Pese a ser designados como la mano derecha del Ejecutivo en los estados, la mayoría de los llamados superdelegados han mantenido un bajo perfil, no tienen poder real de maniobra sobre los recursos federales que llegan a las entidades, han sido desplazados por los nombramientos directos que hace cada secretaría de Estado o, en el mejor de los casos, se convierten en acérrimos críticos locales.

La principal función de los superdelegados que el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló en los 32 estados de la república era que vigilaran los apoyos sociales, por ello a principio de su gobierno estableció los 100 primeros días como límite para iniciar la distribución de los recursos.

A principios de diciembre, en una reunión privada, los 32 coordinadores estatales del gobierno federal con el presidente López Obrador recibieron la instrucción de cuidar la dispersión de los recursos públicos y terminar el censo a más tardar en marzo.

No obstante, ha llegado a oídos del presidente que los supedelegados no están cumpliendo con sus funciones.

Entonces, como el plazo para comenzar con la entrega de los apoyos está próximo a llegar, López Obrador convocó a una reunión urgente con los coordinadores en Palacio Nacional; oficialmente se dio a conocer que el motivo del encuentro era para evaluar el avance de la labor de los superdelegados.

Pero la realidad es que había otro tema en la mesa, uno más álgido y que preocupa personalmente al presidente: el respeto de la austeridad y evitar la burocratización, pues en el ámbito federal se está haciendo un gran esfuerzo para ahorrar el mayor número posible de recursos.

De acuerdo con versiones periodísticas y de fuentes consultadas, en casi todos los estados los censos no llegan ni a 40 por ciento de avance, las razones son varias, pero coinciden en los siguientes puntos:

 

Parece que no hubo una planeación estratégica y el nombramiento de los superdelegados y sus funciones se trató de un simple planteamiento general, lo cual provoca que no se tenga rumbo ni claridad.

 

1.- Las personas que están realizando los censos cuentan con celulares muy traqueteados, con poca memoria y baja calidad.

2.- Las pésimas condiciones laborales, a pesar de que el sueldo es bajísimo, a los trabajadores que están realizando el censo no les dan ni un día de descanso a la semana y las jornadas son de alrededor de 10 horas.

Pero algunos superdelegados recibieron regaños especiales, como el de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pues el propio Andrés Manuel tuvo que pedirle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que le entre al quite y le eche una manita para concluir el censo, ya que es uno de los más atrasados.

En Tlaxcala, el nombramiento de la superdelegada fue polémico, ya que se trata de la excandidata a la gubernatura por el PRD: Lorena Cuéllar Cisneros.

Una vez que fue nombrada, comenzó a hacer señalamientos directos y ha dejado entrever una actitud revanchista con el actual gobernador, con el que hasta el momento solo se ha reunido un par de ocasiones.

Lo mismo sucede en Guerrero con Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, quien ha sido acusado por el mandatario Héctor Astudillo de ser “promotor del odio y del rencor”.

Y en Puebla, el escenario es incluso más complicado con Rodrigo Abdala Dartigues, pues su coordinador ha sido acusado de ser el operador político de Manuel Bartlett.

Ante este escenario, tal parece que no hubo una planeación estratégica y el nombramiento de los superdelegados y sus funciones se trató de un simple planteamiento general, lo cual provoca que no se tenga rumbo ni claridad de hacia dónde se va, en síntesis: un experimento frustrado.