¡VIVA LA DISCREPANCIA!
El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está dando señales positivas en torno al muy importante tema de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Esto permite avizorar un futuro distinto al desastre nacional causado por las complicidades, negligencias y estrategias fallidas de las administraciones de Calderón y Peña Nieto.
El giro estratégico dio inicio el 1 de diciembre con la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Determinación seminal que fue secundada con la conminación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a nuestros embajadores y cónsules en el sentido de que no acojan más la “verdad histórica” urdida por el gobierno de Peña Nieto y que difundan la tesis de que aún no hay verdad objetiva alguna, pues ello será fruto del desempeño de este relevante órgano sui generis.
Semanas después, el mismo servidor público puso en marcha la Estrategia Nacional de Personas Desaparecidas. Su objetivo estratégico es, ni más ni menos, encarar el trágico e inadmisible escenario conformado por más 40 mil personas desaparecidas, más de mil fosas clandestinas, más de 26 mil cuerpos sin identificar.
Más tarde, la dependencia en cita puso en marcha la llamada Mesa de Reconciliación Nacional y de Justicia, cuya misión es analizar los expedientes de las más de 300 personas que fueron perseguidas y procesadas debido a motivos eminentemente políticos. Por lo pronto, varios maestros miembros de la CNTE que fueron falsamente acusados de haber secuestrado a una sobrina del empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, ahora gozan merecidamente de la libertad incondicional. Lo mismo habrá de suceder en breve con seis indígenas oriundos de San Pedro Tlanixco, Estado de México, sobre quienes pesa una condena de 50 años de cárcel que no es sino un aberrante y abominable fruto de prejuicios absolutamente racistas y discriminatorios.
A esa cadena de cambios plausibles acaba de añadirse un eslabón más. En días pasados la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas llevó a cabo la presentación del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado. Centrada en la denominada “guerra sucia” de las décadas de los setenta y ochenta, esta significativa acción gubernamental fue estructurada a partir de la idea nuclear de que la persecución militar y policiaca desplegada por el gobierno a lo largo de esos años “obedeció a un patrón regular y preconcebido; se trató de una política de Estado, una política de represión e incluso de exterminio”. Entre otras medidas de satisfacción, se instaurará el Día Nacional para recordar a las Víctimas de la Guerra Sucia.
No existe argumento alguno que pueda justificar un probable fracaso en un asunto tan decisivo para el presente y el futuro de nuestra nación.
La formidable dinámica en comento será coronada con la entrada en vigor del Plan Nacional de Derechos Humanos. La meta de metas de este instrumento rector no puede ser otra que poner fin a la simulación para enfrentar la crisis humanitaria que vive el país, así como lograr que todas las autoridades den cumplimiento pleno e íntegro a la obligación constitucional e internacional de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales.
Sin embargo, nada de lo anterior producirá los resultados que se esperan si no existe un reconocimiento oficial de que la violación a los derechos humanos es estructural, sistémica, generalizada y de larga data. Tampoco habrá cambio significativo alguno si, alcanzada la verdad sobre las atrocidades que han agraviado la conciencia nacional, no se lleva a los responsables ante la justicia o no se garantiza la no repetición de los hechos.
Sin duda, un gran desafío en materia de derechos humanos gravita sobre la presente administración. No existe argumento alguno que pueda justificar un probable fracaso en un asunto tan decisivo para el presente y el futuro de nuestra nación.