el ejército nicaragüense es más institucional y sin los vínculos con el narcotráfico, como el venezolano. Además existe una doble preocupación subregional: primero, que las fuerzas paramilitares del orteguismo terminen articulándose con el narcotráfico y los problemas del “triángulo del Norte” se trasladen al sur, estableciéndose un corredor del crimen organizado desde Colombia (o Venezuela) hasta México; segundo, la afectación a las economías de países vecinos por la integración centroamericana.
Pese a los indicadores sombríos sobre el estado del país, en sus escritos semanales en el diario La Prensa, El País de España y también en su programa en Radio Corporación usted asegura que la crisis culminará “a la vuelta del año”. ¿En qué basa su optimismo?
Lo que creo es que este año quedarán establecidos los términos de referencia de una solución, que deben ser elecciones que satisfagan estándares democráticos. La OEA dijo en junio de 2018 que en un máximo de nueve meses se podrían organizar esas elecciones. Ya sabemos que Ortega insiste en las elecciones programadas para 2021, pero la crisis económica y el pueblo no aguantan tanto. Se deben adelantar.
A propósito del diario La Prensa, el medio impreso más antiguo e importante del país y el de mayor circulación con casi un siglo de existencia, usted fue muy amigo de Pedro Joaquín Chamorro, su director, asesinado a los 53 años por sicarios del somocismo en 1978, un año antes del triunfo del FSLN que a la vuelta de 40 años persigue hoy al hijo de Chamorro, Carlos Fernando, antiguo cuadro ideológico de la revolución y reconocido periodista como su padre, quien ha debido exiliarse en Costa Rica como otros miles de nicaragüenses para evitar ser asesinado. ¿Qué reflexión hace de este retorno de la historia como si se tratara de una pesadilla recurrente? Hay quienes se han llegado a preguntar “qué hacen los nicaragüenses para producir este tipo de dictadores”?
Todas las dictaduras de Nicaragua, que han sido frecuentes, han terminado en forma violenta. Esto ha significado que los liderazgos militares que han derrocado a las dictaduras, han derivado en diversas modalidades de caudillismo, y de ahí a la dictadura y la tiranía solamente hay un paso. Es lo que ocurrió con Ortega. Lo novedoso de la crisis actual es que se trata de resistencia o rebelión cívica, y esto significa que no habrá caudillos militares triunfantes. Al no haber caudillos militares, quiero creer que será difícil, acaso imposible, que repitamos la historia.
Esa connotación nacional y no partidaria de la lucha contra Ortega nos entrega la mejor esperanza de que, a la vuelta de Ortega, nos aguarda una paz democrática, y por tanto sostenible.
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Plantea la CIDH 5 principios para volver el diálogo
Los empresarios nicaragüenses Roberto Zamora, Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Juan B. Sacasa y José Antonio Baltodano, representantes del gran capital, se reunieron el sábado 16 de febrero con el presidente Daniel Ortega a fin de “abrir las puertas” para reanudar la negociación entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica y “trasladarle los planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional para resolver la crisis y trabajar en los objetivos democráticos”, informaron a la prensa luego del encuentro.
A diez meses del estallido social, detonado por estudiantes, más de 30 activistas universitarios y voceros del movimiento estudiantil están la cárcel para un total de más de 700 presos políticos entre pobladores, periodistas, comerciantes y campesinos.
Tras la reunión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, atenta desde un inicio a la crisis en Nicaragua, propuso cinco principios a seguir para reanudar el diálogo, a saber: 1) representatividad, es decir, incluir a los familiares de todas las víctimas (muertos, presos, exiliados de todos los sectores); 2) que haya un “equilibrio de representación” empresarial, social y eclesiástica respecto de las instituciones del Estado; 3) libertad de todos los presos políticos y devolver los bienes confiscados a los medios de comunicación; 4) restituir la personería jurídica a organizaciones, y dejar sin efecto los decretos de la Policía Nacional que prohíben manifestaciones, y 5) un compromiso público previo de que los acuerdos asumidos en el diálogo serán efectivamente cumplidos por todas las partes, con presencia de veedores internacionales.
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