En los últimos días, la reducción en la asignación presupuestal y las modificaciones al Programa Federal de Estancias Infantiles generaron una gran discusión, y hasta podría decirse un debate nacional, lo cual sería de aplaudirse, solo que prevaleció la descalificación y las visiones maniqueistas de quienes opinan que todo lo que hace el actual gobierno está bien o la de quienes piensan que todo lo que realiza está mal. Así, los extremos se tocan.
El problema que existe, y es real, es que las madres trabajadoras deben contar con un lugar, un sitio seguro en donde dejar a sus hijos de entre uno y cuatro años, mientras cumplen su jornada laboral. El programa que nos ocupa se diseñó para que terceros particulares establecieran estas estancias infantiles y recibirían un pago, una contraprestación por infante, a cargo del presupuesto federal.
La justificación para cancelar o modificar en su caso este programa es que se detectaron casos de corrupción y, por tanto, además de reducir los montos asignados, ese apoyo se entregaría a las familias, para que fueran estas las que escogieran el sitio en donde cuidarían a sus hijos. Y ardió Troya, cuando de buena fe, el secretario de Hacienda se pronunció por que los abuelos de los niños podrían cuidarlos.
El tema no puede, no debe ser minimizado. Si existieron casos de corrupción, malversación o desvió de recursos públicos, la denuncia debe terminar en carpetas de investigación en contra de los presuntos responsables, los cuales deben ser sancionados administrativamente o penalmente.
Nunca debe perderse de vista que los beneficiarios de esta política pública son nuestros niños.
La propuesta de modificación del programa debiera repensarse y reflexionarse nuevamente, porque los montos que se proporcionarán a las familias parecen irrisorios; y porque no todos los abuelos tienen la disposición de ánimo para hacerlo o carecen de condiciones o de salud para realizarlo, pero sobre todo se debe pensar en el bien de la niños que necesitan espacios físicos, instalaciones y personas especializadas para estimular su desarrollo.
Se debe tener presente o recordar que se destinaron en los inicios del programa recursos fiscales para construir o adecuar los sitios donde funcionarían estos y que dichos lugares deben contar con personal especializado, como: educadores, nutriólogos, psicólogos y otros. Que no es solo un lugar donde “guardar” a los niños, estos, deben ejercitar sus habilidades psicomotrices, son en los hechos el primer hábitat donde establecerán convivencia con sus congéneres, en donde recibirán y reforzaran los hábitos de limpieza, nutrición y en donde aprenderán, en resumen, a competir en sociedad.
Lo que está en juego, y parecen no entenderlo, ni tirios, ni troyanos, es el futuro de estas nuevas generaciones de mexicanos. Por tal razón, no es posible que nos enzarcemos en una discusión estéril o la imposición de criterios unilaterales. El tema debe resolverse y además es urgente, no hay tiempo.
Pudiera encontrase una salida provisional basada en la supervisión y revisión estricta de las estancias autorizadas. Y con la evaluación de su funcionamiento, diseñar un nuevo modelo de prestación del servicio. Nunca debe perderse de vista que los beneficiarios de esta política pública son nuestros niños.