Entrevista a Claudia Anaya | Senadora por Zacatecas

 

Fiel a su costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a generar polémica al señalar a un nuevo enemigo. Ahora se trata de los exfuncionarios públicos que laboran en el sector privado luego de su paso por el gobierno.

En el marco del anuncio de un programa de rescate para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron señalados Felipe Calderón Hinojosa, Jesús Reyes Heroles, José María Córdoba Montoya, Jordi Herrera Flores, Georgina Kessel, Carlos Ruiz Sacristán, Alfredo Elías Ayub, Luis Téllez y Alejandro Kaufman. Más tarde, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, agregaría a la lista el nombre de Pedro Aspe Armella.

Esto motivó que el presidente anunciara la presentación de una iniciativa en la que propone prohibir la contratación de cualquier exfuncionario por un lapso de 10 años, no de un año como está contemplado en la legislación actual.

 

Implicaciones políticas

Para la senadora por Zacatecas Claudia Anaya, son varios los aspectos a revisar en un tema que parte solo de las declaraciones del presidente.

“La ley limita a un año para pasarse al sector privado, son muchas las aristas que hay que tomar en cuenta. Primero, el tema de contar con información que perjudique al Estado o dé ventaja a las empresas, eso ya está en la ley; en cuanto a la temporalidad, me parece excesiva, tal vez a muchos integrantes del actual gabinete terminando este sexenio ya no les interese, y ante esta pregunta, habría que ver qué piensa la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de no poder trabajar en un cargo de administración en alguna empresa privada”.

Algo acerca de lo que mostró preocupación es que la discusión no se lleve a cabo con base en una iniciativa presentada.

“No ha dado pormenores al respecto, entendí que iba a sacar una ley federal de austeridad republicana y en ella iba a incluir las ideas que ha hecho públicas; en la actualidad la restricción de no ser contratados durante un año está en la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, hay que aclarar que dicha ley no contempla a los servidores públicos como sector, sino que se refiere a los que tengan en su poder información valiosa que pudiera crear una situación de desventaja para el gobierno frente a las empresas, en particular por el cargo específico que se tuvo y por poseer este tipo de información”.

Abundando en este tema, agregó que una posibilidad es que se modifique el artículo 72 de la Constitución.

“Podría ser una modificación al artículo 72 de la Constitución, porque este artículo habla de la temporalidad y de la situación específica del cargo; no estoy de acuerdo con que sea por ramos, por ejemplo, en la Secretaría de Energía hay gente que trabaja, pero que durante su encargo no maneja información privilegiada que le dé una ventaja competitiva al sector privado, pero trabajó ahí y ya por eso no podrían trabajar en otro lugar, no todos los cargos dentro de las dependencias son iguales, no todos manejan la misma información, no todos tienen la misma responsabilidad, hay distintos niveles de responsabilidad, hay jerarquías, entonces no se puede enmarcar por sector”.

 

 

Obstáculos a la iniciativa

La senadora también se refirió a los obstáculos que enfrentaría una iniciativa de este tipo en el ámbito legislativo.

“Salvo que esperamos conocer la propuesta específica que el presidente va a presentar, tenemos los artículos 5 y 123 de la Constitución, que garantizan contar con un trabajo honrado, la posibilidad de dedicarse a cualquier profesión u oficio siempre y cuando sea lícito, entonces, en ese sentido, una restricción que no provoque una situación de ilicitud contravendría la Constitución; el artículo 123 protege este derecho al trabajo que con la propuesta encontraría obstáculos para salir adelante”.

De igual manera, comentó para Siempre!, existen otros señalamientos en la ley que se deben considerar.

“No hay una iniciativa, solo hay comentarios al respecto. Una persona que trabaja en el sector público debería tener el derecho y la oportunidad de incorporarse a la iniciativa privada, la Constitución se lo da, además de preguntarnos de qué viviría un servidor público honrado después de salir del sector público, cual sería su medio de ingreso si se le cierra esta posibilidad. El presidente habló sobre qué le diría a los funcionarios que hicieran su ronchita, su guardadito, qué significa esto, hay muchas cosas que tal vez el presidente dice con muy buena fe, pero que se podrían malinterpretar, tal vez un funcionario pudiera pensar que va a ser el último trabajo en años: deja hacer mi guardadito y ver de donde agarro”.

Claudia Anaya defendió, también, a los servidores públicos a quienes se les niega el derecho a continuar con su carrera en el sector privado.

“Como no hay iniciativa, no podemos conocer los alcances a los que se refiere, solo es posible expresar que nos parece desproporcionado en cuanto a la temporalidad, 10 años es demasiado tiempo para un servidor público que cumple con su responsabilidad de manera honorable, decente, que vive de su sueldo y terminando su función en el sector público tiene que encontrar otra actividad lícita en donde laboral y es la iniciativa privada la que ofrece estos espacios”.

Por último, expresó que este tipo de iniciativa, a pesar de la buena fe con la que pueda ser expresada, puede resultar contraproducente.

“Son miles los burócratas que han pasado del sector público al privado; en efecto están dando 10 nombres de quienes ya han salido a defenderse del daño moral porque se les está vinculando con base en afirmaciones, no en un proceso, en actos presuntamente ilegales; no en una demanda, no hay pruebas o documentación que los vincule de manera directa a un ilícito. El presidente afirma que es incorrecto desde el punto de vista moral, él lo quiere convertir en ilegal o lo quiere reglamentar y, en ese sentido, se va a perjudicar a muchas personas, veo que después de sus declaraciones vienen posiciones muy radicales a favor o en contra y eso, lejos de generar un afán de construir juntos por un mejor país, lo que hace es distanciarnos, pues mucha gente resulta agraviada o lastimada por algo que no pasa de declaraciones, que no se canaliza a denuncias, investigaciones o procesos judiciales específicos; entonces, hasta que se presente la iniciativa se podrá hacer una valoración específica y jurídica de su viabilidad;  mi comentario es meramente político: apelar a la prudencia y a la mesura”.

@AReyesVigueras